Una ley contra candidatos sospechosos nacida de la iniciativa popular en Brasil

En las elecciones administrativas del próximo mes de octubre en Brasil será aplicada por primera vez la llamada “ley del Expediente Limpio”, que impide presentarse a los comicios a candidatos que hayan sido condenados en segunda instancia, aunque todavía tengan derecho de recurrir. Al menos unos 2.000 políticos —el 25% de los diputados brasileños son investigados por corrupción— se verán afectados por esta medida que supone un duro golpe para un sistema que hasta ahora permitía que políticos acusados de corrupción y condenados en alguna instancia judicial optasen a nuevos cargos. Una situación que el magistrado del Tribunal Supremo Carlos Ayres Britto ha definido como “la polilla de la república”.

Antes de esta ley, incluso personas acusadas en procesos judiciales incluso de crímenes graves se presentaban como candidatos a cargos políticos para ampararse en el fuero que les permite ser procesados solo por el Tribunal Supremo de Brasil. La nueva ley invalida también las candidaturas de aquellos políticos que, acusados de corrupción en el ejercicio de su cargo, renuncien a su puesto antes de ser expulsados del mismo para poder presentarse de nuevo.

Así se explica que se haya permitido volver a la política a todo un rosario de gobernadores, senadores, diputados y alcaldes, entre otros cargos, que habían renunciado a sus cargos antes de ser condenados.

Ahora, la iniciativa Expediente Limpio impide a todo condenado, aunque la sentencia no sea firme, volver a ejercer cargos políticos durante ocho años. Los procesados solo podrán volver a presentarse a unas elecciones cuando sean absueltos en última instancia, algo que puede llevar años.

La ley es el primer paso en la lucha contra la corrupción política, y su aprobación en el Congreso ha sido posible gracias a una iniciativa popular que recogió más de un millón de firmas para presentarla como proyecto de ley en el Congreso, según marca la Constitución brasileña.

El proceso comenzó en 1997 y ha sufrido numerosos obstáculos hasta el último momento. Incluso cuando estaba sancionada por la presidenta, Dilma Rousseff, fue impugnada ante el Supremo alegando que dañaba el principio de la presunción de inocencia. El alto tribunal rechazó esta argumentación señalando que los candidatos a gestionar la vida pública “no pueden estar sumergidos en un ambiente de ambigüedad ética”. Carmen Lúcia Antunes Rocha, presidenta del Tribunal Supremo Electoral, ha respaldado esta decisión, asegurando que “nadie tolera ya la corrupción”.