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Un servicio de empleo poco público

Las oficinas supervisan el régimen de prestaciones y derivan la búsqueda de empleo a empresas privadas Reino Unido tiene la segunda peor tasa de paro juvenil del G-8, con un 22%

El servicio de empleo de Reino Unido está muy privatizado, con unas oficinas que supervisan el régimen de prestaciones durante 12 meses mientras la gente está sin trabajo. Si el Estado no encuentra ningún puesto para un desempleado, lo pone en manos de empresas privadas que dedican un año a tratar de convencer a esa persona para que busque empleo.

Si no lo consiguen, la persona tiene que hacer obligatoriamente seis meses de trabajo comunitario a cambio de la prestación, una política importada de Estados Unidos, donde se la conoce como workfare.

Cuando el nuevo Gobierno de coalición tomó posesión, una de sus primeras medidas fue eliminar el programa de empleo juvenil de los laboristas, con lo que, según dijeron, ahorraban al contribuyente británico 1.300 millones de libras (1.600 millones de euros).

Una de las primeras medidas del Gobierno de Cameron fue la eliminación del programa de empleo juvenil

Dos años más tarde, con un paro juvenil del 22% --el segundo más elevado del G-8-- y con uno de cada 10 chicos entre 15 y 19 años oficialmente sin estar estudiando, trabajando o en formación (lo que en inglés llaman Neets, No education, employment nor training), el Gobierno anunció su "contrato juvenil", un programa de mil millones de libras.

Alarmados por el hecho de que el paro juvenil hubiera superado el millón de personas, los ministros retiraron discretamente su oposición a interferir con los mercados y trataron de intervenir para crear empleo. El Gobierno no quería "perder una generación".

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En el centro del "contrato juvenil" está una concesión de 370 millones de libras a la empresa. Las compañías privadas cobrarán 2.275 libras por cada puesto de trabajo creado para un joven que haya cobrado la prestación de desempleo durante un mínimo de nueve meses.

Asimismo habrá dinero para la experiencia laboral y para pagar a personal extra con el fin de que los jóvenes en paro puedan ver a un asesor de empleo una vez a la semana en vez de cada 15 días. Ser joven y parado significa vivir con 56 libras a la semana, por lo que cualquier ayuda será bien recibida.

No obstante, muchos se muestran escépticos sobre la eficacia de estas medidas. El Gobierno ha recortado el número de trabajadores en las oficinas de empleo, de 45.000 hace dos años a 35.000 en la actualidad. El contrato juvenil, que aspira a contratar a otros 4.000 asesores, es un reconocimiento tardío de que recortar el personal de las oficinas durante una recesión fue una pésima idea.

Existe la preocupación de que el dinero destinado a crear empleo no sea suficiente. Con los laboristas, el subsidio ascendía a 6.000 libras anuales, más del doble de lo que ofrece el contrato juvenil. La suma destinada a las prácticas de aprendizaje también es pequeña: unas ayudas de solo 1.500 libras.

Además ha habido cierta controversia por los programas de "experiencia laboral" no remunerada, muchos de los cuales proporcionan una experiencia cuestionable y, en la práctica, mejoran poco las perspectivas y las oportunidades laborales de los jóvenes a los que se supone que debe ayudar. En el pasado se ha visto que a los jóvenes que se han negado a participar en esos programas se les han recortado prestaciones, pero los expertos dicen que la experiencia laboral no ha funcionado.

Según el influyente think-tank Inclusion, «El programa de experiencia laboral para los jóvenes no ha contribuido nada a la velocidad con la que los jóvenes dejan la prestación de desempleo y quizá incluso les ha empujado a pasar más tiempo cobrándola que si no lo hubieran tenido.

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