1.500 civiles armados participan en la toma de un pueblo en el sur de México

Un llamado grupo de autodefensa obliga a destituir al jefe de la comandancia de un pueblo de Guerrero tras secuestrar a varios policías a los que acusaron de proteger a narcos

Hombres armados en la comunidad de Tierra Colorada (Guerrero, México). / Lenin Ocampo Torres (EFE)

Un grupo de autodefensa, ciudadanos que han tomado las armas y actúan como una policía paralela en algunas regiones de México especialmente violentas, ha sitiado un municipio del Estado de Guerrero y mantienen retenido al jefe de policía local, ocho de sus agentes y tres escoltas del ayuntamiento, a los que acusan de proteger a narcotraficantes de la zona.

Al frente de 1.500 hombres armados que irrumpieron de madrugada en el pueblo iba Bruno Plácido. “Los tengo bien puestos. Entramos con cuernos de chivo [fusiles de asalto]”, dice por teléfono. Se presentaron en el pueblo de Juan R. Escudero [Tierra Colorada] un día después del asesinato de uno de sus comandantes, Guadalupe Quiñones. Sospechan que los uniformados están detrás de ese crimen.

Eso los llevó a tomar todo un pueblo en plena noche. Los miembros del Sistema de Justicia de los Pueblos de la Costa Chica, integrados por gente de pueblos indígenas de los alrededores, tomaron el ayuntamiento y pusieron a patrullar a otro puñado de personas en busca de criminales en el municipio. En la entrada al lugar y en la carretera federal Chilpanchingo-Acapulco colocaron retenes.

El asunto pinta tan mal que hasta allí se desplazó la procuradora –fiscal- de Guerrero. La alcaldesa, a mediodía, comenzó a negociar con la autodefensa y acordó destituir al jefe de policía y abrir una investigación a cambio de que dejasen en libertad a todos los retenidos. “Es una forma de despresurizar la situación”, cuenta Juan Angulo, director de El Sur, un periódico de Acapulco.

Las autodefensas las forman grupos de ciudadanos armados que se toman la justicia por su mano. Hartos de la violencia y la corrupción policial, deciden actuar por su cuenta. Algunos de estos grupos son sospechosos de tener un nexo con el narcotráfico pero otros tienen más que ver con la tradición de guerrillas de izquierdas latinoamericanas.

Algunas de estas autodefensas, que llegan a juzgar y condenar a los detenidos en procesos judiciales más que dudosos, provienen de las policías comunitarias mexicanas, algo que existe desde hace décadas y a la que tienen derechos los pueblos por ley. Una encuesta reveló que seis de cada diez ciudadanos ve con buenos ojos su existencia. Otros en cambio creen que es el fiel reflejo de la incapacidad del estado de proteger a sus ciudadanos.

El grupo de civiles armados que comanda Plácido en Guerrero surgió en enero y fue el primero que se creó, cuando se dispararon los asesinatos y las extorsiones en el Estado sureño de Guerrero, sobre todo en su zona agrícola. El estallido de violencia se achacó a la rivalidad entre cárteles. Armados con viejos rifles y ocultando el rosto tras pasamontañas, los campesinos bloquearon entonces carreteras y detuvieron a 50 personas, que al final liberaron.

Ahora, con el rostro descubierto para parecer más amigables, trabajan para crear un sistema de seguridad eficaz que protega a la gente del campo. "Es momento de que regresen al campo a trabajar. Los ganaderos a su ganado", dijo Plácido hace una semana. Al igual que ellos, desde principios de este año han aparecido otros 14 grupos de justicieros, que se sepa, con presencia en seis municipios: Jalisco, Morelos, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Michoacán. El rostro de la lucha contra el narcotráfico del gobierno de Enrique Peña Nieto, Manuel Mondragon, dice tenerlos perfectamente ubicados y conoce el armamento que manejan. "Están totalmente fuera del marco legal", dijo.

El padre Mario Ocampo, un cura que alimenta el alma de los que tomaron este municipio, cree que la labor que hacen estos ciudadanos armados es admirable. “La inseguridad que se vive aquí es tremenda. Violaciones, asesinatos, robos…ahora gracias a ellos se están evitando muchas muertes”.

Otro párroco, Jesús Mendoza, dialoga como representante de la archidiócesis de Acapulco con estas organizaciones indígenas que antes tenían en su agenda el precio abusivo de la luz y las explotaciones mineras pero que ahora, acorde a los tiempos, se preocupan sobre todo por su pellejo. “Los representantes de sus pueblos fueron secuestrados. A nosotros nos interesa lo que pasa en los pueblos. Dialogamos con ellos para que esto se encauce por la vía de la paz”, sostiene Mendoza. Pero la realidad es otra: las balas se están combatiendo con más balas.

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