El presidente egipcio restablece el Parlamento disuelto por la Junta Militar

El presidente egipcio, Mohamed Morsi, ha decretado este domingo por la tarde la reconstitución de la Cámara baja, disuelta a mediados del mes pasado tras una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró ilegal la ley electoral bajo la que fue elegida. El movimiento, acogido con gran sorpresa por el resto de actores políticos egipcios, representa todo un órdago a la Junta Militar, que celebró una reunión de urgencia inmediatamente después de conocerse la noticia. Por su parte, el presidente del Parlamento, Saad Katatni, declaró a través de un comunicado que convocaría una sesión de la Cámara Baja en cuestión de horas.

De acuerdo con la declaración constitucional suplementaria, promulgada de forma uniltateral por la Junta Militar durante la noche electoral de la segunda ronda de las presidenciales, la cúpula del ejército ostenta el poder legislativo en ausencia del Parlamento. El anexo constitucional fue rechazado de forma categórica por los Hermanos Musulmanes, que ocuparon Tahrir durante diez días como medida de presión para forzar su anulación. Con su gesto, Morsi pretende arrebatar el poder legislativo a la Junta Militar, y volverlo a situar bajo el control de la Hermandad, pues su brazo electoral, el PLJ disponía de una cómoda mayoría en el Parlamento.

Así pues, la decisión de Morsi debe interpretarse en el contexto del pulso abierto que libran islamistas y militares por distribuirse el poder en Egipto. En su decreto, el flamante presidente egipcio establece que el Parlamento reanudará su labor legislativa de forma interina, pues convocará elecciones parlamentarias en un plazo de 60 días después de la ratificación de la nueva Constitución. Los trabajos de redacción de la Carta Magna se iniciaron la semana pasada, pero los miembros de la Asamblea Constituyente pretenden finalizar sus labores a principios de septiembre.

Según la legislación del país árabe, el Tribunal Constitucional solo tiene la potestad de interpretar la Carta Magna, pero no la de aplicar sus propios veredictos. Esta competencia corresponde a la presidencia del país. En ejercicio de tal prerrogativa, la Junta Militar, que detentó el poder ejecutivo hasta la investidura de Morsi el pasado 30 de junio, ordenó la disolución del Parlamento a mediados de junio. Y es en uso de esta misma potestad, que Morsi ha reinterpretado la sentencia del Constitucional, argumentando que no requiere la disolución inmediata del legislativo, sino solo tras la celebración de nuevas elecciones.

El movimiento de Morsi supone un nuevo capítulo en la pugna de legitimidades que ha caracterizado la contenciosa transición egipcia. La incapacidad de alcanzar consensos básicos por parte de los principales actores políticos ha situado el país árabe en un verdadero galimatías político y legal, lo que ha provocado a menudo que los tribunales acaben asumiendo un papel de árbitro en litigios de naturaleza más bien política. Y es que, de momento, militares e islamistas han renunciado a recurrir al uso de la fuerza para resolver sus disputas.

Con la Constitución del 1971 suspendida tras la Revolución que destronó a Hosni Mubarak en febrero del año pasado, el país vive un periodo excepcional desde el punto de vista legal. Por ello, no existe un precedente legal al que acogerse y los expertos en Derecho Constitucional discrepan a la hora de valorar la legalidad del decreto presidencial. Aquellos de tendencia islamista lo avalaron, mientras que los que abogan por un Estado laico, acusaron a Morsi de “violar el Estado de derecho”.

Las reacciones a la inesperada noticia no se hicieron esperar. El Tribunal Constitucional ha anunciado que celebrará una reunión extraordinaria la mañana del lunes para abordar la situación. Su expresidente, Faruq Sultan, criticó el decreto del nuevo raïs al calificarlo de "una violación de la ley y del Tribunal Constitucional". Por su parte, el presidente de la Cámara Baja, el islamista Saad Katatny, declaró en un comunicado público que convocaría una nueva sesión del Parlamento "durante las próximas horas".

La promulgación del decreto llegó tan sólo unas horas después de la reunión del presidente egipcio con William Burns, vice secretario de Estado de EEUU. En su visita, la de más alto nivel de un responsable estadounidense luego de la Revolución, Burns comunicó a Morsi que era “fundamental que esté en funcionamiento un Parlamento democráticamente elegido”. También entregó a Morsi una misiva de Obama en la que le invita a visitar EE UU durante la sesión anual de la Asamblea General de la ONU, el próximo mes de septiembre.