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Todos los detalles del plan bipartidista para reformar el sistema migratorio

Entre los republicanos se encuentran el senador John McCain, líder de la reforma fallida de 2007, y el legislador hispano de Florida, Marco Rubio

El senador republicano, John McCain, representa al Estado de Arizona, uno de los más afectados por la inmigración ilegal. AFP

Un grupo de senadores demócratas y republicanos ha acordado las bases para reformar el sistema de inmigración de Estados Unidos, incluida la legalización de 11 millones de indocumentados. El pacto, que será presentado este lunes por la tarde y ha sido adelantado por varios medios estadounidenses, llega un día antes de que el presidente Obama ofrezca el primer mitin de su segundo mandato en Las Vegas, Nevada, para pedir públicamente al Congreso que apruebe la reforma.

El ambicioso acuerdo incluye además el principal requisito del Partido Demócrata con respecto a la reforma: abordarla a través de una sola ley y no con varias medidas independientes, una estrategia preferida por los Republicanos ya que permitiría a algunos legisladores respaldar algunos cambios mientras se oponen al más polémico, la legalización de los indocumentados.

“Mira las últimas elecciones. Estamos perdiendo el voto hispano de manera dramática, y pensamos que debería ser nuestro”, declaró este domigno el senador republicano John McCain en la cadena ABC, en referencia a la victoria de Obama en noviembre, con 7 de cada 10 votos hispanos. “No podemos vivir para siempre con 11 millones de personas en las sombras”. McCain, uno de los líderes de su partido en materia de inmigración, y principal defensor de la reforma fallida de 2007, ha rechazado en los últimos cuatro años cualquier medida similar. Su presencia en este acuerdo puede conseguir todavía más apoyos entre las filas republicanas.

Se espera que el Senado presente una ley para la reforma el próximo mes de marzo y que la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, también plantee su propio proyecto. A pesar de la buena acogida que ha recibido el acuerdo bipartidista y de que el presidente Obama haya declarado que la reforma migratoria es una de sus mayores prioridades de su segundo mandato, el debate de la reforma y su eventual aprobación podría alargarse finales de año.

Los indocumentados deberán darse de alta en un registro y pagar una multa por entrar ilegalmente en el país, así como los impuestos de todos los años en los que han vivido en EE UU

La propuesta de los ocho senadores -cuatro demócratas y cuatro republicanos- incluye la creación de un proceso, “duro pero justo” para que los 11 millones de personas que se estima residen en EE UU ilegalmente se registren en un sistema federal, paguen impuestos correspondientes a todos los años que han vivido en el país y consigan una autorización para vivir y trabajar temporalmente. Sólo después obtendrían una ‘green card’, como se conoce al permiso de residencia.

El texto presentado este lunes incluye también una reforma del sistema para “crear un sistema de verificación de trabajadores que impedirá la falsificación de documentos de identidad y terminará con la contratación de empleados indocumentados”, establecerá “condiciones especiales” para regularizar a jóvenes indocumentados que hayan estudiado en el sistema estadounidense y para trabajadores agrícolas “que han desempeñado una labor importante y complicada mientras obtenían salarios de subsistencia”.

El plan bipartidista establece además que este proceso no podrá arrancar hasta que no se hayan cumplido determinadas condiciones de seguridad en la frontera, para impedir el acceso de nuevos indocumentados. La falta de especificaciones con respecto a qué se considera una frontera 100% segura, sin embargo, puede ralentizar el avance de la propuesta. Los senadores afirman que será necesario crear un comité de gobernadores, líderes de la comunidad hispana y representantes de las fuerzas de seguridad de los estados fronterizos y que ellos determinarán el momento en que EE UU puede confiar en una frontera impermeable.

Mientras tanto, los 11 millones de indocumentados podrán darse de alta en un registro, pagar una multa por entrar ilegalmente en el país -está considerado un delito civil- y los impuestos de todos los años en los que han vivido en EE UU. Las autoridades federales comprobarán que los candidatos a la residencia no han cometido ningún delito criminal y, de ser así, podrían ser deportados automáticamente. Los que cumplan con todos estos requisitos podrán solicitar la regularización, para lo que encontrarán nuevas condiciones: “demostrar historial de empleo, puesto de trabajo actual, aprender inglés y ciudadanía”.

Según la propuesta, los solicitantes que cumplan con todas las condiciones sólo recibirán su ‘green card’ una vez que la hayan recibido todos aquellos que la hubieran solicitado por vías tradicionales antes de ser aprobada la reforma. El período de espera para conseguir un permiso de residencia supone entre seis y 24 meses, por lo que el proceso de regularización de 11 millones de indocumentados no se producirá de manera automática.

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