La abrumadora superioridad de un presidente indígena

El poder ha cambiado de cara en Bolivia en un proceso irreversible en los últimos años. Sin embargo, cunde la percepción de que el presidente Evo Morales no cumple sus promesas

Indígenas participan en el Día de Lucha Contra el Racismo, en La Paz. / Martin Alipaz (EFE)

“Evo ha levantado la cabeza a una generación perdida. Yo trabajaba en una ONG en San Ignacio de Moxos tratando de despertar conciencias. Durante décadas, los partidos tradicionales se repartieron el poder, y solo gobernaban las familias de la élite. Ahora, la mayoría de ministros y viceministros procede de organizaciones sociales”. Germán Huanca es un economista boliviano formado en Estados Unidos, con amplia experiencia en el mundo rural, en la Administración y la docencia. Conoce desde dentro el Gobierno de Evo Morales, para el que ha trabajado en diferentes departamentos. Seis años después de la llegada al poder del primer presidente indígena (aymara) en la historia de Bolivia, Germán Huanca reconoce que varias de las expectativas de aquel acontecimiento histórico se han desvanecido. Pero, al mismo tiempo, opina que el camino recorrido en estos seis años es irreversible.

“Las organizaciones no gubernamentales (ONG) concentraron su trabajo en el movimiento indígena y campesino. Los cocaleros tenían la estructura organizativa más poderosa y a la cabeza había estado Evo Morales”. El apoyo popular al líder emergente que hablaba en nombre de los marginados durante siglos dio el primer revolcón en las urnas en 2005, con el triunfo del candidato Evo con el 53,7% de los votos. La victoria se amplificó al 64,22% en los comicios de 2009. El Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del presidente, tiene el control absoluto del Parlamento y de la inmensa mayoría de los gobiernos departamentales.

Esta superioridad abrumadora ha permitido a Evo Morales poner en marcha un proceso de transformación inédito, que arrancó con una Asamblea Constituyente, en la que participaron más de un millar de representantes de todos los sectores políticos y sociales, y de la que surgió la nueva Constitución. El poder ha cambiado de cara. En todas las instituciones públicas ha aumentado la presencia de aymaras, quechuas y bolivianos de otras comunidades indígenas. La diversidad del país andino está ahora certificada en la Carta Magna, que declara el Estado plurinacional de Bolivia.

La nacionalización de los hidrocarburos, la decisión de mayor trascendencia, ha permitido sanear las arcas del Estado, que tiene recursos para programas sociales de erradicación de la extrema pobreza y, al mismo tiempo, ha aumentado las reservas internacionales.

Entonces, ¿por qué hay desencanto? “Surge a partir de la percepción de que el Gobierno no cumple lo que promete”, dice Germán Huanca. “Ocurre con la nueva Constitución, está muy bien pero no se aplica. Y así tenemos el deterioro del medio ambiente por el impacto de la minería descontrolada, el aumento de la inseguridad ciudadana en Santa Cruz…”

La nueva Constitución establece que “los indígenas tienen derecho a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”. El Gobierno no preguntó a los afectados sobre el proyecto de una carretera de 306 kilómetros en la Amazonía boliviana, que atravesaría el llamado Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Una reserva protegida de 1,2 millones de hectáreas, en la que viven numerosas comunidades indígenas. La reacción de las autoridades de convocar una consulta llegó tarde, cuando estaba en marcha un movimiento de protesta contra el Gobierno, con la novena marcha indígena, que encabezan destacados dirigentes sociales y antiguos colaboradores de Evo Morales.

Las voces críticas acusan al Ejecutivo y al propio presidente de autoritarismo y arrogancia, al tiempo que los conflictos y protestas en diversos sectores –trabajadores, médicos, estudiantes, policías-, han aumentado de manera alarmante. La mayor movilización contra Evo fue la octava marcha del TIPNIS, el año pasado, que llegó hasta La Paz y fue recibida con auténtico calor popular.

La ministra de Comunicaciones, Amanda Dávila, reconoce que en el último cambio de Gabinete de enero pasado se acabó la paridad de género, y en el actual solo hay siete mujeres de un total de 20 ministros. A cambio, el presidente optó por un perfil más técnico, en detrimento de los políticos del MAS, “porque había muchas cosas que no funcionaron”. La ministra menciona “el olvido de los pueblos indígenas de los llanos, sin agua potable ni luz en muchas comunidades amazónicas”. En el nuevo Ejecutivo solo hay cuatro ministros indígenas, pero las comunidades originarias han aumento su presencia en los órganos del poder judicial, en Viceministerios y direcciones generales.

Evo Morales conserva el apoyo de una parte significativa de las organizaciones sociales, a pesar de la división en algunas de ellas. Las pugnas internas impiden o retrasan los nombramientos de nuevos cargos. “Cuesta mucho cambiar un ministro, porque significa enfrentarse a los movimientos sociales”, señala la titular de Comunicaciones.

Lo que más le duele a Evo es “la traición de dirigentes que se han vendido, como Adolfo Chávez (presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia- CIDOB), que ha firmado un pacto con Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz, quien llamó a Evo Morales 'excelentísimo asesino”. Le preocupa menos, según la ministra, la deserción de estrechos colaboradores del presidente como Alex Contreras (ex portavoz del presidente), Raúl Prada (ex viceministro de Planificación) o Alejandro Almaraz (exviceministro de Tierras). “La clase media, ya se sabe”, dice Amanda Dávila. “Le dolería de verdad si le traicionara su gente, los cocaleros”.

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