El presidente francés, François Hollande, en el Elíseo. / BENOIT TESSIER (REUTERS)

"Bajo nuestros pies, el hielo tiene poco espesor". Así definen algunos asesores del presidente François Hollande la situación de Francia frente a la crisis de la Eurozona. Por mucho que París haya conseguido préstamos en los mercados financieros con unos tipos de interés excepcionalmente bajos, aunque la retirada de la calificación AAA por parte de la agencia Standard & Poor’s no haya tenido repercusiones, el Elíseo sabe que está en una situación muy delicada: si los diques españoles o italianos llegan a caer algún día, Francia corre gran peligro de encontrarse en el punto de mira de los grandes inversores internacionales. La principal responsable es la elevada deuda pública, que se prevé que alcance el 89,9% del PIB a finales de 2012; es decir, ¡más que España!

Para atajar la amenaza de los mercados, el Gobierno socialista ha mantenido el rumbo hacia un déficit presupuestario del 3% del PIB en 2013, como había establecido Nicolas Sarkozy, pese a que algunos miembros de la mayoría desearían liberarse de ese tope. Para conseguirlo, se ha decidido hacer un esfuerzo de 30.000 millones de euros: 10.000 millones de ahorro en el gasto público y 20.000 mediante una subida de impuestos. Estas decisiones van en contra de las reformas llevadas a cabo en Europa, donde ante todo se recorta el gasto público, y eso a pesar de que existe un nivel de retenciones obligatorias que es ya el más alto de toda la eurozona (46,3% del PIB previsto para 2013). Pero Hollande ya ha demostrado que no temía distanciarse de otros países europeos, por ejemplo con el regreso a la jubilación a los 60 años para las trayectorias laborales prolongadas o la decisión de fijar una fiscalidad del 75% para los ingresos a partir de un millón de euros.

No obstante, existen todavía numerosos interrogantes. En primer lugar, porque el presupuesto francés para 2013 se elaboró a partir de una hipótesis de crecimiento anual del 0,8 %, un objetivo que la casi totalidad de los economistas consideran desmesuradamente optimista, lo cual pone sobre el tapete, de pronto, el espectro de las nuevas medidas en materia de economía. Después, porque no se ha decidido nada todavía sobre cómo detener la pérdida de competitividad del país, latente desde hace 10 años: las empresas, ante la competencia internacional, se ven obligadas a reducir sus precios de venta, observan cómo disminuyen sus márgenes y ya no tienen medios para invertir ni innovar... Se han esbozado vías posibles para aligerar los costes laborales y disminuir las cargas sociales que pagan las empresas, pero todavía hay que ratificarlas.

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