EE UU financia unidades de policía en Honduras sospechosas de corrupción

El Departamento de Estado ha abierto una investigación para cerciorarse de que los fondos que destina a financiar unas unidades especiales de la Policía de Honduras no están siendo controlados por el director general de ese Departamento, Juan Carlos Bonilla, como el viernes pasado aseguró AP. Bonilla, conocido como el Tigre fue acusado en 2002 de haber perpetrado tres asesinatos extrajudiciales y está relacionado con más de una decena de secuestros y desapariciones. La reputación de Bonilla determinó al Congreso de EE UU en agosto del año pasado a suspender un fondo de 30 millones de dólares destinado a ayudar al país centroamericano. El Departamento de Estado consiguió descongelar parte de esa suma al asegurar a los legisladores que Bonilla no controlaría ni un dólar de las contribuciones estadounidenses.

Bonilla, conocido como el Tigre fue acusado en 2002 de haber perpetrado tres asesinatos extrajudiciales y está relacionado con más de una decena de secuestros y desapariciones

“Nosotros estamos comprometidos con la defensa y la protección de los derechos humanos y luchamos contra la impunidad y los altos niveles de corrupción en Honduras”, ha explicado este lunes en rueda de prensa, Patrick Ventrell, el portavoz del Departamento de Estado. “Hay un procedimiento abierto para revisar el funcionamiento de las instituciones hondureñas que están recibiendo dinero de EE UU y estamos manteniendo informados al Congreso”, ha añadido Ventrell.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Honduras siempre había asegurado que los programas de seguridad que su país estaba poniendo en marcha con la ayuda de EE UU estaban bajo el control de los ministros de Seguridad y Defensa de ese país. La información de AP ha puesto en entredicho esa afirmación, al señalar que la ley del país prohíbe que cualquier unidad o comando de la policía de Honduras opere al margen de su director general, esto es Bonilla.

En 2002 Bonilla fue juzgado por uno de los tres asesinatos de los que se le había acusado y finalmente fue absuelto por la justicia. El resto de los casos nunca fueron investigados a fondo, asegura AP.

Tras conocer los datos revelados por la agencia de noticias, la oficina del senador demócrata Patrick Leahy emitió un comunicado en el que indicaba que había pedido al Departamento de Estado que “aclare por qué la información que proporcionó al Congreso sobre el control de fondos no coincide” con la publicada por AP.

El Departamento de Estado aseguró el pasado mes de agosto que el Gobierno de Honduras protege la libertad de expresión y que investiga y procesa a todos los miembros de su Ejército y de la Policía acusados de incumplir los derechos humanos

La legislación de EE UU, gracias a una enmienda que, precisamente, lleva el nombre de Leahy y se conoce como la Ley de Leahy, exige al Departamento de Estado que se asegure de que el país no financia a fuerzas de seguridad extranjeras acusadas de violar los derechos humanos. Si se descubre que sus miembros no respetan las libertades civiles, el Departamento de Estado debe suspender el envío de fondos.

Ese Departamento aseguró el pasado mes de agosto que el Gobierno de Honduras protege la libertad de expresión y que investiga y procesa a todos los miembros de su Ejército y de la Policía acusados de incumplir los derechos humanos. “Hemos establecido un grupo de trabajo para investigar las acusaciones contra Bonilla para cerciorarnos de que no se infringe la Ley Leahy”, informó el Departamento de Estado al Congreso.

Con un índice de 91 muertes por cada 100.000 habitantes, Honduras se ha ganado el calificativo del país más peligrosos del mundo. El 40% de la cocaína que llega a EE UU pasa por ese territorio y el 87% de los vuelos con valijas de droga procedentes de Sudamérica atraviesan el espacio aéreo hondureño.

EE UU colabora con las autoridades del Estado centroamericano en operaciones de narcotráfico, de crimen organizado, de secuestros y con unidades encargadas de la vigilancia fronteriza. El lunes pasado, el Departamento de Estado anunció el envío de un fondo de 16,3 millones de dólares para ayudar a la policía de Honduras y a su ministerio fiscal a perseguir la violencia y el lavado de dinero.