Intimidación en Venezuela: el caso de Miguel Ángel Hernández

El 14 de abril próximo, Nicolás Maduro —sucesor de Hugo Chávez— se enfrentará a una oposición unida liderada por Henrique Capriles en las elecciones presidenciales en Venezuela. Con seguridad, los análisis posteriores se centrarán en si la votación se realizó de manera libre y justa. Sin embargo, para tener una lectura precisa del proceso electoral, basta con observar la situación de quienes protestan pacíficamente en el país.

Así como el encarcelamiento de la banda rusa de punk rock Pussy Riot ejemplifica bien el autoritarismo del gobierno ruso, hay un caso poco conocido de persecución política en Venezuela que nos describe a la perfección el clima de intimidación bajo el que se producirá la contienda electoral en ese país. Se trata del caso de Miguel Ángel Hernández Souquett, un ciudadano venezolano de 51 años de edad, de ocupación mecánico automotriz.

El 5 de febrero de 2010, Hernández fue detenido por efectivos de la Guardia Nacional y acusado por la supuesta comisión del delito de “ofensa a los jefes de gobierno”, mientras se encontraba en un estadio de Porlamar, Venezuela, presenciando un encuentro de beisbol entre Venezuela y México. ¿La razón? Hernández llevaba puesta una camiseta de mangas cortas, de color amarillo, con la inscripción “Hugo me cago en tu revolución” estampada en letras mayúsculas negras, así como una caricatura del personaje de dibujo animado “Bart Simpson” de espaldas, con los pantalones abajo y exponiendo los glúteos.

Hernández pasó las últimas horas de la noche en una instalación militar, para luego ser entregado a la delegación territorial de la infame policía secreta de Venezuela —el SEBIN— donde pasó una segunda noche. En la mañana del 7 de febrero, un fiscal solicitó la imposición de una medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad a su favor y la prosecución de un proceso judicial por la vía abreviada.

Desde entonces y en tanto el juicio esté en curso, Hernández se encuentra obligado a presentarse y firmar cada 30 días ante el tribunal que conoce su causa. El proceso ha incluido al menos seis diferimientos de juicio debido a la incomparecencia o reticencia de la fiscalía para presentarse ante el tribunal. En lugar de sobreseer el caso, el juez de turno simplemente aplaza las audiencias para una nueva fecha, puesto que sabe de antemano que el sobreseimiento de la causa podría ser considerado una traición a la revolución. De acuerdo al precedente sentado con el caso de la jueza Afiuni, los jueces venezolanos que dictan resoluciones contrarias al gobierno bien pueden terminar en prisión. Con tal motivo, Hernández se encuentra viviendo en un limbo legal de poco más de tres años, por el simple hecho de haber vestido una camiseta ofensiva contra la “revolución” de Chávez. Lo que es peor, el proceso judicial penal en su contra podría concluir en una condena de hasta dos años y medio de prisión en una de las temibles cárceles venezolanas, famosas por tener las tasas de homicidios más altas del mundo. La próxima audiencia del juicio de Hernández está programada para junio.

Las autoridades venezolanas que hicieron posible la acusación de Miguel Hernández, así como su enjuiciamiento y eventual condena, han violado el estándar internacional de protección de la libertad de expresión, vinculante para el Estado de Venezuela a partir de la ratificación la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) el 9 de agosto de 1977.

La preocupante erosión del derecho a la libertad de expresión en Venezuela —y de violación de derechos humanos en general— ha sido documentada a través de informes, comunicados y diversos pronunciamientos a cargo de organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos. Desde el 2008 hasta la fecha, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han condenado al Estado venezolano por múltiples violaciones a la CADH o Pacto de San José de Costa Rica. Por su parte, Venezuela ha ignorado sucesivamente estos pronunciamientos, y el año pasado llegó al extremo de convertirse en el primer Estado latinoamericano en denunciar la convención, con la finalidad de evadir la jurisdicción de la Corte Interamericana, y evitar que sus estándares en materia de libertad de expresión continúen siendo obligatorios bajo la revolución de Chávez.

Hernández declaró ante la prensa: “[…] mantengo mi libertad de expresión y si vivimos en un país democrático yo tengo derecho a decir: a mí esto no me gusta. Yo no me referí a Chávez sino a su revolución porque no la quiero ni la querré nunca.”

El caso de Hernández es tan sólo un pequeño ejemplo de la realidad diaria que enfrentan los venezolanos, y una radiografía del clima de intolerancia e intimidación en el que se desarrolla la actual campaña electoral.

Son millones los venezolanos que comparten la posición crítica de la “revolución bolivariana” que tiene el Sr. Hernández, más allá de que no se involucren en incidentes similares para comunicar su opiniones e ideas. Y es que las acciones del gobierno envían un mensaje inequívoco: las expresiones de aversión a la revolución de Chávez son un crimen cuyo castigo son años de problemas en los tribunales y la posibilidad de una pena de prisión en las cárceles más letales del mundo. Por desgracia, aunque el gobierno chavista renunciara a sus maniobras de manipulación y fraude electoral —que son muy similares a las utilizadas por el gobierno de Putin— el actual clima de temor y sumisión al caudillo tiende a garantizar que la pesadilla de Venezuela continuará por otro período de seis años.

*Garry Kasparov es excampeón mundial de ajedrez y presidente de la junta directiva y del consejo internacional de Human Rights Foundation (HRF), una organización de derechos humanos con sede en Nueva York. Thor Halvorssen es presidente de HRF.