La policía se despliega en Irán y Bahréin para impedir protestas opositoras

Un enorme despliegue policial ha impedido esta tarde que los manifestantes alcanzaran la antigua glorieta de la Perla, en Manama. Los opositores de Bahréin habían convocado la marcha para conmemorar el primer aniversario de las protestas por democracia en esa pequeña isla Estado. Pero los antidisturbios han repelido con gases lacrimógenos y balas de goma cualquier intento de aproximación a la simbólica plaza. De igual modo, en Teherán, la fuerte presencia de fuerzas de seguridad hizo imposible que los simpatizantes del Movimiento Verde respondieran al llamamiento a manifestarse a favor de la puesta en libertad de sus líderes.

Grupos de decenas de personas, en su mayoría jóvenes, se han manifestado en las localidades de la periferia de Manama ante la imposibilidad de alcanzar la capital, según los activistas. Desde la madrugada, todas las carreteras de acceso permanecían cortadas y vehículos blindados patrullaban las principales arterias de la capital después de que la noche anterior grupos de jóvenes se enfrentaran a la policía en Sanabis, Sitra y otras poblaciones eminentemente chiíes. Un comunicado oficial responsabilizó esta mañana al principal grupo de la oposición, Wefaq, de los incidentes por no haber controlado la manifestación autorizada. Mientras tanto, Bahréin ha detenido a los activistas de derechos humanos Nabil Rajab y Naji Fatil por participar en las manifestaciones de apoyo a la democracia, según ha informado la Asociación de Jóvenes de Bahréin por los Derechos Humanos, que pide su inmediata liberación.

Hace un año, inspirados por las revueltas de Túnez y Egipto, varias asociaciones políticas de Bahréin (los partidos están prohibidos) lanzaron un movimiento para pedir reformas democráticas. Aunque inicialmente entre ellos había también suníes, sobre todo liberales que llevaban tiempo presionando para acelerar los cambios, el grueso de los manifestantes era chií (y hoy lo es casi en exclusiva). Esa comunidad, que suma dos tercios de los 750.000 bahreiníes, se quejaba además de discriminación en los servicios y los empleos públicos por parte la minoría suní, a la que pertenecen los Al Khalifa, la dinastía reinante desde que se fueron los británicos en 1971.

La muerte por disparos de la policía de dos manifestantes hizo quelos activistas trasladaran su protesta a la glorieta de la Perla, de donde la policía les desalojó sin contemplaciones. Esa reacción no sólo incrementó su empeño, sino que atrajo la atención internacional y terminó por radicalizar el movimiento. Cuando tres días después, los antidisturbios se retiraron, la pequeña acampada inicial se convirtió en una demostración de fuerza. Los grupos más extremistas se hicieron con el liderazgo y los eslóganes a favor de la reforma se transformaron en llamamientos al cambio de régimen.

Cuando un grupo bloqueó el acceso al distrito financiero, el rey Hamad volvió a ordenar el desalojo de la Perla, aceptó el apoyo de tropas saudíes y declaró el estado de emergencia. También decidió la destrucción del monumento que se había convertido en el símbolo de la protesta. Pero con él no desapareció el malestar popular y el país empezó a pagar el precio de la inestabilidad y de la mala imagen. A la caída del turismo y los negocios, se sumó la cancelación del campeonato de Fórmula 1.

El monarca, que en 2002 otorgó una Constitución, pero se reservó el poder Ejecutivo y control sobre el Legislativo, ha tratado desde entonces de recomponer la relación con sus súbditos. A principios de junio levantó el estado de emergencia e hizo un llamamiento al diálogo. Poco después designó una Comisión Independiente de Investigación, con participación de varias prominentes figuras extranjeras, cuyas recomendaciones ha aplicado selectivamente. Pero todos sus esfuerzos han chocado con la desconfianza de la oposición, que reclama una representación proporcional en el Parlamento y que éste tenga el derecho de elegir al Gobierno, y denuncia que sigue el acoso a los disidentes.

De hecho, Amnistía Internacional difundió ayer un informe en el que afirma que al menos una veintena de personas han muerto desde el pasado marzo “en el marco de las continuas protestas y el excesivo uso de la fuerza por parte de la policía”. Grupos locales elevan esa cifra a 30. Entre febrero y marzo, en el auge de la protesta, se registraron 35 muertos (30 civiles y 5 policías), según la Comisión de Investigación.

Significativamente, el Gobierno de Teherán que a diario expresa su solidaridad con los opositores de Bahréin ha vuelto a impedir las manifestaciones reformistas en sus calles. Coincidiendo con el aniversario de su última movilización, el comité coordinador del Movimiento Verde había convocado una marcha por el centro de la capital iraní para pedir la puesta en libertad de sus dirigentes. Hoy hace un año, Mir-Hosein Musaví y Mehdi Karrubí (candidatos derrotados por Mahmud Ahmadineyad en las polémicas elecciones presidenciales de 2009) llamaron a manifestarse en apoyo de las revueltas árabes. Desde entonces, las autoridades les mantienen confinados sin contacto con el exterior y sin que se conozca su paradero.

“La plaza de Azadí se encuentra rodeada por agentes de seguridad y su número, al igual que el de ciudadanos, aumenta por momentos”, informa la web reformista Kaleme. De acuerdo con la misma fuente, “ha habido un pequeño enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y la gente en la calle Enghelab”. La ausencia de periodistas independientes en Irán dificulta verificar esa información.