Las acusaciones contra seis altos militares mexicanos decaen por falta de pruebas
Estaban acusados de colaborar con el narcotráfico El nuevo gobierno evidencia la debilidad de casos judiciales emblemáticos del sexenio anterior
La Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) de México reconoció el lunes que no cuenta con elementos probatorios para sostener la acusación contra de seis militares de alto rango, detenidos desde mayo pasado acusados de dar protección a narcotraficantes. Con esto terminará en chasco un caso que fue presentado por el anterior gobierno como una muestra de lo alto que había llegado el poder corruptor del crimen organizado.
Los generales de división Tomás Ángeles Dahuahare (retirado) y Ricardo Escorcia Vargas (retirado), el general de brigada Rubén Pérez Ramírez, el general Roberto Dawe González, el teniente coronel Silvio Hernández Soto y el mayor Reyna Muñoz se enfrentaban a las acusaciones surgidas de los testimonios de los testigos protegidos Jennifer y Mateo, cuya identidad corresponde al abogado Roberto López Nájera y al presunto narcotraficante Sergio Villarreal, también conocido como El Grande. A ambos se les vincula con el narcotraficante Égdar Valdez Villarreal, alias La Barbie.
Desde que el caso surgió, diversas voces pusieron en entredicho la solidez de las acusaciones. En particular causó extrañeza que fuera incriminado el general Ángeles Dahuahare, descendiente de un héroe revolucionario, ex subsecretario de la Defensa Nacional y hombre de trato afable y discreto estilo de vida. La familia de Ángeles Dahuahare y la de otros inculpados acudieron a los medios de comunicación para denunciar irregularidades procesales. A pesar de ello, a finales de julio quedaron formalmente presos en un reclusorio de alta seguridad.
El caso sin embargo nunca pareció tener más fundamento que las declaraciones de los dos testigos protegidos, que ahora se encuentran en Estados Unidos. La fiscalía se vio forzada a reconocer que carecía de más pruebas al responder a una petición de la defensa del general Ángeles Dahuahare, quien desde la semana pasada solicitó que se cerrara su caso. “Los desposados (las declaraciones) de los testigos protegidos colaboradores no se encuentran corroborados con medio convictito alguno”, expuso el lunes la PGR en un documento entregado al juez tercero de distrito de procesos penales federales. Existe la misma carencia de pruebas en los casos de los otros cinco militares acusados en el mismo juicio de Ángeles Dahuahare.
El caso nunca pareció tener más fundamento que las declaraciones de los dos testigos protegidos
A pesar de que durante el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012) hubo diversas detenciones de funcionarios de diferentes niveles de gobierno, incluso de oficiales de la cúpula de la Policía Federal, ningún caso fue más notorio que el de los militares de alto rango retenidos en mayo. El arresto llegó a ser visto como un nuevo y grave incidente similar al ocurrido en 1998, cuando fue detenido el general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien dirigía el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, y quien fue condenado a 40 años de prisión por delitos contra la salud y delincuencia organizada.
En tiempos de Calderón la fiscalía se caracterizó por emprender detenciones de alta visibilidad que no pocas veces concluyeron en grandes chascos. El caso más relevante fue el llamado Michoacanazo, ocurrido en mayo de 2009 cuando 35 funcionarios de Michoacán, entre los que había presidentes municipales, estatales y un juez, fueron detenidos en una megaoperación que a los pocos meses se convirtió en el hazmerreír nacional cuando todos los detenidos salieron de la cárcel.
Este martes y después de que se difundiera la información sobre los generales que estarían camino de obtener su libertad, desde el Senado de la República el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se manifestó a favor de la revisión del uso de los testigos protegidos. Si esto sucediera, sería un paso más en una renovación que ha emprendido el nuevo gobierno, que en voz del Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, también es partidario de revisar el arraigo, una figura legal mediante la cual se mantiene arrestada indefinidamente a una persona en una suerte de detención sin pruebas.
El gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI) ha dado además un giro a la estrategia mediática ligada a la lucha anticrimen. Desde el día de su toma de posesión, el primero de diciembre, el nuevo presidente erradicó de su discurso cotidiano el tema de la violencia. Y este lunes se informó de que ya no habrá difusión de las capturas de presuntos criminales en los medios de comunicación ni presentación ante la prensa de supuestos delincuentes, la propaganda favorita del anterior gobierno, al que nunca le importó acusarlos en los medios sin luego poder probar ante un juez su culpabilidad.
