La justicia avala que el chavismo se mantenga aferrado al poder

El Tribunal Supremo avala la continuidad del Gobierno pese a la ausencia del presidente

Maduro convoca a 20 cancilleres latinoamericanos para homenajear a Chávez este jueves

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El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ha dado este miércoles el paso que faltaba para celebrar el 10 de enero la apoteosis de un ausente. En un fallo al que han llegado los magistrados de su Sala Constitucional, leído por la presidenta del alto tribunal, Luisa Estella Morales, ha respaldado la tesis del Gobierno de “continuidad administrativa” ante la ya oficial ausencia del presidente, Hugo Chávez, enfermo en Cuba, a su cuarta toma de posesión como jefe de mandato presidencial, previsto para este jueves.

En resumen, la decisión determina que se puede postergar el juramento de Chávez hasta que el propio mandatario “dé constancia del cese de los motivos sobrevenidos” que forzaron su ausencia. No habría condiciones para declarar ni la falta absoluta del presidente ni la temporal. También establece que el vicepresidente, ministros y demás integrantes del actual “poder ejecutivo seguirán en cumplimiento cabal de sus funciones”.

Por su parte, Henrique Capriles, el último candidato de la oposición en las presidenciales de octubre, declaró ayer en conferencia de prensa que el tribunal se había prestado para resolver “un problema que tiene el Gobierno". “Es lamentable, porque las instancias no deben responder a un partido", añadió. Cuando le preguntaron si iba a llamar a la movilización de sus seguidores ante la jornada del 10 de enero respondió. “Yo no voy a convocar a nuestro pueblo a que vaya a un escenario de confrontación pueblo con pueblo. Eso es lo que quiere el Gobierno. Conmigo que no cuenten para eso. “No les extrañe que haya algunas acciones aisladas alentadas por el propio Gobierno, diciendo que es la oposición”.

Nicolás Maduro, vicepresidente de Venezuela, compareció en televisión junto a los ministros de Exteriores de 20 países pertenecientes a las organizaciones PetroCaribe y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y los invitó a celebrar un acto de homenaje el 10 enero en el palacio presidencial de Miraflores.

En cuanto al oficialismo, dejar todo igual hasta que sea inevitable cambiarlo: tal parece la consigna definitiva del oficialismo ante los retos que la gravedad del presidente les presenta día a día. Tal también es el espíritu de la sentencia del Supremo. Responde a lo que se anticipaba, después de que el vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, y el Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello —ambos, pretendientes al liderazgo vacante del chavismo— defendieran una interpretación de la Constitución que aseguran el continuismo del actual Gabinete. La propia Luisa Estella Morales había adelantado su criterio el pasado 20 de diciembre, cuando aseguró en declaraciones públicas: “Aquí hay un hecho muy importante, que es la continuidad por la reelección del presidente”.

Sin embargo, el documento —emitido en respuesta a una solicitud de interpretación del artículo 231 de la Constitución, que define las ausencias del presidente de la República— parece ir más allá de las pretensiones hasta ahora expresadas por el Gobierno y el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El Supremo no “encuentra méritos” para convocar a una junta médica que certifique el verdadero estado de salud de Chávez, pues considera que el Ejecutivo ha venido informando al respecto de manera oportuna. Y como colofón: no se definen condiciones, ni de modo ni de tiempo, para que el presidente electo jure su cargo.

Así se le tiende una alfombra roja jurídica a la situación que, de facto, impera desde que hace justo un mes, cuando, el presidente Chávez dio a conocer una recidiva de su cáncer y su determinación de que, en caso de que la operación a la que se iba a someter en La Habana le impidiese regresar al poder, sus partidarios consideraran a Nicolás Maduro como sucesor.

La jornada previa había sido de intensa actividad política en ese mismo sentido. La noche del martes, la Asamblea Nacional, ampliamente dominada por el oficialismo, había acordado instar a los demás poderes del Estado a regirse por la interpretación oficialista del artículo 231 de la Constitución. El Parlamento hizo la exhortación —votada sólo por los diputados del PSUV y sus partidos aliados— después de recibir una carta firmada por el vicepresidente Maduro en la que este, en nombre del presidente Chávez, daba a conocer que la convalecencia del primer mandatario en Cuba se extendería más allá del 10 de enero, fecha prevista para su toma de posesión.

Solo surgió en Venezuela una inesperada voz disidente. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, suscribió la tesis de que se debía declarar la falta temporal del presidente electo. Por anticipado que fuese el contenido de la decisión del Supremo, no por ello quedó atenuada la expectativa que había en torno a su anuncio.

La intervención de la magistrada Morales ha sido televisada en directo y en cadena nacional. Para encontrar un antecedente semejante en la historia reciente venezolana, hay que remontarse al 20 de mayo de 1992, cuando una ponencia de la entonces Corte Suprema de Justicia dio lugar a una investigación contra el presidente Carlos Andrés Pérez por acusaciones de malversación. Pérez renunció al cargo.

Los medios estatales han convocado para el jeuves un acto de masas en Caracas. Se anuncia la participación de un verdadero desfile de presidenciales, que incluye no sólo a Maduro y Cabello, sino a otros líderes chavistas.

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