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El Gobierno peruano limita el control civil sobre las fuerzas de seguridad

Algunos expertos advierten del riesgo de una militarización del Estado

Ollanta Humala pasa revista a las tropas en el desfile del Día de la Independencia de Perú en Lima, el 29 de julio. REUTERS

El Gobierno de Ollanta Humala y el Congreso peruano han aprobado, entre noviembre y diciembre, un paquete de normas que limitan el control civil sobre las actividades de las fuerzas armadas y policiales. Un decreto legislativo convierte en secretas ciertas compras en Defensa, y otro decreto califica de secretos los asuntos de Seguridad y Defensa Nacional y sanciona como un delito su divulgación, lo cual afectaría en principio al trabajo periodístico. Algunos expertos consideran este conjunto de disposiciones como una señal de militarización de la Administración Humala, que el Parlamento, la Defensoría del Pueblo o el Tribunal Constitucional tendrían que revisar.

Las normas aprobadas han sido iniciativas del Ejecutivo, que solicitó facultades legislativas especiales durante 90 días al Parlamento en agosto, plazo que terminó la semana pasada. La solicitud de facultades planteaba la necesidad de crear una central de compras para Defensa, la reforma del régimen de remuneraciones y pensiones de la policía y las Fuerzas Armadas y la modificación del marco legal del apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía.

Sin embargo, además de ello, también se ha aprobado el decreto legislativo 1141, que alarga el periodo de clasificación de información sobre Defensa e inteligencia, comenta el periodista Ricardo Uceda, experto en asuntos militares y miembro de la directiva de Instituto Prensa y Sociedad.

“Hay una suerte de remilitarización que afecta a la transparencia del Estado porque pone un manto de secreto a compras que deberían ser fiscalizadas y por otra parte se ha colocado la información sobre seguridad nacional bajo una cobertura delictiva. Parece que esto ha venido de una asesoría militar directa del presidente, sin que lo conozcan los propios ministros, y está mal, no es democrático y es preocupante”, afirma Uceda.

El presidente Humala, comandante retirado, tiene entre sus principales asesores a Adrián Villafuerte, un excoronel que fue su instructor en el Ejército. También a Alberto Otárola, exministro de Defensa que fue apartado del cargo por errores en su gestión.

“Esto merece una discusión profunda en el Parlamento y en otros sectores contrarios a este tipo de políticas de secretismo militar. También ha habido normas que no estaban entre las autorizadas por las facultades legislativas, han sido un aluvión de decretos. Por ejemplo se establece la obligatoriedad de que los civiles colaboren con el servicio de inteligencia”, dice Uceda, en alusión al artículo 42.2 del decreto legislativo 1141.

“No comprendo cómo personas con la trayectoria democrática del primer ministro, Juan Jiménez; el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, y el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, han firmado una norma de este tipo”, comenta el abogado Gino Costa, exministro del Interior durante el Gobierno de Alejandro Toledo y presidente de la ONG Ciudad Nuestra, dedicada a la seguridad ciudadana. Costa explica que “la norma anterior indicaba que los asuntos vistos en el Consejo de Seguridad Nacional podían ser considerados secretos y que podían ser calificados como tales de acuerdo a la ley de transparencia y acceso a la información. Ahora todas las deliberaciones, actas y cualquier otro asunto relacionado con Seguridad y Defensa es considerado secreto, no solo lo que se discute en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional”.

Para el exministro, “procede una rectificación o un nuevo decreto legislativo, y si no, pedirle al Congreso que ejerza su función revisora y lo modifique de inmediato. Otra opción es solicitar al Defensor del Pueblo que acuda al Tribunal Constitucional. Es muy peligrosa esta norma”.

Adicionalmente, el 6 de diciembre, el Congreso aprobó una norma que permite que militares y policía levanten cadáveres en zonas declaradas en emergencia, reemplazando así la función del fiscal. Durante los 20 años de violencia en Perú, pero también en 2012, ha habido prácticas irregulares, desapariciones y muertes de personas inocentes en la lucha contra el grupo terrorista Sendero Luminoso, de ahí el riesgo de eliminar la necesidad de un fiscal en acciones antisubversivas o contra el narcotráfico. En septiembre, una niña fue abatida durante una operación antiterrorista, pero los soldados no notificaron el hecho ni a la fiscalía ni a la familia, y trataron de ocultar el cuerpo.

El Gobierno de Ollanta Humala aprobó también un nuevo régimen de salarios para las fuerzas armadas y policiales, una decisión que se esperaba desde la anterior presidencia.