El futuro aeropuerto de Nantes divide a la izquierda francesa

La construcción en Notre-Dame-des-Landes del nuevo aeropuerto internacional de Nantes, un proyecto nacido en 1965, contestado desde entonces por los agricultores del Loira y Bretaña y promovido hoy por el primer ministro francés y alcalde de la ciudad, Jean Marc-Ayrault, ha generado una batalla política y social en la región atlántica que ha contribuido a hundir la popularidad del brazo derecho de François Hollande y amenaza la alianza política sellada entre los Verdes y el Partido Socialista.

 Las protestas contra el Aeropuerto del Gran Oeste, rebautizado ahora por sus detractores como Ayraultport, llevan 57 años en marcha. Pero en los últimos meses la lucha se ha recrudecido con ocupaciones, manifestaciones urbanas y campestres y violentas protestas organizadas por militantes ecologistas y anticapitalistas, replicadas con creciente dureza por los gendarmes antidisturbios.

Para intentar frenar el ardor de la batalla, el Gobierno acaba de nombrar una “comisión de diálogo” encargada de escuchar a todas las partes en litigio y de elaborar un informe que se hará público en un plazo de cuatro meses. El martes, cuando llegaban a Nantes los miembros de la comisión, la Justicia ordenó desalojar las cabañas levantadas en los bosques cercanos a la parcela en la que se instalará el aeropuerto, que debería estar terminado en 2017.

Docenas de activistas viven en el lugar desde hace semanas y una veintena de ellos habían registrado las chozas como su domicilio principal para evitar ser expulsados. El miércoles, al intentar ejecutar la orden de desalojo, varios pelotones de antidisturbios fueron recibidos con “violentos ataques”, según dijo la prefectura, y acabaron desistiendo.

El problema principal para Ayrault es que muchos militantes de Europa Ecología Los Verdes, partido que aporta tres ministros al Gabinete, consideran que el aeropuerto es inútil, porque diversos estudios afirman que se quedará pequeño enseguida y tendrá que ser ampliado, lo que aumentará el coste inicial de 556 millones de euros, y argumentan que incumple las promesas de una “transición verde” lanzadas por François Hollande durante su campaña electoral.

La ministra de Ecología, Delphine Batho, ha tratado de mediar entre sus militantes y sus socios políticos con un discurso menos conciliador que confuso. “Estamos comprometidos con la lógica de la transición ecológica […], esto no se va a hacer en cinco días y nuestra orientación no es la lógica del decaimiento. Queremos lograr una estrategia de crecimiento verde, pero esto no significa frenar el desarrollo económico. No se trata de hacer tabla rasa del pasado o de pedir a los ciudadanos que desde mañana no cojan el coche o un avión”.

Todo parece indicar que, pese a las protestas, el aeropuerto más disputado de la historia de Francia se acabará haciendo. El grupo Vinci, que se adjudicó las obras en 2010, espera poder comenzarlas el año próximo, después de que la Justicia desestimara todos los recursos de los ecologistas el verano pasado. Aunque los organismos europeos deben todavía pronunciarse, un informe del Consejo de Estado certificó este año que la obra es de “alta calidad ambiental”.