Reino Unido descarta conceder un salvoconducto a Julian Assange

La decisión de Ecuador de conceder asilo al fundador de Wikileaks desata una tormenta diplomática

Reino Unido descarta concederle un salvoconducto para abandonar la legación

El conflicto diplomático por el fundador de Wikileaks. / ATLAS

El Gobierno ecuatoriano concedió este jueves “asilo diplomático”, es decir, acogida y protección a una persona por motivos políticos en una misión diplomática, al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Esta decisión, que fue desvelada en una conferencia de prensa en Quito por el canciller (titular de Asuntos Exteriores) ecuatoriano, Ricardo Patiño, supone un desafío político y jurídico a Reino Unido y Estados Unidos y augura el inicio de una larga crisis diplomática entre los países implicados que puede extenderse a diversos organismos internacionales.

Patiño, detalló en su conferencia de prensa en Quito los 11 motivos por los que su Gobierno ha aceptado la petición del exhacker australiano, que lleva casi dos meses refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. Ecuador considera básicamente que Julian Assange puede ser víctima de una persecución política por su trabajo como activista de la “libertad de expresión”.

“No han sido ni el Reino Unido ni mi propio país, Australia, los que han permanecido firmes para protegerme de esta persecución, sino una nación latinoamericana valiente e independiente”, manifestó el propio Assange en unas declaraciones realizadas desde su refugio en la Embajada ecuatoriana de Londres, donde siguió en directo y muy emocionado la rueda de prensa en Quito que anunció la concesión del estatus de asilado político para el fundador de Wikileaks. “Hoy hemos asistido a una victoria histórica”, declaró el australiano, “pero nuestra lucha solo acaba de empezar”.

Por su parte, el Gobierno británico se ha declarado “decepcionado” por la decisión del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, aunque ya la conocía, al menos la víspera, cuando el diario The Guardian pudo confirmarlo con fuentes de la Administración ecuatoriana. Una prueba de la profunda decepción de Londres se refiere a un gesto tan alejado de la proverbial sutileza de la diplomacia británica como amenazar a Ecuador, horas antes del anuncio de la concesión de asilo político, con despojar a su Embajada de la inmunidad que le confiere la Convención de Ginebra de 1961, bajo el argumento de que esa protección no debe amparar a personas acusadas de “delitos comunes”.

“No vamos a permitir que el señor Assange obtenga un salvoconducto seguro para abandonar Reino Unido, ni tampoco existe ninguna base legal para ello”, subrayó el secretario del Foreign Office, William Hague, quien ejerce asimismo de primer ministro en funciones ya que el jefe del Ejecutivo, David Cameron, se encuentra estos días de vacaciones en la isla de Mallorca mientras su número dos en el Gobierno, el liberaldemócrata Nick Clegg, también se halla en España, en concreto, en la localidad vallisoletana de Olmedo.

El titular de Asuntos Exteriores británico considera que los derechos del exhacker australiano están totalmente garantizados por la ley europea en materia de extradición, que protege las condiciones seguras de su traslado a Suecia para ser interrogado sobre cuatro supuestos delitos por abusos sexuales y violación. Hague auguró que la resolución del caso llevará “una cantidad de tiempo considerable” y ofreció al Gobierno de Correa una “solución negociada” y en “términos amigables”.

No obstante, Hague no especificó esos términos mientras aparecen dudas para los expertos en legislación internacional sobre la resolución del caso, habida cuenta de la posición en la que se ha enrocado Londres. Semanas atrás, las autoridades de Ecuador revelaron que habían ofrecido a la justicia sueca la posibilidad de interrogar a Julian Assange por videoconferencia, porque al fin y al cabo todavía no se han formulado cargos en su contra. Sin embargo, la citada propuesta fue rechazada de plano por las autoridades del país nórdico.

Mientras tanto, el céntrico barrio londinense de Knightsbridge, donde está situada la Embajada de Ecuador en Reino Unido, se convirtió a lo largo de la jornada del jueves en un enjambre de policías, periodistas y defensores de la causa de Assange. Por su parte, Hague aseguró que las fuerzas de seguridad británicas no van a irrumpir en ningún caso en el recinto diplomático, aunque consideren que la legislación británica les brinda cobertura para ello.

“Estamos hablando de una ley aprobada por nuestro Parlamento nacional, que subraya nuestros compromisos con la legislación internacional”, señaló Hague sobre el Acta sobre Recintos Diplomáticos y Consulares, aprobada en el año 1987, que incluye la posibilidad de revocar la inmunidad diplomática a la Embajada de un país extranjero.

El titular del Foreign Office insistió en que no existe ningún pacto secreto con Estados Unidos, tradicional aliado de Reino Unido, para abrir la vía a que Assange acabe siendo extraditado al otro lado del Atlántico, tal como sostienen el afectado y su abogado, el exjuez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón, que se hizo cargo de la defensa en julio.

Pero poco antes de que realizara esas declaraciones, el propio Assange le recordaba, sin embargo, cómo otro implicado en las filtraciones de miles de cables diplomáticos en Wikileaks, el soldado estadounidense Bradley Manning, ha cumplido ya 800 días de detención sin apenas garantías legales o perspectiva de que se abra un proceso.

El canciller ecuatoriano ha afirmado al respecto que, si Julian Assange fuera extraditado a Estados Unidos, “no tendría un juicio justo” y podría ser juzgado por tribunales especiales o militares. “No es inverosímil que se le aplique un trato cruel y degradante”, añadió Patiño.

La ley británica de 1987

Patricia Tubella, LONDRES

El Reino Unido ha esgrimido ante el Gobierno ecuatoriano su potestad legal para entrar en el recinto diplomático de Londres, si bien espera que esa drástica medida no sea necesaria. La cuestión es si realmente cuenta con ese legítimo derecho. El grueso de expertos consultados ayer por la BBC cree que no.

La Convención sobre Relaciones Diplomáticas de Viena (1961) rige las relaciones diplomáticas entre países y reconoce los privilegios e inmunidades de los funcionarios que trabajan en las embajadas, asi como la inviolabilidad de esos recintos. Las policías y fuerzas de seguridad locales, por tanto, no pueden entrar en los mismos si no media el permiso expreso del embajador, que es el jefe de la legación.

El argumento de las autoridades britanicas, sin embargo, aduce su capacidad para revocar ese estatus diplomático de la embajada en virtud de la ley nacional de Recintos Diplomaticos y Consulares aprobada en 1987. Amenaza con invocarla ante la obligacion legal de extraditar al fundador de Wikileaks a Suecia, donde se le reclama para interrogarle sobre cuatro supuestos delitos sexuales.

Para el gobierno de Londres, Assange es reclamado por un delito común, mientras que Quito lo considera un perseguido politico. Diversos acuerdos internacionales, como la Convención Europea de Derechos Humanos, refuerzan la posición de Ecuador en ese punto, puesto que el país que considera la concesión de asilo de una persona es el que debe determinar si el solicitante corre peligro de lesiones o de muerte y, en ese caso, brindarle su protección.

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