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El movimiento estudiantil marca la campaña presidencial en Chile

Los jóvenes muestran su fuerza en una de las marchas más masivas desde 1990

Bachelet, candidata del centroizquierda, propone una reforma tributaria para financiar la educación pública

Los estudiantes reafirman su independencia de la clase política y los postulantes a La Moneda

El Senado decidirá la suspensión del ministro de Educación de Sebastián Piñera

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Protesta estudiantil en Santiago de Chile este jueves. AFP

El movimiento estudiantil chileno, que marcó 2011 y destapó la crisis de la educación pública en el país sudamericano, mostró su fuerza este jueves con una marcha de 150.000 personas en Santiago, según los cálculos de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECh). La protesta se produjo justamente cuando arranca la campaña presidencial con miras a las elecciones de noviembre y a seis días de que el Senado defina si destituirá a Harald Beyer, el ministro de Educación del Gobierno de derecha de Sebastián Piñera.

La movilización nacional, la primera de 2013, fue convocada por los universitarios y apoyada por alumnos de instituciones privadas, organizaciones de secundarios, el Colegio de Profesores, asociaciones de padres y funcionarios de la salud. Los estudiantes marcharon por las principales ciudades del país, sin que se registraran enfrentamientos importantes con la policía, en demanda de una educación pública gratuita y de calidad.

La consigna de los jóvenes fue similar a la de hace dos años: “La educación no se vende, se defiende”. Un vídeo de un conocido comentarista deportivo chileno sirvió para la convocatoria, una de las más masivas desde el regreso a la democracia en 1990.

Los problemas que enfrenta la educación pública se han instalado con fuerza en la agenda política de Chile desde hace un par de semanas. La expresidenta socialista Michelle Bachelet regresó a Santiago a fines de marzo y su anuncio de repostulación a La Moneda marcó el comienzo de la carrera presidencial. En su primera actividad como candidata, después de dos años sin referirse a la contingencia local, la ex directora de ONU Mujeres se adelantó a la marcha de los estudiantes y anunció que su prioridad será la educación en caso de ser reelecta.

“Es el momento de cambios estructurales (…) El primer proyecto que voy a enviar al Congreso pondrá fin al lucro y avanzará en la gratuidad de la educación en todos sus niveles”, señaló la expresidenta, que presume de una intención de voto de un 52%. La ex jefa de Estado, sin embargo, precisó días después que los estudiantes que provengan de familias de altos ingresos deberán costear sus estudios: “Personalmente, creo que yo puedo pagar la universidad de mi hija. Esa es mi opinión personal”.

La definición de Bachelet encendió el debate y los otros candidatos a La Moneda reaccionaron con sus propios anuncios en materia educativa. Los estudiantes, sin embargo, mostraron su desconfianza hacia la expresidenta: el movimiento estudiantil defiende el principio de gratuidad como un derecho para todos los niños y jóvenes, independientemente de la situación socioeconómica de sus padres.

Los dirigentes han procurado mantenerse distantes de la clase política. Bachelet anunció una reforma tributaria el lunes pasado, sobre todo para financiar el sistema público de educación, pero la medida tampoco fue suficiente para seducir a los líderes estudiantiles. Los jóvenes marcaron una nueva señal de independencia en la protesta de este jueves: salieron a las calles con carteles contra la exmandataria (“Ya no te creo Michelle) y el presidente (“Me declaro inocente. Yo no voté por Piñera”).

Los protestantes aprovecharon la movilización para criticar la utilización electoral del problema. “El movimiento no va a permitir que sus demandas sean modificadas y que la discusión sea manoseada”, dijo Andrés Fielbaum, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), la principal universidad pública del país. “La marcha ratifica la autonomía política frente a los últimos ofertones electorales”, agregó Gabriel Boric, ex titular de la FECh.

Los líderes estudiantiles también observan con escepticismo el camino que han tomado sus antecesores. Camila Vallejo y Giorgio Jackson, figuras de las movilizaciones de 2011, decidieron postular al Parlamento en las elecciones de noviembre.

El movimiento mostró su fortaleza en un momento político crucial: el Senado decidirá el miércoles próximo si destituye al ministro de Educación, Harald Beyer. La Cámara Alta será jurado de una acusación constitucional aprobada por los diputados que le imputa no haber ejercido su papel de fiscalizador contra el lucro. De acuerdo a la ley chilena, las instituciones que se dedican a la enseñanza no pueden ganar dinero con su labor, aunque durante 30 años las autoridades permitieron que la educación se transformara en un excelente negocio.

La oposición aprobó la acusación por la presión de los estudiantes y todo indica que los senadores de la coalición harpan valer su mayoría y sacarán del Gobierno al ministro Beyer, un investigador respetado transversalmente. El caso tiene precedentes: en 2008, la titular de Educación de Bachelet, Yasna Provoste, fue destituida por el Parlamento, acusada de negligencia por irregularidades.

El Gobierno definirá este fin de semana el futuro de Beyer, que está suspendido de sus funciones mientras los parlamentarios resuelven su caso. Una de las alternativas que baraja La Moneda, que prevé que la oposición está dispuesta a botar a su secretario de Estado, es pedirle al ministro que renuncie anticipadamente para evitar someterlo a una sesión compleja. La destitución propinaría un golpe complejo para Piñera, que ha perdido a dos ministros de Educación desde que estalló el conflicto estudiantil en 2011.

En estos dos años, después de las protestas de los escolares y universitarios, la justicia abrió una causa para investigar las irregularidades cometidas en el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), el organismo encargado de autorizar el funcionamiento de las universidades privadas. En diciembre de 2012, el ministerio de Educación decretó el cierre de la Universidad del Mar, una institución privada que vulneraba la legislación y lucraba con sus estudiantes.