El desalojo forzoso es la principal causa de descontento social en China
Los nuevos líderes que salgan del XVIII Congreso del Partido Comunista Chino tendrán que hacer frente al descontento de los ciudadanos
En China más que la política es la práctica lo que está desatando un profundo malestar social y en especial los desalojos forzosos de millones de ciudadanos indefensos. Los nuevos líderes que salgan del XVIII Congreso del Partido Comunista Chino (PCCh), que comienza el 8 de noviembre, van a tener que hacer frente a este descontento, que multiplican las redes sociales —hay 350 millones de chinos enganchados a Sina Weibo, una especie de Twiter y Faceboook conjunto— si quieren construir su “sociedad armónica”.
La absoluta mayoría de las 180.000 manifestaciones y marchas de protesta que se suceden de media cada año en el país desde 2005, según reconoce la prestigiosa Academia de Ciencias Sociales, es consecuencia de las expropiaciones. Unas actuaciones policiales que se desarrollan con premeditación y alevosía durante la noche, cuando los ocupantes de las viviendas se resisten a dejarlas.
Para Hu Jia, activista de derechos humanos y premio Sajarov 2008, tras los rascacielos y las grandes avenidas de Pekín se esconden “el dolor, las lágrimas, la cárcel, la tortura y la sangre” de millones de chinos que se ven obligados a dejar sus casas y sus barrios, carne de apisonadora, para emprender una nueva vida en otro lugar.
La reforma ordenada por Deng Xiaoping en diciembre de 1978 puso en marcha el proceso que ha convertido China en la segunda potencia económica mundial. Entre las medidas que se adoptaron para impulsar esta transformación se encuentran el reparto de la tierra entre los campesinos, aunque solo su uso por 70 años, y la privatización de la vivienda, pero el suelo sigue siendo del Estado, de ahí que lo recupera cuando lo necesita. Tiene que pagar por la expropiación, pero no existe el derecho a rechazar la oferta.
El primer gran éxodo de la nueva China lo forzó la construcción de la presa de las Tres Gargantas, la mayor obra de ingeniería civil de la historia. Solo para levantar esta mole de hormigón, iniciada en 1995, fue necesario el desalojo de 1,13 millones de personas a lo largo de una década. Al culminarse en 2010, el enorme embalse formado al subir el nivel del agua del río Yangtsé (Changjiang) a 175 metros de altura, exigió que otros dos millones de campesinos dejaran su medio de vida o se trasladaran a otras tierras, a veces a miles de kilómetros de distancia, porque era la única oferta que les asignaba el Gobierno. Aún fue más penoso para las decenas de miles de ellos que nunca recibieron el dinero de las indemnizaciones porque se perdió por los bolsillos de funcionarios locales corruptos. Años de desesperación y protestas llevaron a varios de estos funcionarios a la cárcel pero, antes que ellos, fueron golpeados, detenidos e incluso torturados quienes se negaron activamente a dejar sus tierras.
Las deslumbrantes instalaciones olímpicas y el rediseño urbanístico de Pekín, como escaparate de la nueva China, también obligó a 1,25 millones de personas a perder su hogar. Iguales procesos de construcción y abrillantamiento en las otras ciudades olímpicas también forzaron la salida de sus viejos hogares de otros cientos de miles de chinos.
Según anunció este año el Gobierno, la mitad de los 1.350 millones de habitantes del país viven ya en ciudades, lo que ha supuesto el mayor y más rápido desarrollo urbanístico del mundo. Pero en este proceso intervienen millones de promotores inmobiliarios y funcionarios locales, muchos de ellos corruptos, que abusan de su poder e imponen en ciudadanos inocentes vergonzosas indemnizaciones con las que no cubren ni la mitad de los gastos en los que incurren para empezar otra forma de vida.
Desposeídos de sus tierras para hacer autopistas, aeropuertos, vías de trenes de alta velocidad, fábricas, complejos tecnológicos u otros edificios gubernamentales, muchos campesinos tratan de reinventarse abriendo algún pequeño comercio o taller local, pero tienen que endeudarse porque lo que les dan las autoridades locales no es suficiente.
Otros muchos, hartos de enfrentarse a la policía y el Gobierno locales, acuden, como en los tiempos de los emperadores, a Pekín con la esperanza de que los órganos centrales del PCCh atiendan sus quejas. Como fue el caso de Mao Jiangzhong, Gu Xingzhen y Xia Kunxiang, quienes una vez en la capital china se encontraron con funcionarios de su provincia de Jiangsu, que se los llevaron de vuelta a Suzhou, su ciudad, y no se ha vuelto a saber de ellos, según reveló radio Free Asia.
