La UE acusa al Gobierno de Rumanía de “violar sistemáticamente” la Constitución

Rumanía es miembro de la Unión Europea desde 2007, pero los hábitos democráticos y del Estado de Derecho no han permeado en el país, sometido desde su ingreso a un régimen especial de vigilancia y control por una Comisión Europea que hoy emitirá un demoledor veredicto sobre Bucarest y su clase política. El paradigma de la situación se ha encarnado en estas pasadas semanas en el primer ministro socialista, Victor Ponta, y su asalto al poder en una lucha con el presidente conservador Traian Basescu cuya brutalidad ha dejado estupefacta a Bruselas. Las actuaciones del jefe del Gobierno y quienes le apoyan desde el Parlamento “plantean serias dudas sobre el compromiso de respeto al Estado de Derecho o la comprensión de su significado en un sistema pluralista democrático”, según un borrador con que trabaja la Comisión, que el miércoles debe pronunciarse sobre la cuestión. Rumanía seguirá bajo especial vigilancia de la UE.

Ponta fue llamado a capítulo a Bruselas la pasada semana y prometió al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, emendar sus pasos sobre lo que desde Bruselas se ven como ataques enfebrecidos al Estado de Derecho y a la independencia del poder judicial. Barroso impuso al primer ministro un abanico de rectificaciones urgentes y elementales que cubren desde el respeto a la independencia de los jueces a introducir la integridad en la vida política, junto a la adopción de una serie de medidas concretas para reconducir una situación desbordada.

Ponta prometió acatar y cumplir todo y este martes ha enviado por escrito planes adicionales de cumplimiento a los adelantados el lunes. “Estos compromisos adicionales significan que, si se ejecutan como está anunciado, todas las demandas del presidente Barroso han sido satisfechas o lo serán”, señala un comunicado de la Comisión. “Será crucial un cumplimento rápido y efectivo”.

Tales concesiones de ultimísima hora pueden contribuir a modificar en algo las conclusiones del informe sobre la situación en Rumanía que debe presentar la Comisión, pero no tanto como para cambiar las devastadoras líneas generales del análisis, recogidas en una veintena de páginas de las que se hace eco el diario británico The Guardian.

Mark Gray, un portavoz de la Comisión no quiere pronunciarse sobre el contenido que se ha filtrado, --“un borrado de hace cuatro días”, precisa, “y en cuatro días han pasado muchas cosas, incluidas las promesas de cambio de Ponta”— y alerta de que la opinión definitiva del Ejecutivo comunitario solo se plasmará en la reunión de hoy, teniendo en cuenta los compromisos del primer ministro. Pero de lo que ha trascendido se deduce que las violaciones y abusos de la lucha política rumana trascienden todos los límites.

“El contexto político no puede explicar la naturaleza sistemática de diversas actuaciones”, se lee en ese borrador del informe. “Respuestas políticas a decisiones judiciales, el socavamiento del Tribunal Constitucional, la revocación de procedimientos establecidos y la eliminación de controles clave ponen en tela de juicio el compromiso del Gobierno con el respeto del Estado de Derecho y el recurso a una justicia independiente. A la Comisión le preocupan especialmente los indicios de manipulaciones y amenazas que afectan a instituciones y miembros de la judicatura”.

“La independencia judicial y la separación de poderes son elementos básicos de la sociedad democrática”, abunda en otro pasaje el informe, un curso elemental de derecho constitucional. “En los meses venideros, todos los niveles políticos de Rumanía deberán demostrar con acciones su compromiso con estos principio para restaurar la confianza”.

“Es importante que Ponta cumpla”, subraya Gray, quien aventura que Rumanía va a seguir bajo el microscopio del llamado Mecanismo de Cooperación y Verificación de la salud del imperio de la ley a que está sometida desde su ingreso, lo mismo que Bulgaria, una humillante tutela bruselense de la que Bucarest aspiraba a librarse si no ahora, próximamente.

Más allá de la confirmación de que Rumanía seguirá atada con la cuerda corta, la previsible consecuencia inmediata de toda la peripecia política es que la autorización para entrar en Schengen, sobre la que la UE debe pronunciarse en septiembre, dará resultado negativo. El acceso de Bucarest está vetado por los Países Bajos (en contra del criterio de la Comisión, que considera al país técnicamente preparado para vigilar sus fronteras) y Ámsterdam encontrará en este informe nueva munición para seguir oponiéndose al ingreso rumano en la Europa sin fronteras.