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Clegg propone nuevas medidas contra la inmigración ilegal

El líder liberal británico plantea exigir el pago de un depósito en la frontera a ciudadanos de “países de alto riesgo”

Trabajadores protestan contra la contratación de extranjeros en Lindsey (Inglaterra). / J. Giles  (AP)

Nick Clegg ha anunciado un cambio radical en la tradicional política proinmigración de los liberales-demócratas británicos. El líder liberal y número dos de la coalición que gobierna Reino Unido ha apoyado la puesta en marcha a título experimental de un nuevo sistema por el que determinados ciudadanos de “países de alto riesgo” paguen un depósito o fianza para obtener el permiso de entrada. Ese depósito les sería devuelto cuando abandonen el país. También anunció que su partido renunciará en las próximas elecciones a una de sus promesas de 2010: que se puedan regularizar los indocumentados que lleven 10 años de residencia en el país.

Su discurso, que él enmarcó como política de la coalición, supone un claro giro a la derecha que parece difícil separar del auge electoral del UKIP, el partido antiinmigración por excelencia de la política británica. De esta manera, los liberales se suman a la corriente iniciada ya por conservadores y laboristas de combatir al UKIP asumiendo las políticas que estos proponen. Los laboristas admitieron hace unos días que habían cometido errores en inmigración cuando estuvieron en el poder y los conservadores presumen de haber recortado en un tercio la llegada de inmigrantes, pero llevan mucho tiempo intentando ponerse a la altura del UKIP con un discurso abiertamente hostil a la inmigración.

Pese a que el discurso de Clegg fue denso y largo, estuvo sobre todo centrado en explicar qué ha hecho la coalición y cuál es su filosofía en materia de inmigración y justificar con prolijas explicaciones el cambio de postura de su propio partido. No hubo más anuncios relevantes que el del depósito y la renuncia a lo que los liberales llamaban “merecido camino hacia la ciudadanía” y “nuestros oponentes apodaron amnistía”, ironizó. Precisamente justificó el cambio no porque fuera una política errónea sino por su interpretación. “A pesar de las intenciones de esa política, fue vista por muchos como una forma de premiar a quienes habían incumplido la ley. Y por eso amenazaba con socavar la confianza del público en el sistema de inmigración”, explicó.

La falta de anuncios concretos quizás se deba a que, según Clegg, el primer ministro tomará la palabra el lunes en el debate migratorio para centrarse en la cuestión de los abusos en el sistema de bienestar. Se trata de uno de los aspectos más polémicos en el imaginario popular a pesar de que los expertos no se ponen de acuerdo sobre si los extranjeros realmente abusan o más bien aportan al Estado más de lo que obtienen de él.

La cuestión de los abusos en las ayudas del Estado fue una de las principales razones esgrimidas a principios de mes por la ministra del Interior, Theresa May, cuando lanzó al ruedo la idea de imponer el pago de un depósito a los extranjeros que quieran trabajar en el país. Ese depósito, dijo, les sería devuelto a la salida pero se tendría en cuenta también su acceso a ayudas públicas. Como insinuando que de ese dinero se descontaría el consumo abusivo de esas ayudas.

Clegg lo ha planteado desde el punto de vista del control de la inmigración ilegal. Explicó que muchos indocumentados han entrado al país de forma legal pero luego se han quedado trabajando ilegalmente cuando su permiso de estancia había ya caducado. En ese caso, perderían el dinero. ¿Cuánto? No lo aclaró, aunque puntualizó que tendría que ser una cifra “proporcionada”. Pero los medios británicos citan la cifra de mil libras (unos 1.120 euros). Una fortuna para algunos pero apenas el precio del billete de avión para otros.

La idea del depósito ya fue barajada por David Cameron en un discurso sobre inmigración en octubre de 2011 y, al igual que May, lo ligó más a los abusos en el sistema de bienestar que a la inmigración ilegal.

Conservadores y liberales-demócratas tienen la ventaja de que los laboristas no están en condiciones de criticarles porque fueron ellos quienes introdujeron esta figura legal en el artículo 33 de la Ley de Asilo e Inmigración de 1999, que señala que las autoridades de inmigración tienen derecho a asegurarse de que los extranjeros que llegan al país tienen medios económicos suficientes.

Clegg clarificó que “esas fianzas tienen que estar bien dirigidas, de manera que no discriminemos injustamente a determinados grupos particulares”. “Las cantidades tienen que ser proporcionadas; no podemos penalizar a legítimos demandantes de visa que tendrían problemas para obtener el dinero”, añadió. Y aclaró que quienes visiten Gran Bretaña “para celebrar un nacimiento familiar, o la graduación de un pariente o una boda no deberían depender por completo de su capacidad para pagar la fianza de seguridad”.

 

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