China reformará el sistema penal de los campos de reeducación

En la actualidad hay 310.000 presos en 310 instalaciones, según la televisión oficial

Una interna de un campo de reeducación por el trabajo en 2008 en la ciudad de Jurong. / AP

El Gobierno chino reformará, e incluso podría poner fin al controvertido sistema de campos de reeducación por el trabajo, que permite a la policía detener a la gente hasta cuatro años sin necesidad de juicio. Así lo ha asegurado Meng Jianzhu, ministro de Seguridad Pública y director del Comité de Asuntos Legales, según han publicado los medios de comunicación locales.

La medida supone un paso clave en la modernización del sistema judicial chino. La llamada “reeducación por el trabajo” data de la década de 1950, y fue utilizada en un principio para encarcelar a contrarrevolucionarios y otros críticos con el Gobierno. Luego se extendió a prostitutas, drogadictos y autores de crímenes menores. Es ampliamente utilizada también contra activistas, disidentes y miembros del movimiento de inspiración budista Falun Gong, que Pekín considera un “culto diabólico” e ilegalizó a finales de la década de 1990.

Los campos de reeducación por el trabajo han sido muy criticados por abogados y defensores de los derechos humanos, que los consideran totalmente obsoletos y fuente de abusos, en especial porque son utilizados para detener a quienes critican a las autoridades gubernamentales.

Según la Oficina de Reeducación por el Trabajo, dependiente del Ministerio de Justicia, en 2008 había en China 160.000 personas internadas en los 350 centros de este tipo existentes. La cadena de televisión pública CCTV afirma que ahora el número de presos es mucho mayor: 310.000, en 310 centros.

La policía puede ahora detener hasta cuatro años sin necesidad de juicio

Las declaraciones de Meng Jianzhu no han sido publicadas de forma oficial, pero han sido recogidas por Chen Dongsheng, un redactor jefe del Diario Legal, el boletín oficial del Ministerio de Justicia. Según el microblog oficial de la CCTV, Meng ha dicho que “el uso del sistema de reeducación por el trabajo finalizará este año, tras la aprobación del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (el Parlamento, cuya sesión anual tiene lugar en marzo)”. La influyente revista financiera Caixin también se ha hecho eco de las declaraciones del ministro. Meng es uno de los 25 miembros del Politburó del Partido Comunista Chino (PCCh).

Los detalles de la reforma no han trascendido. No se sabe, por ejemplo, qué ocurrirá con los centros de detención y los presos que se encuentran en ellos, ni si podría tratarse tan solo de una modificación del sistema, que requiera en el futuro la celebración de audiencias en los tribunales antes de encarcelar a un acusado.

La medida es usada ampliamente contra activistas, disidentes y sectas religiosas

El tema es sensible, como prueba que las informaciones aparecidas en la CCTV o Caixin fueron retiradas rápidamente. Posteriormente, la agencia Xinhua dio una versión oficial más suave. “El Gobierno chino promoverá este año las reformas de su controvertido sistema de reeducación por el trabajo, (…) que, según expertos, contradice leyes superiores, incluida la Constitución china”, señala Xinhua.

La desaparición —o la reforma— de los campos de reeducación es una señal de la intención del nuevo secretario general del PCCh y próximo presidente del país, Xi Jinping, de acometer cambios políticos y legales moderados, que han permanecido en la sala de espera durante el mandato de su predecesor, Hu Jintao.

La eliminación del sistema de detención a voluntad de la policía es una demanda desde hace mucho tiempo de abogados y activistas. La gran pregunta es si será sustituido por algo similar, ya que su desaparición incrementaría el trabajo sobre los ya muy sobrecargados tribunales y los dirigentes chinos temen el efecto que pueda tener sobre la estabilidad y la seguridad.

La organización Human Rights Watch afirma que la “suspensión del uso de la reeducación por el trabajo sería un paso importante”, pero insiste en que “el Gobierno debería aspirar a su completa abolición”. Esto sería un “paso incuestionable hacia el establecimiento del Gobierno de la ley en China”, ha afirmado Sophie Richardson, directora para el país asiático de la organización.

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Corresponsal de EL PAÍS en China

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