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El Parlamento británico censura la gestión de Murdoch en los medios

Una comisión declara que el magnate "no está en condiciones de dirigir una gran empresa internacional" El magnate "cerró los ojos" ante el escándalo de las escuchas La decisión debilita la oferta de Murdoch para hacerse con la cadena BSkyB

Rupert Murdoch, durante su declaración en la comisión Leveson el pasado jueves.
Rupert Murdoch, durante su declaración en la comisión Leveson el pasado jueves. REUTERS TV (Reuters)

Al Capone cayó por un delito fiscal. Al magnate Rupert Murdoch, que está desde julio al borde del precipicio, puede darle el empujón hacia el abismo una de esas comisiones parlamentarias destinadas a pasar inadvertidas: la de Cultura, Medios y Deportes. Esa inocua comisión ha dictaminado que el magnate australiano “no está en condiciones de administrar una gran compañía internacional”, un torpedo en la línea de flotación de News Corporation, el conglomerado mediático de Murdoch, y un sonoro cachete en la mejilla del primer ministro británico, David Cameron, que tiene a un ministro en el limbo político por su cercanía a Murdoch.

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La citada comisión ha investigado durante nueve meses el escándalo de las escuchas ilegales que en julio de 2011 forzó el cierre del tabloide dominical News of The World. Hoy ha publicado sus conclusiones, que incluyen una referencia asesina hacia Murdoch: “Basándose en los hechos y evidencias presentadas ante este comité, concluimos que, si en los momentos adecuados Rupert Murdoch no dio los pasos necesarios para estar plenamente informado sobre las escuchas telefónicas, es porque cerró los ojos y mostró una ceguera voluntaria sobre lo que pasaba en sus compañías y publicaciones”.

Y añade: “Esa cultura, entendemos, filtrada desde la cúpula al resto de la organización, lo dice todo sobre la falta de efectividad corporativa en el gobierno de News Corporation y News International. Concluimos, en consecuencia, que Rupert Murdoch no es una persona en condiciones de ejercer la administración de una gran compañía internacional”.

El único consuelo para Murdoch es que el dictamen parlamentario no tiene valor jurídico y que es, por encima de todo, una conclusión adoptada con un prisma político. Los diputados conservadores que forman parte de la comisión la han rechazado y solo ha podido ser aprobada con los votos a favor de los cinco laboristas y el liberaldemócrata que completan el comité.

Pese a esa laguna partidaria y a esa falta de valor jurídico, la conclusión puede ser un golpe mortal para Rupert Murdoch, porque en estos momentos el regulador de las telecomunicaciones, Ofcom, tiene abierta una investigación para dilucidar si News International, filial de News Corp, “está en condiciones” de gestionar el gigante televisivo BSkyB, del que posee un 40% y aspiraba a adquirir en su totalidad cuando el escándalo de las escuchas alcanzó el verano pasado su máxima virulencia y le obligó a renunciar a la compra.

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Un problema para Cameron

El brutal rapapolvo parlamentario a Rupert Murdoch no es solo un problema para el magnate australiano, sino un serio contratiempo para el primer ministro, David Cameron, en vísperas de las importantes elecciones locales del próximo jueves.

Los conservadores pueden tener muy buenas razones para pensar que las conclusiones más duras del informe son una maniobra política de los laboristas, que las han sacado adelante con el apoyo de un liberal-demócrata y el voto en contra de los representantes conservadores en la Comisión de Cultura, Medios y Deportes de los Comunes. Pero los votantes pueden pensar a su vez que la posición de los tories también es política.

Desde hace unos meses, la cercanía de David Cameron a los Murdoch y a la ex consejera delegada de News International, Rebekah Brooks, se ha convertido en un problema para el primer ministro. Un problema que se ha multiplicado en los últimos días al trascender los múltiples contactos con News International de los ayudantes del ministro de Cultura, Jeremy Hunt, el hombre que tenía que decidir la autorización de la compra del 100% de la cadena de televisión por satélite BSkyB por la empresa de Murdoch.

Esos contactos han provocado ya la dimisión de un asesor de Hunt, pero el propio ministro sigue en el ojo del huracán de los medios por sus contactos con los asesores de Murdoch acerca de esa operación. Se da la circunstancia de que Hunt asumió la responsabilidad de decidir sobre la operación de BSkyB porque el ministro de Empresas, Vincent Cable, tuvo que renunciar a ello después de que unos periodistas camuflados de estudiantes le grabaran unas declaraciones contra Murdoch que se consideraron impropias de alguien que tenía que tomar una decisión imparcial sobre los intereses del magnate.

Ofcom puede acabar apoyándose en las conclusiones de la Comisión de Cultura de los Comunes para obligar a Murdoch a vender su participación en BSkyB, lo que a su vez originaría un terremoto en News Corporation que no solo confirmaría lo que ya se sabe —que su hijo James no le sucederá al frente de la firma— sino que pondría en peligro el papel de los Murdoch en la compañía que ellos fundaron y podría provocar la venta de sus otros intereses en Reino Unido, como los periódicos The Sun, The Times y The Sunday Times.

Si el citado párrafo puede ser fruto de los intereses de los partidos políticos, el informe contiene muchos otros torpedos en forma de conclusiones que sí han sido aceptadas por todos los miembros de la comisión. Por ejemplo, concluye que “el comportamiento de News International y de algunos testigos” en sus comparecencias demuestra “un desprecio descarado” hacia la comisión.

No acusa a los Murdoch de mentir en sus comparecencias parlamentarias, pero considera “apenas creíble” que Rupert olvidara cuándo supo por primera vez que las escuchas ilegales eran un asunto generalizado en el News of The World y no cosa de “un par de elementos descontrolados” como durante años sostuvo la empresa. Y acusa a James de “una asombrosa falta de curiosidad” sobre el fondo del escándalo.

Más grave aún. En una declaración que acompaña al informe final, los diputados parecen acusar de desacato hacia el Parlamento al conjunto de gestores de la empresa: “Corporativamente, News of The World y News International engañaron a la comisión acerca de la verdadera naturaleza y extensión de las investigaciones internas que aseguran que llevaron a cabo en relación a las escuchas telefónicas”. “Al dejar de investigar de forma adecuada y al ignorar las pruebas de mala conducta generalizada, News International y su matriz News Corp mostraron una ceguera voluntaria por la que los directores de la compañía —incluidos Rupert Murdoch y James— deberían al final asumir responsabilidades”.

Y acusan directamente a tres altos cargos. Según el informe, la mano derecha de Murdoch y durante años consejero delegado de News International, Les Hinton, fue “cómplice” del encubrimiento de las escuchas ilegales. Y el exdirector Colin Myler y el exasesor legal del diario Tom Crone ocultaron deliberadamente información a la comisión parlamentaria, una acusación que puede abrir las puertas a una investigación policial.

El informe ahora publicado es solo uno de los varios que hay en marcha sobre el escándalo del News of The World, el tabloide que durante años pinchó los buzones de los móviles de cientos de políticos, personajes famosos y miembros de la familia real. Aunque el diario The Guardian llevaba años denunciándolo, solo se convirtió en un escándalo público cuando en julio pasado se supo que entre los teléfonos pinchados estaba el de Milly Dowler, una joven que había desaparecido en marzo de 2002 y que ya había sido asesinada cuando ocurrieron las escuchas de los mensajes de voz de su móvil.

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