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China se enfrenta a la necesidad de cambio

El malestar por las diferencias sociales y el agotamiento del modelo económico obligan a la nueva cúpula que se dispone a tomar el mando a emprender profundas reformas

El presidente chino saliente, Hu Jintao, se refresca la cara junto a su sucesor, Xi Jinping, en la Conferencia política consultiva en el Palacio del Pueblo de Pekín.
El presidente chino saliente, Hu Jintao, se refresca la cara junto a su sucesor, Xi Jinping, en la Conferencia política consultiva en el Palacio del Pueblo de Pekín. AFP

Cada año, al llegar el mes de marzo, los alrededor de 3.000 diputados chinos, llegados de todo el país, se reúnen durante dos semanas en Pekín para celebrar la sesión anual del Parlamento. Es el ritual periódico de la política china. Pero este año, el plenario, que arranca este martes — ayer domingo comenzó la sesión de su órgano asesor, la Conferencia Consultiva Política, que debatirá miles de propuestas de reforma—, reviste una especial importancia. Tras una década en el poder, el presidente chino, Hu Jintao, cederá al final del cónclave el testigo a Xi Jinping, actualmente vicepresidente, y Wen Jiabao será sustituido en la jefatura del Gobierno por Li Keqiang, ahora viceprimer ministro. Culminará así el proceso de transición a la quinta generación de líderes, tras las de Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin y Hu Jintao, que quedó sellado en el 18º congreso del Partido Comunista Chino (PCCh), celebrado en noviembre pasado, en el que fueron designados los siete miembros del Comité Permanente del PCCh, con Xi Jinping a la cabeza como secretario general del partido.

Los nuevos dirigentes heredan un país más fuerte desde el punto de vista de la política exterior y la economía —China es la segunda potencia económica del mundo tras Estados Unidos—, pero con mayores tensiones internas y algunos de los desafíos que encontró Hu a su llegada, en 2002, más exacerbados, lo que les obligará a acometer profundas reformas para intentar garantizar la continuidad del desarrollo y del gobierno único del PCCh.

Xi, de 59 años, y su equipo tendrán que hacer frente a un amplio abanico de problemas: la fuerte corrupción, la degradación medioambiental, las suspicacias de los vecinos asiáticos por el creciente poderío militar y económico chino, la tensión con Estados Unidos, las ambiciones nucleares de Corea del Norte, el agravamiento del conflicto étnico en Tíbet, las crecientes demandas de reformas políticas de la población y, en particular, las extremas diferencias sociales y el agotamiento del modelo económico.

Los expertos piensan que los líderes saben que el país ha alcanzado un punto de inflexión en su desarrollo económico y político. Sin reformas, China corre el riesgo de caer en “la trampa de los ingresos medios”, después de tres décadas de crecimiento meteórico, según el Banco Mundial. El producto interior bruto (PIB) chino creció un 7,8% en 2012, el ritmo más lento de los últimos 13 años. Muchos analistas creen que si Pekín no lleva a cabo cambios ambiciosos, el aumento anual de la economía estará más cerca del 5% que del 10% a finales de esta década, lo que hará aún más difícil reducir las diferencias sociales. Pero no será fácil llevar a cabo las reformas, debido a la existencia de grupos de interés poco partidarios de ellas y el temor en la cúpula dirigente a que cualquier movimiento pueda ser fuente de inestabilidad. Durante la sesión inaugural del Parlamento, Wen Jiabao leerá su último discurso del estado de la nación a los parlamentarios, entre los que hay líderes políticos, presidentes de empresas, militares, monjes y algunos de los empresarios más ricos del país. Aunque la Asamblea Popular Nacional es un órgano que aprueba, más que critica, las políticas decididas previamente por los altos dirigentes del partido, algunos de los temas candentes en discusión este año serán el intento de redistribuir de forma más equitativa la riqueza, la lucha contra la corrupción, el medioambiente, los planes de llevar a cabo una profunda reestructuración de los ministerios, el proceso de urbanización del país, y la posibilidad de reforma del hukou, el certificado de residencia que tienen los chinos y que impide a los trabajadores que emigran a otras provincias gozar de los mismos derechos de sanidad o educación que los locales.

El pasado enero, el Gobierno desveló un ambicioso programa para reducir las desigualdades sociales —entre las mayores del mundo—, que prevé incrementar el salario mínimo y gravar más a las empresas estatales, con objeto de generar fondos con los que financiar la seguridad social. Durante el congreso del partido, en noviembre, Hu Jintao prometió reformas económicas y mayor riqueza para la gente, y fijó como objetivo que para 2020 la población, tanto de las zonas urbanas como las rurales, duplique los ingresos per cápita con respecto a 2010. Para ello, las corporaciones públicas y los más ricos deberán pagar más impuestos. Además, se modificarán los tipos bancarios para que los ahorradores puedan obtener más beneficios de sus depósitos.

Los defensores de las reformas argumentan que la reducción de la brecha social exige, además, reformas fundamentales de la estructura económica para limitar el dominio de las empresas estatales, que gozan de numerosos privilegios frente al sector privado. El Gobierno pretende bascular hacia un modelo de desarrollo más basado en el consumo interno y menos en las exportaciones y la inversión, imprescindible para garantizar un crecimiento económico continuado a largo plazo.

Otro asunto a debate podría ser la modificación del controvertido sistema de campos de reeducación por el trabajo, que permite a la policía detener a supuestos criminales hasta cuatro años sin necesidad de juicio. El sistema ha sido muy criticado por los defensores de los derechos humanos, que lo consideran una fuente continua de abusos.

Además del presidente y el primer ministro, en la sesión parlamentaria serán designados otros altos cargos, como los presidentes de la Asamblea Popular Nacional y de la Conferencia Consultiva Política, los viceprimeros ministros, los ministros, el presidente del Tribunal Supremo y el fiscal general del Estado. Los parlamentarios aprobarán el informe del Gobierno de 2012 presentado por Wen Jiabao y el borrador del plan de desarrollo económico y social nacional para 2013.