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ANÁLISIS

Todos cómplices

La enorme columna de fuego sobre el penal de Comayagua ha vuelto a poner a Honduras en el mapa, un país gobernado por una decena de familias con dinero y sin conciencia

No hay de qué extrañarse. En Honduras siempre mandan los mismos y mueren los mismos. En esta ocasión, la única diferencia es que, en vez de poco a poco, murieron todos de una vez, 355 presos, pisoteados, asfixiados, carbonizados, muchos de ellos sin acusación y sin condena, por supuesto sin escapatoria. No faltarán quienes digan que solo fue un desgraciado accidente. Y quienes –tal vez no en público— se atrevan a comentar que, al fin y al cabo, se trataba de malhechores. Dentro de unas horas, el mundo volverá a sus cosas y Honduras a las suyas, que son las de siempre: un país de ocho millones de habitantes –el segundo más pobre de América después de Haití- gobernado a su antojo por una decena de familias con dinero y sin conciencia.

Hubo, sin embargo, un momento en que las cosas del mundo y las de Honduras fueron las mismas. Un momento que empezó el 28 de junio de 2009, la mañana en que el presidente Manuel Zelaya fue secuestrado por un comando militar y expulsado del país en pijama, y que terminó el 27 de enero de 2010, cuando –en el transcurso de una ceremonia delirante— el actual presidente, Porfirio Lobo, tomó posesión de su cargo y pasó revista a las tropas junto al general golpista vestido de gala. Durante aquellos siete meses se perpetró sobre Honduras un bombardeo diplomático jamás visto hacia un país tan pequeño. De una parte, la Organización de Estados Americanos –con su presidente José Miguel Insulza a la cabeza-, la Unión Europea y los Estados Unidos. De otra, los países del ALBA bajo la tutela de Hugo Chávez y Daniel Ortega. Unos y otros se enzarzaron en una discusión tan estéril sobre si la razón la tenía Zelaya o los golpistas que, como suele suceder, se olvidaron de los verdaderos problemas, de la gente. Tan preocupados estaban yendo de un hotel a otro, de un avión a otro, de una discusión legal a otra, que se les terminó el tiempo, validaron con la toma de posesión de Lobo un golpe de Estado perfecto, y se fueron de allí maldiciendo el día en que decidieron discutir sobre el sexo de los ángeles bajo el calor del trópico. Juraron no volver. Y no volvieron.

 A Washington, Caracas y Bruselas siguieron llegando noticias de la extrema pobreza, de la violencia terrible, de la corrupción de policías y jueces bajo el mandato de Porfirio Lobo, de los asesinatos crecientes de periodistas y de activistas de derechos humanos. Pero la respuesta fue el silencio. Las decenas de diplomáticos y altos funcionarios que visitaron Honduras durante aquellos siete meses interminables sabían quién era Lobo -terrateniente de Olancho, uno de los mayores agricultores del país, formado en EE UU, padre de 11 hijos, cristiano ferviente y partidario de la pena de muerte- y sus posibilidades reales de encauzar un país que, por si fuera poco, se estaba convirtiendo en el portaaviones de la droga. Ahora, la enorme columna de fuego sobre el penal de Comayagua ha vuelto a poner a Honduras en el mapa. El 28 de junio de 2009, aquella mañana en que Zelaya fue sacado del país en pijama, la comunidad internacional aún pudo alegar desconocimiento. Ya no.