El Constitucional portugués avala el pago de las extras a funcionarios y pensionistas

La medida de ajuste más polémica del Gobierno portugués del conservador Pedro Passos Coelho, la eliminación de las pagas extras de Navidad y verano para funcionarios y pensionistas con un sueldo de 1.100 euros, es inconstitucional por discriminatoria. Así lo dictaminó ayer el Tribunal Constitucional por nueve votos contra tres. Pero los empleados públicos que sonrieron al conocer la noticia al pensar que recuperarán sus sueldos enteros se han llevado un chasco inmediato: Passos Coelho aseguró poco después que el Gobierno respetará la sentencia pero que va a buscar fórmulas para compensar los ingresos fiscales de estas pagas extras y que esto afectará a todos los trabajadores portugueses. En una palabra: ajustes para todos para compensar.

En octubre de 2011, el primer ministro portugués, en una solemne alocución televisada, informaba a los portugueses de la medida de la supresión de estas pagas, apelando a la situación de urgencia que vivía el país, rescatado financieramente en abril de ese año con 78.000 millones de euros. El anuncio conmocionó al país, que comenzaba a darse cuenta de lo que le esperaba, de lo que significaba coquetear al borde del abismo financiero, a un paso de la bancarrota, y de quién iba a pagar por ello. Los funcionarios y pensionistas veían cómo sus pagas extras se esfumaban, sin una fecha concreta de regreso. Se hablaba de 2013, de 2014, de 2015…

La diputada socialista Isabel Moeira, en la oposición, denunció al Tribunal Constitucional el decreto por considerarlo discriminatorio. Así lo ha ratificado el tribunal, que aclara que es inconstitucional que un grupo concreto de la población (funcionarios y pensionistas) cargue con una imposición fiscal tan relevante. Pero, en un giro especial, especifica que la sentencia se debe aplicar a partir de 2013, ya que, de aplicarla de inmediato, “pondría en riesgo el cumplimiento de los objetivos de déficit impuestos por los acuerdos firmados con las instituciones internacionales”.

Esto último ha disgustado especialmente a los diputados de la oposición, que consideran que el alto tribunal portugués se contradice y que coloca a la Constitución portuguesa por debajo de la troika: “El Tribunal Constitucional declara que la supresión de estas pagas extras es ilegal pero no para 2012 porque hay un interés superior, que es el interés superior de la troika”, comentaba el diputado Luís Fazenda, del Bloque de Izquierda.

Passos Coelho, empeñado en cumplir con el déficit cueste lo que cueste, fue tajante al enterarse el jueves de este dictamen: “Encontraremos una medida que sea, en términos de presupuestos, equivalente a esta (…) y no podrá afectar, obviamente, solo a funcionarios o pensionistas”. Así, los medios portugueses especulan ya —y especularán en las semanas venideras— de dónde sacará el Gobierno los aproximadamente 2.000 millones de euros que recaudaría con la eliminación de las pagas extras. Algunos expertos preconizan un impuesto especial sobre las pagas extras de todos los trabajadores, aplicado a partir de 2013 y que estará vigente hasta 2015.

El dictamen del Tribunal Constitucional portugués se hace público cuando las noticias económicas en Portugal no son especialmente buenas: hace una semana, el ministro de Finanzas, Vítor Gaspar, anunció que los ingresos del Estado, en el primer trimestre de 2012 (vivido entre crecientes medidas de austeridad en Portugal), han sido menores de lo previsto debido a la escasa recaudación, consecuencia de la anémica actividad económica. De ahí que el déficit, en estos tres meses, se haya disparado hasta el 7,9%, lejos del 4,5% prometido para diciembre de este año.