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Cameron se opone a controlar por ley un nuevo regulador de la prensa

El primer ministro rechaza la principal recomendación tras las investigación de los abusos periodísticos

Lord Brian Leveson posa con el informe.
Lord Brian Leveson posa con el informe.CARL COURT (AFP)

En la política británica existe la tradición de sacarse de encima las patatas calientes abriendo una investigación más o menos independiente y siguiendo sus recomendaciones. A David Cameron, la patata caliente del escándalo de las escuchas ilegales del desparecido tabloide News of The World le ha acabado escaldando las manos al rechazar la principal recomendación del informe de más de 1.700 páginas del juez lord Brian Leveson: regular la prensa a través de un código de la propia industria que sea aplicado por un consejo independiente y sometido a una nueva ley.

Dos horas después de que hablara Leveson, Cameron rechazó en los Comunes el principio de que “es esencial que tenga que haber legislación para apuntalar el sistema auto-regulatorio independiente y facilitar su reconocimiento en el proceso legal”.

“Tengo algunas dudas y preocupaciones acerca de esas recomendaciones”, dijo Cameron. “Por primera vez vamos a cruzar el Rubicón de poner por escrito elementos de la regulación de la prensa en la ley del país. Deberíamos pensarlo con mucho, mucho cuidado, antes de cruzar esa línea”, añadió. Y explicó que no está convencido de que eso sea necesario en estos momentos.

No se trata de una duda cualquiera. Puede tener consecuencias enormes para él: por un lado sabe que la prensa en general —y la más cercana a los conservadores en particular— tampoco quiere cruzarla, pero por otro también sabe que la opinión pública quiere mano dura con la prensa y las encuestas señalan que estaba ya de antemano a favor de aplicar las conclusiones de Leveson fueran las que fueran.

Su negativa tiene también consecuencias políticas. Por primera vez desde que se formó la coalición de Gobierno, el líder liberal-demócrata y primer ministro adjunto, Nick Clegg, se reservó el derecho a hablar en los Comunes para defender la posición contraria a la de Cameron. Lo que significa no solo un primer paso hacia futuras discrepancias en la coalición a medida que nos vayamos acercando a las elecciones generales de 2015, sino que hace muy difícil el consenso entre partidos que Cameron quiere buscar para aplicar las recomendaciones de Leveson.

El juez defiende que la prensa británica tiene que someterse a una sistema más estricto de autorregulación que esté de alguna manera sometido a la ley y que no dependa solo del voluntarismo de la industria. Propone que se establezca algún sistema de arbitraje que permita a los particulares acudir al regulador antes de tener que apelar a la justicia, pero el regulador no tendrá capacidad para impedir la publicación de las informaciones. Es un sistema voluntario, aunque aclara que este no puede funcionar bien si en la practica no están todos los actores principales del mercado periodístico y propone que los que no se adhieran sean controlados por el regulador de las telecomunicaciones, Ofcom.

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El regulador debe tener el poder de actuar por iniciativa propia y la capacidad de imponer sanciones financieras a quienes infrinjan el código de conducta, aunque estas no podrán superar ni el 1% de los ingresos de la empresa afectada ni un tope preestablecido de un millón de libras (1,23 millones de euros).

El grupo Hacked Off, formado por gente afectada por los abusos de la prensa, dio la bienvenida al informe de Leveson y en especial a la “total independencia” frente a medios y políticos que defiende el juez, aunque insistió en que lo mejor hubiera sido que el Gobierno regulara a la prensa por ley. Otros afectados lamentaron que no propusiera un sistema que impidiera publicar ciertas noticias.

El juez denuncia también la excesiva cercanía entre la prensa y los políticos y la prensa y la policía, pero admite que tiene que haber un contacto cercano entre ambas partes y apunta a la necesidad de que esas relaciones sean más abiertas para que el público pueda comprenderlo. Y asegura que no ha constado que los problemas de corrupción de la policía aceptando sobornos a cambio de información sean generalizados.

El juez Leveson empezó sus investigaciones en septiembre de 2011 después de que las escuchas ilegales del tabloide News of The World se convirtieran en un escándalo nacional al saberse que entre los espiados se encontraba Milly Dowler, una niña que desapareció en marzo de 2002 y que ya había sido violada y asesinada cuando el diario pinchó el buzón de voz de su móvil. Aquel episodio fue la gota que colmó el vaso de los abusos de la prensa británica.

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