Concentración contra los recortes en el Ministerio de Hacienda, en Madrid. / Samuel Sánchez (EL PAÍS)

En cuatro años, el cambio de orientación en las medidas adoptadas por el Ejecutivo español ha sido radical. En el arranque de la crisis, España, como recetaba el G-20, optó por la intervención pública para reactivar la economía. El Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero bonificó impuestos, impulsó la inversión pública, concertó ayudas a la industria del automóvil y orientó su estrategia de reformas a propiciar un cambio hacia una economía menos dependiente de la construcción. Ahora, España es uno de los mayores exponentes de las políticas de austeridad.

Lo que el Gobierno interpretó a mediados de 2009 como brotes verdes de la recuperación, se marchitó en cuanto la crisis financiera enraizó en el mercado de deuda pública europeo. Bajo el prisma de los inversores, España tenía mucho de lo que preocuparse: la burbuja inmobiliaria había hinchado crecimiento, ingresos tributarios y empleo; su estallido, además, dejó al aire la debilidad de la banca. Y todo ello cuando se lidiaba con un volumen de endeudamiento privado récord —la financiación del milagro económico de años atrás—, que más pronto que tarde se traduciría en deuda pública.

El combinado, aderezado con la lentitud y la tibieza de la respuesta europea, dio combustible a la especulación sobre España y otras economías periféricas. Casi al tiempo que Grecia pedía su primer rescate, Zapatero viró de rumbo: en mayo de 2010 anunció una rebaja del 5% del sueldo de los funcionarios, la congelación de las pensiones y el incremento del IVA del 16% al 18%, además de nuevos recortes presupuestarios en los ministerios.

La presión de los mercados, lejos de remitir, volvió con más fuerza; la dependencia del auxilio del Banco Central Europeo (BCE), del resto de socios europeos, fue cada vez más patente. Lo que antes eran sugerencias se vuelven mandatos. Y en el verano de 2011, PSOE y PP pactan una reforma exprés de la Constitución que blinda el objetivo del déficit cero, la política de austeridad.

Para cuando llegó el PP al poder, hace menos de un año, el listado de medidas era ya abultado. Pero el Ejecutivo de Mariano Rajoy, presionado por un déficit mayor de lo previsto y la enésima carga de los especuladores, lo deja pequeño. El ajuste proyectado entre 2012 y 2014 ronda los 65.000 millones. En el ámbito fiscal, se ha elevado el impuesto de la renta hasta alcanzar tipos máximos (52%), propios de los países nórdicos; otra vuelta de tuerca deja el IVA en el 21%; se concede una amnistía fiscal para repatriar fondos del extranjero y se achica el generoso esquema de deducciones del impuesto de sociedades.

En el frente de los gastos, el Gobierno del PP ha rebajado otra vez el sueldo de los funcionarios, y duda sobre si compensar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. Algunas cifras dan fe del tijeretazo: en dos años, el presupuesto de los ministerios ha pasado de 66.000 millones a poco más de 39.000; las partidas destinadas a inversión se han reducido, desde 2008, a la mitad. El gasto en I+D, en un 40%.

Las comunidades autónomas también han intensificado sus medidas de ajuste entre dudas crecientes en los mercados sobre su viabilidad, lo que ha llevado al Gobierno a constituir fondos para ayudar a los gobiernos autonómicos pagar sus deudas a proveedores y acreedores.

Dos reformas legales destacan sobre las demás. La que afecta al mundo laboral, que apuesta sin tapujos por abaratar el coste del despido y por afrontar la crisis con rebajas salariales. Y la reforma financiera, que cambió el paso en primavera. Tras varias nacionalizaciones, la intervención de BFA-Bankia, la cuarta entidad española, y las nuevas exigencias para aflorar (y cubrir) créditos dudosos anticipaban unas necesidades de capital multimillonarias. El Ejecutivo acabó por pedir un rescate europeo para la banca, ahora en pleno desarrollo.

El intenso ritmo de ajustes y reformas agravan la recesión y el desempleo. Pero también es el principal argumento de Rajoy para defender que, en caso de necesitar otro rescate europeo –esta vez para garantizar el pago de la deuda pública—, no se impondrán a España nuevas condiciones.

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