Las claves de la negociación sobre la reforma migratoria

Se espera que el presidente presente su propuesta después de su investidura el día 20

El presidente Obama durante su conferencia de prensa este lunes en la Casa Blanca. / BRENDAN SMIALOWSKI (AFP)

La nueva ley de inmigración de Estados Unidos puede convertirse en una de las mayores reformas del presidente y en un nuevo motivo de enfrentamiento con los republicanos. Éstos no darán facilidades a los cambios a pesar de que necesitan recuperar el apoyo de la comunidad hispana, que ya castigó al candidato presidencial Mitt Romney con menos de un cuarto de los votos y les obligó a prometer colaboración apenas 24 horas después de las elecciones.

El presidente Obama convirtió la reforma en una de sus promesas electorales -como ya lo fuera en 2008- y se espera que adelante los detalles de su propuesta en las próximas semanas, después de que jure el cargo el próximo 20 de enero, aunque la votación en el Capitolio no llegaría antes del verano. Mientras que los demócratas abogan por una reforma global y que abarque los principales componentes del sistema de inmigración, los republicanos prefieren dividir la reforma en varias leyes independientes y separadas porque consideran que así podrán reunir más votos de congresistas y senadores reacios a respaldar una gran reforma.

Amnistía o acceso a la ciudadanía

Uno de los grandes escollos que deberán superar los dos partidos es el del acceso a la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados que residen en el país. Desde que el debate sobre inmigración se intensificó en 2010, tras la aprobación de la ley de Arizona en primavera y hasta las elecciones legislativas del otoño, los republicanos acusaron a los demócratas de buscar una amnistía para los indocumentados. Tanto Obama como la Casa Blanca se han preocupado en los últimos meses de no emplear este término y enfatizan, siempre que pueden, que su propuesta sólo convertirá en ciudadanos a aquellos que cumplan las condiciones impuestas por la reforma. Entre ellas estaría el pago de impuestos atrasados y de una multa por haber entrado en el país de manera ilegal.

“Cuando el cabeza de familia logra la ciudadanía estadounidense, los ingresos familiares aumentan de media un 14%”, argumentaba el alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, en una columna publicada por POLITICO. Villaraigosa es una de las voces demócratas líderes en materia de inmigración. “Para los 11 millones de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos esto supondría generar más de 1,5 billones de dólares. El gobierno federal recaudaría además 4.500 millones en impuestos solo en los próximos tres años”.

El futuro de los 'dreamers'

Las otras tres grandes áreas que probablemente centrarán la reforma son el acceso a la ciudadanía y un permiso de residencia para los jóvenes inmigrantes indocumentados, los visados para extranjeros altamente cualificados y el programa de intercambio para trabajadores agrícolas. Los ‘dreamers’, como se conoce a los cerca de dos millones de jóvenes sin papeles que se hubieran beneficiado de la ley Dream Act, sufrieron un importante golpe cuando ésta fracasó en el el Congreso a finales de 2010. Su suerte sólo cambiaría el pasado mes de junio, cuando una orden ejecutiva del presidente les concedía un permiso para residir y trabajar en EE UU durante dos años.

Ahora los demócratas quieren que la reforma aporte nuevas condiciones para estos jóvenes, sabiendo que la amenaza de la deportación no sólo recae sobre personas individuales, sino que cambia la vida de familias enteras: el 46 por ciento de los hispanos tienen un pariente indocumentado y casi un tercio de los deportados tiene familiares estadounidenses. Según los expertos, este drama fue uno de los argumentos que provocaron el apoyo masivo a Obama en las elecciones presidenciales.

Demanda de trabajadores especializados y agrícolas

El futuro económico de EE UU también depende de la llegada de profesionales altamente cualificados y de las facilidades de los estudiantes extranjeros tras culminar su formación en las universidades estadounidenses. La primera propuesta republicana para conceder permisos de residencia a extranjeros con este perfil fracasó en la Cámara de Representantes a finales de 2012. Por último, la Casa Blanca buscaría la creación de un programa de trabajadores agrícolas que permita a millones de indocumentados acceder a empleos temporales, con garantías de seguridad ante posibles abusos de empresarios, y mediante acuerdos con otras naciones como México. Se estima que Estados Unidos contrata más de dos millones de empleados agrícolas al año y que la mitad podrían ser indocumentados.

Durante su primer mandato, y sabiendo que la mayoría republicana en la Cámara de Representantes iba a dificultar el avance de su propuesta de inmigración, Obama decidió responder a todas sus exigencias en este debate: la seguridad en la frontera, la deportación de indocumentados -más de un millón de personas- la obligatoriedad de programas como E-Verify o Comunidades Seguras, el primero permite confirmar el estatus migratorio de candidatos a un puesto de trabajo y el segundo concede competencias de inmigración a las autoridades policiales de varios Estados.

Una vez cubiertos estos frentes, Obama puede argumentar ante los republicanos que la frontera es más segura que nunca -los datos de las autoridades federales validan esta postura- que ha cumplido con su obligación con cuotas de deportación de indocumentados muy superiores a las de su predecesor, George W. Bush, y que ha invertido más en materia de inmigración, por ejemplo, que en la lucha contra las drogas.

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