Venezuela prohíbe la venta de armas a la población civil

El país sudamericano tiene una de las tasas de homicidios más altas del continente

El ministro del Interior venezolano, Tareck El Aissami, sostiene un rifle durante una confiscación de armas ilegales en 2009. / JUAN BARRETO (AFP)

Esto es oficial: nueve de cada 10 personas, entre las 14.000 que fueron asesinadas en Venezuela tan solo en 2010, murieron, al menos, por una bala. Es por eso que el Gobierno venezolano ha decidido ilegalizar la comercialización e importación de todo tipo de armas de fuego y municiones a partir de este viernes 1 de junio y durante un año. La medida forma parte de un plan general para reducir la tasa nacional de homicidios que, de acuerdo con cifras oficiales, es de 48 entre cada 100.000 habitantes, y que, en el último quinquenio, está entre las más altas de América Latina.

“Ya nadie va a poder tener armas nuevas. La venta de armas solo se hará para los cuerpos de policía y para nuestras Fuerzas Armadas. La tendencia es hacia [sic] desarmar a la población civil”, ha explicado este viernes el ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aissami, a través de un comunicado. A partir de ahora también deberán cerrar sus puertas las 80 tiendas de armas que aún funcionan en el país, de las más de 3.000 que existían en 1998. “En Venezuela nunca existió control sobre las tiendas de armas, que inclusive podían importar directamente desde las casas del fabricante. Las armas se vendían sin control, se entregaban y luego quien la compraba era quien tramitaba el permiso para portar el arma. Eso es algo propio de la lógica del capitalismo”, ha agregado el ministro. La compra y venta de armas y proyectiles quedará entonces en manos de la estatal Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), que desde 1975 fabrica, importa y distribuye armamento y explosivos para los organismos de seguridad del Estado, y será regulada por el Ministerio de Interior y Justicia.

El 29 de febrero pasado, el Gobierno venezolano también decidió suspender la tramitación de nuevos permisos de porte de armas para los civiles y ha comenzado a levantar un registro del parque que se encuentra en manos de ciudadanos y cuerpos de seguridad. El próximo lunes 4 comenzarán a realizarse auditorías en todas las policías del país y comenzarán a entregárseles municiones marcadas, para evitar su desvío a las redes de delincuentes.

Pero el problema no parece estar en los 40.000 permisos de armas legales que, se estima, existen hoy en día en Venezuela. De acuerdo a las últimas cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Interior y Justicia en 2009, en el país circulan entre 9 y 15 millones de armas ilegales y es muy fácil tener acceso a ellas. Un revólver calibre .38, por ejemplo, no cuesta más de 250 euros en el marco negro de armas que funciona en los barrios más pobre de Caracas. Según el viceministro de Seguridad Ciudadana, Edwin Rojas, entre 2003 y 2012, se han incautado y destruido en el país unas 270 armas de fuego que estaban en manos de bandas criminales, pero aún queda mucho por hacer. De acuerdo a estudios de algunos especialistas, como el sociólogo Luis Cedeño, director de la organización no gubernamental Paz Activa, al menos “el 90% de las armas ilegales que hoy existen en Venezuela provienen de los cuerpos de seguridad del Estado”.

En este país dividido por la polarización política, más del 80% de los ciudadanos coinciden en que la seguridad ciudadana es el mayor problema que enfrenta la sociedad. Durante la última década, el presidente Hugo Chávez ha puesto en marcha, sin éxito, al menos seis planes distintos de seguridad. El 23 de mayo pasado anunció el más reciente, durante una reunión televisada del Consejo de Ministros: “En junio comienza la misión ‘A toda vida Venezuela’. Es el nombre que le vamos a dar a lo que una vez llamamos misión seguridad”. Además del desarme de la población, la reforma del sistema de justicia, la mejora de las cárceles y el reforzamiento de las labores de patrullaje, este nuevo programa social contempla la indemnización de los familiares de las víctimas de las violencia con un monto de dinero que aún no ha sido estipulado.

La última vez que el Gobierno venezolano puso en marcha un programa de seguridad, al menos en la capital, fue en enero de 2008: el Plan Caracas Segura, que consistió en el despliegue de 800 Guardias Nacionales (policía militar) armados de fusiles por las barriadas más peligrosas de la ciudad.

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