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matanza en el cine

El tirador de Colorado se enfrenta a 142 cargos por la matanza en el cine

Los fiscales han acusado a James Holmes de 24 delitos de asesinato

Un dibujo de la comparecencia de James Holmes ante el juez, el 30 de julio.
Un dibujo de la comparecencia de James Holmes ante el juez, el 30 de julio. Jeff Kandyba (REUTERS)

El tirador de Colorado, James Holmes, será juzgado por 24 cargos de asesinato, dos por cada víctima mortal en el cine de Aurora en el que provocó una matanza el pasado 20 de julio. El juez aceptó la petición de los fiscales de imputarle por asesinato “con premeditación” y también por asesinato “con extremada indiferencia hacia la vida humana” por cada fallecido en el cine. A esos cargos añadió 116 imputaciones por intento de asesinato, una por posesión de explosivos y otra de incremento de pena por autoría de un crimen violento. Por esos 142 cargos, Holmes se enfrenta a una pena mínima de cadena perpetua sin libertad condicional y una máxima de muerte.

A la segunda vista oral previa a su juicio, Holmes, de 24 años, llegó como a la primera, con el pelo teñido de color naranja y la mirada perdida, con apariencia ausente, reaccionando a las palabras del juez sólo ocasionalmente. Cuando el magistrado William Sylvester le preguntó si renunciaba a su derecho a tener otra vista preliminar en los próximos 35 días, algo que contempla la ley de Colorado, se limitó a responder con un débil y lacónico “sí”, la única palabra que pronunció en la audiencia, que duró menos de una hora. La siguiente vista preliminar tendrá lugar el 9 de agosto. Los fiscales aun no han solicitado formalmente una pena máxima en su caso.

A la comparecencia de ayer ante el juez acudieron amigos y familiares de las víctimas. Algunos llevaban camisetas con el logotipo del superhéroe Batman, y otros lucían la palabra Sully, en referencia al apodo de Alex Sullivan, una de las 12 víctimas en la matanza ocurrida cuando en el cine Century 16 se proyectaba la última entrega de la saga de Batman, El Caballero Oscuro: la leyenda renace. Holmes no dio indicaciones de darse cuenta de quiénes eran aquellas personas que habían acudido a los prolegómenos de su juicio. Tampoco reaccionó cuando el juez le dijo que la pena máxima podría ser la ejecución.

Según las pesquisas de la policía de Colorado y del FBI, Holmes empleó una pistola del calibre 40, una escopeta y un fusil semiautomático para disparar contra 71 personas, de las que mató a 12. La fallecida de menor edad, seis años, fue Veronica Moser-Sullivan. Su madre, Ashley Moser, quedó herida en estado grave, y el pasado fin de semana sufrió un aborto. El fallecimiento del feto no afectará a los cargos presentados este lunes, ya que la ley de Colorado contempla la imputación en casos de homicidio sólo para aquellas víctimas “que hubieran nacido y estuvieran vivas”. Holmes dejó, además, una trampa con explosivos en su vivienda, con la intención de provocar otra matanza en el edificio de apartamentos en el que residía.

Según unos documentos presentados por los abogados de Holmes en estas vistas preliminares, el tirador estaba bajo tratamiento psiquiátrico, bajo la tutela de la doctora Lynne Fenton, que según la página web de la Universidad de Colorado en Denver dirige los servicios de salud mental de los alumnos en ese campus. Holmes había recibido una beca del Instituto Nacional de Salud de EE UU para estudiar un posgrado en Neurociencia en ese centro educativo, pero abandonó sus estudios en mayo, después de suspender un examen.

Holmes le envió a su psiquiatra un cuaderno en el que, según la policía, describía planes para perpetrar la matanza. Ese cuaderno nunca se llegó a entregar a la doctora Fenton. Se quedó en un almacén de correos del campus, hasta que los agentes lo recuperaron, el lunes de la semana pasada. La defensa, de oficio, ha pedido que se le entregue el cuaderno, cuyo contenido debería estar protegido por la confidencialidad entre un paciente y su médico, según alegan los abogados. El juez aun no ha decidido al respecto. Además, ha declarado el secreto de sumario, lo que le impide a la Universidad de Colorado revelar información sobre el estudiante.

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