Grecia aprueba un recorte de 11.600 millones para satisfacer a Europa

La última vez que José Manuel Durão Barroso pisó suelo griego llegaba a un país con graves problemas económicos que entonces parecían manejables. Aun no se sabía que el Gobierno conservador había maquillado durante años las cuentas públicas; y el socialista Yorgos Papandreu aún no había solicitado el primer rescate para evitar la quiebra del Estado.

Tres años después de esa visita, el presidente de la Comisión Europea volvió ayer a una Atenas asolada por la recesión –el PIB cayó el año pasado un 6,9% y este lo hará en torno al 5%-, el paro, y un desajuste fiscal que ni los dos rescates sucesivos ni la quita de la deuda aprobada el año pasado han conseguido arreglar. Cunde la sensación de que esta es la última oportunidad griega para evitar el desastre.

El líder del Ejecutivo europeo llegó a Grecia con una zanahoria –el desbloqueo del próximo tramo de ayuda, 31.000 millones de euros que deben llegar en septiembre para que el Estado pague a sus médicos y maestros- y con un palo –la enésima oleada de recortes, esta vez de 11.600 millones de euros, que el Gobierno tiene que aprobar para este año y el próximo-. “La palabra clave es cumplir. El principal asunto en poner en marcha medidas. Deben terminar los retrasos. Las palabras no son suficientes. Las acciones son importantes”, dijo Barroso tras entrevistarse con el primer ministro, el conservador Andonis Samarás. “La distancia que Europa ha mostrado durante la crisis se suma al sentimiento de que nos han dejado aislados y de que muchos líderes realmente no entienden los problemas del país”, resume Nick Malkoutzis, director adjunto de la edición inglesa del periódico reformista Kathimerini.

La visita de Barroso y de los inspectores de los tres organismos que deben prestar el dinero a Grecia –Comisión, Banco Central Europeo (BCE) y Fondo Monetario Internacional (FMI)- coincide con una creciente sensación de hartazgo por parte de los prestamistas europeos y una escalada en las declaraciones de los líderes alemanes, que cada vez se muestran más dispuestos a dejar caer al socio más débil de la eurozona. Samarás mostró ayer su enfado por estas declaraciones que “socavan” los esfuerzos hechos por Grecia.

Quizás sea de cara a la galería, pero la doctrina oficial de Bruselas sigue siendo que respaldará a Atenas. “Grecia es parte de la familia europea y nuestra intención es que siga siendo así”, subrayó Barroso. Las emisoras de radio griegas informaron de que el representante del FMI, Paul Thomsen, se había mostrado satisfecho con la marcha de las conversaciones.

Pero los augurios negativos no salen solo de la boca de los políticos: los economista de Citi consideran ahora que hay un 90% de probabilidades de que Grecia abandone el euro a lo largo del próximo año y medio, cuando en la anterior encuesta este porcentaje estaba entre el 50% y el 75%. Además, el Instituto de Investigación Económica de Múnich acaba de hacer público un informe según el cual los costes para Alemania y Francia de que Atenas siga en la unión monetaria superan a los que supondría su salida.

Antes del encuentro con Barroso, Samarás se las vio con los líderes de los otros dos partidos con los que gobierna: el socialdemócrata Evangelos Venizelos y el del partido de izquierda moderada Dimar, Fotis Kuvelis. Los tres dieron el visto bueno al paquete de medidas de ahorro y austeridad, aunque anunciaron que las negociaciones continuarán el próximo lunes. Pese a las presiones de los dirigentes políticos griegos para lograr una prórroga en la aplicación de las reformas, las exigencias de Europa, que no se conocerán hasta finales de agosto, se traducirán en más recortes para el presupuesto de sanidad, pensiones, gasto social y en salarios públicos, según los medios griegos. “Estas medidas se han convertido en un examen para la coalición gubernamental. Serán muy difíciles de vender a un electorado al que durante la última campaña electoral se le trasladó la impresión de que la austeridad se iba a relajar”, añade el responsable de Kathimerini.