Reencuentro con el horror en Perú

Familias de víctimas de Sendero Luminoso y el Ejército reciben conjuntamente restos exhumados en Ayacucho, epicentro de la sangrienta guerra entre el Estado y los terroristas en los ochenta

Funeral multitudinario en Huamanga, en Ayacucho, de asesinados en los ochenta, el 25 de enero. / l. searles (EFE)

“Si quiere agua, si quiere pañuelos, tenemos”, ofrece una voluntaria a uno de los hombres que ha recibido en Huamanga (Ayacucho, sierra sur de Perú) los restos de un familiar asesinado en una de 20 matanzas registradas entre 1984 y 1985 en Chungui, epicentro de la violencia que inició el grupo terrorista Sendero Luminoso en 1980. El pasado viernes, los deudos de 78 personas se reencontraron con historias brutales, cuando los subversivos, los militares y los comités de autodefensa mataban o desaparecían a sus enemigos. Esta es la primera vez que, en un mismo acto, el Estado devuelve restos identificados de víctimas de todas las partes del conflicto.

Según información de la fiscalía, los 20 años de violencia dejaron 15.700 desaparecidos en Perú, de los que han sido exhumados poco más de 2.000 cuerpos, e identificados unos 1.000. A diferencia de los desaparecidos en Chile y Argentina, el mayor porcentaje en Perú eran indígenas quechua, de zonas rurales, lo cual coloca en desventaja a los deudos a la hora de buscar justicia.

En 2003, el informe de la Comisión de la Verdad reportó 1.371 muertos y desaparecidos en el distrito de Chungui —el 17% de su población censada en 1981— y 300 fosas en 1.060 kilómetros cuadrados. Además, calificó la violencia en dicha zona como la más “cruenta y devastadora”.

La restitución de restos exhumados e identificados representa una operación logística compleja, pues los parientes que sobrevivieron residen en otras zonas del distrito de Chungui, a 10 horas de la ciudad de Huamanga, o proceden de otros departamentos del país adonde se desplazaron debido a la violencia. El Gobierno regional, municipalidades, el Comité Internacional de la Cruz Roja y ONG locales se han repartido los gastos de los ataúdes, los arreglos florales, y el transporte y alojamiento.

La víspera de la restitución, los familiares han acudido al laboratorio forense del Ministerio Público, un amplio complejo que guarda miles de cajas con huesos, ropa y elementos, restos de 20 años de matanzas. Un grupo de voluntarios intenta contener el desborde emocional con una palmada en la espalda, pañuelos, vasos de agua y algodón empapado en agua de azahar o alcohol. El día de la entrega de los restos, en presencia de autoridades fiscales de Ayacucho y de la fiscal Jhousy Aburto, a cargo de las dos denuncias vinculadas con estos casos, los familiares reciben el documento que acredita la identificación hecha por los forenses. “Luego deben canjearlo por el certificado de defunción en la Municipalidad”, precisa Rafael Barrantes, del programa de personas desaparecidas del CICR. Un trabajador de la fiscalía traduce los trámites al quechua. Algunos se acercan al ataúd de su ser querido y se fotografían, incluso con niños pequeños: el ambiente es de seriedad, reencuentro, pero también de un antiguo sufrimiento.

En abril de 2011, la ONG Comisión de Derechos Humanos denunció al mayor del Ejército Pedro Baca Doig, ex jefe militar de Chungui, y a Óscar Alberto Ramírez Durán, jefe de Sendero Luminoso en Ayacucho entre 1984 y 1985. Aún no hay acusación fiscal contra los denunciados, pero las exhumaciones derivadas de estas denuncias se realizaron en noviembre pasado y de ellas proceden los restos devueltos.

El antropólogo ayacuchano José Coronel destaca la importancia de esta restitución para una población que tiene el Día de los Santos y de los Muertos como los principales del año: “Es un ciclo que por fin se cierra”, dice.

Paradójicamente, no es el fin de un ciclo para una gran cantidad de ayacuchanos como, por ejemplo, Sabina Maytan, de 66 años. Ella regresó a Ayacucho para dar entierro definitivo a su esposo, Pablo Díaz, cuyo cuerpo estuvo 30 años mal sepultado en una fosa que ellos mismos cavaron una madrugada, amenazados por los miembros de Sendero Luminoso que cometieron el asesinato. “Ya habíamos olvidado esto, y ahora todo esto vuelve”, relata su hijo Rigoberto, de 42 años. “Mataron a otros vecinos delante de nosotros, yo tenía once años”.

Este año se cumplen 10 años del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y está previsto que se inaugure un Museo de la Memoria en Lima; sin embargo, queda demasiado por desvelar y restañar.

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