Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

Una ley sobre la dictadura divide al Gobierno y la Justicia en Uruguay

El máximo tribunal declaró inconstitucional una norma que evita la prescripción de los delitos cometidos durante el régimen militar

Un grupo de activistas se manifiestan frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia en Montevideo (Uruguay).
Un grupo de activistas se manifiestan frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia en Montevideo (Uruguay). EFE

Los 12 años de dictadura que sufrió Uruguay entre 1973 y 1985 aún siguen marcando la agenda política del país. El pasado viernes, los cinco miembros de la Suprema Corte de Justicia declararon inconstitucional una ley aprobada en 2011 por el izquierdista Frente Amplio que evitaba la prescripción de los delitos cometidos durante el régimen militar. A consecuencia de ese fallo, emitido con cuatro votos a favor y uno en contra, el Frente Amplio convocó este lunes una concentración silenciosa ante la sede de a Suprema Corte. La senadora del Frente Lucía Topolansky, esposa del presidente José Mujica, planteó la posibilidad de promover un juicio político contra los miembros de la Corte.

Elena Zafaroni, miembro de las Madres y Familiares de Desaparecidos, indicó en conversación telefónica desde Montevideo que su asociación se sumaría a la marcha aunque considera que algunos sectores del movimiento oficialista han sido “en buena parte responsables” de que en Uruguay no se investiguen a fondo los crímenes de la dictadura.

Zafaroni, quien perdió a su marido durante la dictadura, cree que la decisión de la Corte ya se veía venir desde que el pasado 15 de febrero decidió trasladar a la jueza Mariana Mota desde la sección Penal a la Civil. Con esa decisión, Mota fue alejada de las 50 causas que investigaba en relación a detenidos y desaparecidos durante el régimen militar. “Los delitos de lesa humanidad exigen mucho estudio y especialización. Y ahora, la persona que la sustituya necesitará al menos cinco años por delante para empaparse de las 50 causas que ella llevaba”.

El periodista uruguayo Alfonso Lessa, quien ha escrito cuatro libros sobre la historia reciente del país, indicó ayer en conversación telefónica que aunque el fallo provoque indignación en los familiares, era previsible. “Este debate lleva en Uruguay 27 años, pero a los únicos que no puede sorprender es a los legisladores. En 2010 y 2011, antes de aprobar la ley, el Parlamento consultó a muchos especialistas. Y todos les dijeron que les iban a llover cataratas de recursos de inconstitucionalidad. Y a pesar de eso, decidieron aprobarla”.

La ley de 2011 invalidaba una amnistía decretada en 1986, cuando el país salió de la dictadura. Esa amnistía o “Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado” fue sometida a plebiscito en 1989 y en 2009. En las dos ocasiones, la mayor parte de los uruguayos se pronunciaron en contra del revisionismo.

“Desde el extranjero puede resultar difícil de entender”, explica Lessa. “Pero quizás es porque se ignora que en Uruguay los principales denunciados de la dictadura están presos. Y en cuanto a los dictadores… El principal, Gregorio Álvarez, se encuentra en la cárcel desde 2007; y el otro, José María Bordaberry, murió en prisión domiciliaria en 2011. La aprobación de la amnistía ocurrió hace 27 años y el golpe de Estado hace 40. A la gente joven le queda demasiado lejos esta historia. La coalición del Frente Amplio se vio presionada por alguno de sus sectores más radicales para aprobar la ley de 2011. Pero, en realidad hay otra parte del Frente, que aunque no lo dice públicamente, está a favor de la amnistía y coincide con el fallo de la Suprema Corte. Resulta muy significativo, por ejemplo, el silencio que mantiene el expresidente [2005-2010] Tabaré Vázquez”.

El fallo del máximo tribunal uruguayo no sólo ha provocado una fractura con el Gobierno, sino escisiones manifiestas dentro del izquierdista Frente Amplio. Así, a diferencia de la senadora del Frente Lucía Topolansky, partidaria de promover un juicio político a los miembros de la Corte, el director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, Javier Miranda, declaró que acata la sentencia aunque no la comparta.