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Hungría ajusta cuentas con el comunismo en medio de la indiferencia

Proceso contra Béla Biszku antiguo dirigente comunista acusado de la represión de 1956

Bela Biszku, ante la tumba del exlíder comunista Janos Kadar, el pasado 26 de mayo. AFP

Hungría ha necesitado 56 años para iniciar un proceso penal contra un miembro de la cúpula del partido comunista implicado en la represión posterior a la frustrada revolución de 1956. Lo llamativo no es solo el largo tiempo transcurrido, sino que solo queda uno vivo de esa época. Ese hombre es Béla Biszku, un anciano con gorra y aspecto manso de 92 años que fue arrestado el lunes pasado en su casa de las colinas de Buda, en la capital. El antiguo dirigente comunista, ministro del Interior del régimen de János Kádar entre 1957 y 1961, fue, según el fiscal jefe de Budapest, Tibor Ibolya, “uno de los principales cerebros y responsables de las represalias”. Aunque el fiscal imprimió carga simbólica al arresto -“es un hito significativo para la justicia en la Hungría postcomunista”, dijo-, ha tenido una tibia repercusión entre los húngaros.

Biszku ha negado todos los cargos, pero el historiador Lászlo Eörsi, del Instituto para la Historia de la Revolución Húngara de 1956, considera que hay “numerosas fuentes, pruebas y estudios que demuestran que [Biszku] fue uno de los principales encargados” del terror posterior al levantamiento. En su libro Posguerra, Tony Judt pone cifras a lo que vino después de la revuelta: “341 fueron juzgados y ejecutados en los años siguientes [hasta 1961]. Unos 22.000 húngaros fueron condenados a prisión (…). Otros 13.000 fueron enviados a campos de internamiento”. En concreto, a Biszku la fiscalía le atribuye haber dado la orden de matar a tiros a 46 civiles en Budapest y en la ciudad de Salgotarjan, al este, en diciembre de 1956.

El nonagenario es el único miembro de la cúpula comunista de 1956 que aún vive. Esta circunstancia parece aliarse con la retórica anticomunista que maneja Fidesz, el partido del Gobierno, y del primer ministro húngaro, Viktor Orbán. El año pasado aprobaron, con su mayoría de dos tercios en el Parlamento, una ley por la cual los crímenes de guerra y contra la humanidad no prescriben. Fidesz ya tenía en la cabeza a Biszku cuando anunció que preparaba esa ley: el diputado de Fidesz Gergely Gulyás lo mencionó directamente al explicar que esa normativa afectaría a varias docenas de personas como mucho. De hecho, se la conoce en la calle como ley Biszku.

"La gente está bastante cansada de estos casos del pasado"

Adam Gellert, demandante

Antes de la aprobación de la ley, no prosperó ninguna denuncia contra Biszku, y hubo dos. La primera la interpuso Adam Gellert, un joven (29 años) jurista especializado en derecho penal internacional en 2010. “Estaba centrada en sus actividades como ministro del Interior. Me referí a crímenes contra la humanidad como un vehículo legal posible, pero entonces esta figura legal internacional no estaba incorporada al sistema legal húngaro y rechazaron la denuncia”, explica.

El asunto ha tenido un impacto limitado entre la opinión pública húngara. “A pocos húngaros les interesa este caso. La gente hoy está menos preocupada por la represión posterior a 1956. Los principales interesados son la extrema derecha y los partidarios fanáticos del Gobierno”, opina Eörsi. Para Gellert, “la gente está bastante cansada de estos casos del pasado. Creo que se trata meramente de un gesto simbólico, porque tanto el Estado húngaro, independientemente del Gobierno que haya, como la Fiscalía, han evitado asumir sus responsabilidad. En el caso del [nazi] Csatary [detenido en julio, en el que el propio Gellert desveló algunas pruebas], hubo una fuerte presión externa por parte del Centro Simon Wiesenthal. Por desgracia, en Hungría no ha habido una Unidad de Crímenes de guerra, o un Instituto de Memoria nacional como en otros países de Europa del Este contra estos crímenes atroces cometidos por dos regímenes totalitarios. Hungría está muy rezagada en esto”.

Pero hay algo más que explica el escaso eco de la decisión. Según Péter Krekó, analista del instituto Political Capital de Budapest, “hay mucha gente en Hungría que tiene buen recuerdo del régimen de Kádár porque se beneficiaron de él, o porque tienen parientes que lo hicieron. Sin negar que fuera una dictadura, este régimen tenía uno de los mejores niveles de bienestar y ciertas libertades -era el comunismo goulash- si se compara con los regímenes comunistas de otros países”. Pero hay un motivo más profundo aún. Para Krekó, “el problema es que los húngaros son reacios a reconocer su papel en los crímenes del Holocausto y en los del comunismo, porque los ven como una importación alemana o rusa, pero no algo húngaro”.

En 2010, Bela Biszku salió del olvido público de décadas en el que vivía como pensionista y participó en un documental en Duna TV. En él dice frases que generaron controversia. Por ejemplo, como recoge Reuters: “Creo que [la de 1956] no fue una revolución, sino una contrarrevolución”, exactamente la denominación que le daba el ala estalinista del partido, a la que pertenecía.

En ese momento, Adam Gellert trabajaba como becario en La Haya, en uno de los tribunales internacionales. “Escuché la entrevista en la que Biszku negaba cualquier implicación en la represión. Todos los expertos dijeron que no había herramientas legales para investigarle. Desde entonces he llevado a cabo una feroz campaña mediática por mi cuenta, presionando a la sociedad civil, pero sobre todo a la élite política y a la Fiscalía para que cumplieran su obligación constitucional de perseguir los delitos más graves”, cuenta. Ese empeño ha logrado que el legislador tomara un borrador técnico que él elaboró como base para establecer la ley que ahora permite investigar al antiguo dirigente comunista. Una segunda parte de la norma, que no tiene nada que ver con su borrador, explica Géllert, introduce el concepto de “crímenes comunistas”.

La segunda denuncia contra Biszku se interpuso en febrero de este año. La presentó Jobbik, el partido de la ultraderecha. Según Gellért, la Fiscalía inició entonces su investigación, pero “el anuncio que hicieron el lunes [cuando fue arrestado] fue totalmente diferente. El ministerio público inició una investigación completamente distinta, de oficio. Interrogaron a Biszku sobre los disparos a la multitud en Budapest y Salgótarján. Es muy sorprendente, como poco, que la Fiscalía investigue a Biszku 18 años después con las mismas pruebas. Ya en 1994, el juez en el caso de Salgótarján, donde se juzgó a acusados de bajo rango, a quienes dispararon [contra los civiles], reprendió a la Fiscalía por no formular cargos contra Biszku y otros dirigentes”, afirma Gellert. El historiador Eorsi confirma este aspecto: “Se sabía con exactitud desde hace 20 años, incluso ya se conocía de antes”.