El Gobierno mexicano promulga una histórica ley de víctimas
La norma, impugnada por el anterior presidente, es fruto del Movimiento del poeta Javier Sicilia
El gobierno de México promulgó la ley general de víctimas que es fruto de la presión social del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia. Con la publicación este miércoles del decreto de la ley en el Diario Oficial de la Federación, el presidente Enrique Peña Nieto cumple la promesa hecha el primer día de su gobierno, cuando ofreció destrabar esta legislación, aprobada en abril por unanimidad en el Congreso mexicano pero recurrida ante el Supremo por el anterior gobierno, que la creía inviable e ilegal.
“Hoy es un día puntuado por una paradoja, la tristeza y la alegría”, dijo en la ceremonia de promulgación el poeta Sicilia, vestido con su característico sombrero tipo Indiana Jones. De tristeza, explicó, porque no debió haber sido, porque es “la consecuencia de la no aplicación de leyes, de la impunidad, de la corrupción, del desprecio, de la erosión del esqueleto moral del Estado mexicano” y “de una guerra que nunca debió haber sucedido”. De alegría, continuó, porque “se abre una esperanza, la esperanza de la paz y la justicia, la de la palabra cumplida, la esperanza de un Estado que rompa la espantosa brecha entre ciudadanos y autoridades que tanto daño ha hecho al país”.
En el acto, llevado a cabo en la residencia oficial de Los Pinos, representantes de organizaciones de víctimas mostraban fotografías de sus familiares desaparecidos. Las palabras de Sicilia, quien además pidió un minuto de silencio, provocaron que varias víctimas rompieran en llanto.
La nueva ley, en cuya redacción participaron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de institutos especializados en ciencias penales, así como de organismos de derechos humanos, crea un marco jurídico que define los derechos de las víctimas y las obligaciones de todos los gobiernos para protegerlas, asistirlas y brindarles reparación integral.
El objeto de la Ley, expone el Diario Oficial de la Federación, es “reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de sus derechos violados, debida diligencia, no repetición y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte y demás instrumentos de derechos humanos”.
Peña Nieto: “Detrás de cada delito hay una historia de dolor”
La ley dota de mecanismos para que las víctimas sean reconocidas por el gobierno como tales, y que además de reconocimiento se procure reparación del daño. Además, la ley provee apoyos efectivos –jurídicos y materiales— para que los deudos puedan reclamar justicia. “Detrás de cada delito hay una historia de dolor”, dijo el presidente Peña Nieto, por lo que “era urgente contar con un marco legal que protegiera desde ya a las víctimas”. El presidente remarcó que se trata del inicio de toda una red de protección por parte del Estado mexicano para las víctimas, y que sin embargo es una “ley perfectible, que aún debe mejorarse”, para lo que se comprometió a establecer un diálogo con la sociedad civil y el Congreso y así darle “plena viabilidad”.
Peña Nieto recordó que con esta ley se creará un sistema nacional de víctimas, una comisión ejecutiva de atención, un órgano de asesoría jurídica, un registro nacional de víctimas y un fondo de ayuda. Sicilia había advertido que la promulgación de la ley no basta, que se necesita que el sistema nacional de atención cuente con los suficientes recursos y el debido personal para atender la demanda de los deudos de las más de 60 mil personas asesinadas desde el sexenio anterior. Sin esos recursos, dijo el poeta, la ley “será una letra muerta, una buena intención en medio del infierno”.
La guerra contra la droga ha dejado más de 60.000 muertos en el país
El poeta, cuyo hijo fue asesinado en 2011, recordó al gobierno que “una nación no puede aceptar no saber donde se encuentran más de 20 mil de sus hijos”. Además, Sicilia dijo que “no habrá suficiente justicia para los muertos si no recuperamos sus nombres, sus historias”, por lo que propuso, entre otras cosas, que el monumento construido para el bicentenario de la Independencia, llamado Estela de luz y objeto de escándalos de corrupción y malversación de fondos, sea convertido en un memorial de las víctimas.
El gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), en el que se inició una ofensiva en contra de la delincuencia organizada que ha dejado más de 60 mil homicidios y alrededor de 20 mil desaparecidos -crímenes que han seguido luego del cambio de poder, en diciembre pasado- se comprometió inicialmente a apoyar la ley, pero luego encontró defectos que, de acuerdo con lo que se argumentó entonces, la harían inviable económica y jurídicamente, por lo que interpuso una controversia constitucional ante la Corte Suprema de México.
El 1 de diciembre, al tomar posesión, Peña Nieto anunció que su administración se desistiría de la controversia y que promulgaría la ley en breve, lo que ocurrió este miércoles, fecha en que además tanto el gobierno como las organizaciones de víctimas se comprometieron a subsanar lo que sea necesario de esta norma que entrará en vigor en 30 días.
