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Argentina procesa a un empresario por presuntos delitos de la dictadura

Carlos Blaquier está acusado de participar directamente en la desaparición de 29 personas

Alejandro Rebossio

El empresario Carlos Blaquier, dueño de Ledesma, el mayor ingenio azucarero de Argentina, fue procesado este jueves por la justicia de la provincia norteña de Jujuy por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura de este país sudamericano (1976-1983). El juez federal Fernando Poviña catalogó a Blaquier de “acusado como partícipe primario por el delito de privación ilegítima de la libertad en 29 casos” en la llamada Noche del Apagón, cuando trabajadores, estudiantes y profesionales de Libertador General San Martín, el pueblo jujeño donde está la fábrica de Ledesma, fueron secuestrados por los militares en medio de un corte de electricidad.

El juez también procesó al entonces administrador general de Ledesma, Alberto Lemos, en calidad de partícipe secundario. Poviña ordenó, además, el embargo sobre bienes de Blaquier por la suma de 1,7 millones de euros y prohibió su salida de Argentina. Lemos, que deberá asumir un embargo menor, tampoco podrá marcharse de su país.

La justicia basó el procesamiento del empresario y su empleado en testimonios de detenidos en la Noche del Apagón que afirman que los militares usaban camionetas de la fábrica para trasladarlos desde las calles en las que los secuestraron hasta los lugares de reclusión, ya fueran clandestinos o dependencias policiales. El pasado agosto, Blaquier había negado su vinculación con los delitos y sus abogados habían intentado echar por tierra el rigor de los testigos que lo acusaban.

Por la Noche del Apagón, que en realidad fueron varias noches, entre el 20 y el 27 de julio de 1976, ya han sido arrestados cuatro policías acusados de haber participado en la operación. Si bien los casos investigados en la causa llegan a 29 personas, varios de los cuales desaparecieron mientras otros sobrevivieron, en aquellas jornadas fueron arrestados entre 200 y 400 individuos, según diversas fuentes que difieren entre sí. Entre ellos figuraban militantes políticos, sociales y sindicales.

Ledesma informó de que Blaquier y Lemos apelarán el procesamiento, negó que se usaran sus camionetas en los secuestros e insistió en defender la inocencia de ambos. También argumentó que quizá los policías tomaron por la fuerza vehículos de la empresa. Blaquier dice que sufre una “persecución” de “organizaciones sociales” que “se empeñan en criticar su pensamiento político”.

Desde hace décadas, organizaciones de defensa de los derechos humanos y otras políticas, como la kirchnerista Tupac Amaru, reclaman la condena del empresario, de fuerte influencia en la patronal industrial de Argentina.

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“Es el resultado de no bajar las banderas de memoria, verdad y justicia en el lugar más difícil del norte argentino, y aunque aún no podemos hablar de un triunfo, sí lo consideramos un hecho histórico”, opinó Ricardo Arédez, cuyo padre, un exalcalde de San Martín, desapareció en la Noche del Apagón. La actividad económica de ese pueblo jujeño está centrada en el ingenio de Ledesma. “Es la primera vez que en Jujuy hay un juez comprometido con resolver esto que era tan evidente”, añadió Arédez, en declaraciones a Página/12.

Con Blaquier y Lemos ya son siete los empresarios que han sido imputados por crímenes de lesa humanidad del régimen militar, según la estadística de Centro de Estudios Legales y Sociales. La justicia del municipio bonaerense de San Martín investiga las denuncias contra exejecutivos de Ford y Mercedes-Benz por la complicidad en la desaparición de obreros de esas compañías. Un juez de Buenos Aires indaga crímenes similares en Acindar, una siderúrgica que hace pocos años pasó a manos de ArcelorMittal y que había sido presidida por el después ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz. Otro magistrado de la provincia norteña de Salta investiga al dueño de la empresa de autocares La Veloz del Norte. El colectivo obrero fue el más perseguido por el régimen militar: el 30% de los miles de desaparecidos trabajaba en fábricas.

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