“La disuasión es un importante logro de la Corte Penal Internacional”

Song Sang-hyun, de 71 años y reelegido en marzo pasado para su segundo y último mandato de tres años como presidente de la Corte Penal Internacional (CPI), rechaza las críticas que llueven sobre este tribunal por su lentitud y asegura que el trabajo de la CPI está teniendo un "importante efecto de disuasión" en quienes antes utilizaban la violencia convencidos de que eran impunes. Song estuvo en Madrid para recibir el premio de Derechos Humanos concedido a la CPI por el Consejo General de la Abogacía por la condena al líder rebelde congoleño Thomas Lubanga por reclutar niños-soldado. Esta sentencia era la única emitida por la CPI en el momento de la entrevista, pero cinco días después —el martes 18 de diciembre—, absolvió al exlíder congoleño Ngudjolo Chui de la masacre de Ituri.

Pregunta. ¿Cree que los palestinos pueden apelar a la Corte Penal Internacional?

Respuesta. La ratificación del Estatuto de Roma está abierto a cualquier Estado reconocido como tal. Una vez que los palestinos hayan decidido al respecto, la aceptación de Palestina como miembro de la CPI depende del secretario general de Naciones Unidas que puede o no consultar con la Asamblea General si hay duda en un caso particular. Todo depende de la iniciativa legal de los palestinos.

P. La Autoridad Palestina ya ha dicho que si Israel continúa construyendo nuevos asentamientos en Jerusalén y Cisjordania acudirán a la CPI ¿Considera que esto es un motivo suficiente?

R. Esta pregunta ha de ser el fiscal de la CPI quien considere sus implicaciones legales, es una cuestión hipotética que puede analizar el fiscal.

P. Pero si los palestinos van adelante con su denuncia ¿Qué tipo de castigo se puede imponer?

R. La CPI solo juzga individuos. Un Estado solicita al fiscal que analice una situación en conflicto y el fiscal, tras realizar la investigación, decide contra quién o quiénes va a actuar, abrir un caso o solicitar una orden de arresto. Se trata de juzgar al perpetrador del crimen. No hace falta que sea el líder del país. Puede ser un militar, un político, un constructor u otra persona presuntamente responsable de los crímenes denunciados.

La aceptación de palestina depende del secretario general de la ONU y sus argumentos los valoraría el fiscal

P. ¿La CPI ha aceptado la denuncia contra el expresidente de Colombia Álvaro Uribe por el acoso a opositores políticos, magistrados o periodistas cometido durante su mandato por el Departamento Administrativo de Seguridad?

R. No. Los fiscales están ahora realizando el examen preliminar para decidir si se acepta o no el caso. Al igual que están en curso otras investigaciones de Honduras, Afganistán, Corea, Georgia o Guinea.

P. En 10 años de funcionamiento, la CPI solo ha dictado una sentencia: 14 años de cárcel para el exmilitar congolés Thomas Lubanga. ¿No le parece demasiado lenta?

R. Si, ha tardado mucho tiempo pero es necesario comprender la complejidad y las largas investigaciones que requiere pronunciarse sobre un crimen de lesa humanidad. Por ejemplo, si tenemos un perpetrador que habla la lengua de una pequeña tribu africana, necesitamos educar durante meses a algunos miembros de esa tribu para que puedan actuar como intérpretes en el juicio. Es una auténtica pesadilla. Además, la naturaleza de los crímenes que legisla la CPI requiere un larguísimo proceso con decenas de miles de folios, porque hay cientos de miles de víctimas que quieren prestar su testimonio para el proceso y hay que traducirlo y leerlo.

P. ¿Entonces los próximos juicios serán más rápidos?

R. Si, gracias a las lecciones aprendidas en este primer proceso vamos a ser mucho más rápidos y eficientes con los siguientes.

P. Hasta el momento solo 121 países han ratificado el Estatuto de Roma y ninguno de los grandes del Consejo de Seguridad -Estados Unidos, China y Rusia-. ¿Está haciendo algo para atraerles?

R. En los tres años de mi primer mandato como presidente, con el apoyo de varias influyentes ONG, seleccionamos varios países y conseguí 12 nuevos miembros. Los esfuerzos continúan y creemos que Malasia, Marruecos, El Salvador y otras pequeñas islas del Pacífico se adherirán pronto. Es cierto que los más poblados, incluido India, no están en la CPI. Se debe, sobre todo en el caso de EE UU a su política nacional, pero tenemos su apoyo, como mostró la decisión unánime del Consejo de Seguridad de poner bajo nuestra jurisdicción la situación de Libia.

P. Pero todos los países pueden aducir razones de política interna para no someterse a la CPI..

R. El Gobierno de EE UU siempre nos apoya, incluso en público.

Gracias a las lecciones del proceso de Lubanga vamos a ser más rápidos y eficientes en el futuro

P. En cuanto a Libia, ¿Qué hace para que Saif al Islam (el hijo mayor de Gadafi) y el exjefe del servicio secreto Abdulá al Senusi sean entregados a la CPI?

R. La CPI es la última instancia de la justicia. La primera ha de ser la justicia nacional. Solo si el sistema judicial nacional es incapaz de llevar a cabo una investigación o no tiene recursos o no quiere hacerlo, se recurre a la CPI que actúa de forma complementaria. Pero ahora las autoridades libias han decidido que tienen capacidad y quieren hacerlo ellas en lugar de la CPI. Por tanto, solo tenemos que ver si se admite que ellos juzguen a Saif al Islam y a Senusi.

P. ¿Considera que la CPI tiene poder de disuasión?

R. La disuasión es un logro muy importante. Los objetivos son prevención, protección y persecución. La disuasión está ligada a la prevención y hay claras evidencias de ella. El juicio contra Lubanga -que ha durado tres años y estaba centrado sobre todo en si los niños-soldado constituyen un crimen de guerra y la sentencia fue que sí-, hizo que los rebeldes nepalíes decidieron liberar a 3.000 niños-soldado y en Yemen se comprometieron públicamente a no enrolar a más niños. Además, el ministro de Justicia de la República Democrática de Congo me dijo en 2011 que gracias a la CPI las elecciones que hubo ese año no se convirtieron en un baño de sangre porque allí todos los líderes políticos temen la vigilancia de la CPI.

P. Aunque solo haya dictado una sentencia ¿Está satisfecho del trabajo de la CPI?

R. Por supuesto. Se creó en 2002, pero no tuvimos jueces hasta marzo de 2003 y fiscal, meses después. Pero hasta 2006 no recibimos ninguna denuncia, la primera fue la de Lubanga. Además, tenemos casos durmientes, como el del ugandés Joseph Kony o el presidente de Sudán Omar al Bashir, contra los que hemos emitido órdenes de arresto y los Estados no nos los han entregado. Pero casi están confinados en sus países. Saben que si viajan a cualquier otro que sea miembro de la CPI serán detenidos y entregados a nosotros y que las órdenes de arresto de la CPI no prescriben. Penderá sobre sus cabezas toda la vida.