La justicia de Argentina condena a un líder sindical por homicidio
El caso puso en evidencia el recelo de ciertos caciques sindicales peronistas al avance de la izquierda más combativa en la representación de los obreros
Un tribunal de Buenos Aires condenó este viernes a uno de los más poderosos líderes sindicales de Argentina, el ferroviario peronista José Pedraza, por haber instigado en 2010 un ataque a militantes de izquierda que acabó con la muerte de un joven de 23 años, Mariano Ferreyra, y con heridas de bala en otros tres. El caso llegó a tener tanta repercusión en los medios de comunicación que hasta Lionel Messi, usualmente alejado de causas políticas, posó con una camiseta argentina con el nombre de Ferreyra, en solidaridad con su familia. Además la condena a 15 años de prisión contra quien dirigiera la Unión Ferroviaria durante más de tres décadas resulta emblemática en un país donde se repiten cada tanto peleas a tiros entre bandas sindicales.
El homicidio ocurrió en un corte de vías que los trotkistas del pequeño Partido Obrero (PO) habían montado para pedir la incorporación de empleados tercerizados de una cooperativa dependiente de la Unión Ferroviaria a la plantilla estable de la concesionaria privada de un tren de cercanías. El asesinato puso en la agenda pública el problema de los empleados de empresas tercerizadas, que suelen gozar de menos ingresos y derechos laborales que los de las compañías que las contratan.
El caso de Pedraza también es significativo porque fue uno de los sindicalistas acusados de resistir poco las privatizaciones del Gobierno del peronista Carlos Menem (1989-1999). Pedraza además acabó viviendo en un piso en el barrio más caro de Buenos Aires, Puerto Madero, aunque ahora reside en la cárcel.
La justicia determinó que Pedraza y su subalterno ordenaron por teléfono que los militantes de la Unión Ferroviaria reprimieran la protesta. Así fue que varios de ellos llegaron armados al corte de vías, en el barrio porteño de Barracas, y comenzaron a disparar. Ferreyra, que era un dirigente estudiantil universitario del PO, murió de un tiro en el estómago.
Dos empleados ferroviarios y un integrante de la barra brava de un club de Segunda División, el Defensa y Justicia, que había sido reclutado para el ataque, fueron sentenciados a 18 años de prisión como autores materiales del homicidio y de los otros tres intentos de asesinato. El subalterno de Pedraza fue condenado, al igual que su jefe, a 15 años de cárcel. Otros tres integrantes de la banda sindical deberán pasar entre ocho y 11 años tras las rejas por complicidad.
También hubo policías culpables. Sucede que dos comisarios dieron la orden de dejar que los violentos actuaran sin control y por eso permanecerán diez años encerrados. Otros tres uniformados fueron condenados a dos años de prisión, pero podrán seguir en libertad siempre y cuando no incurran en otros delitos. El caso Ferreyra también fue sintomático de la corrupción policial, que se repite con frecuencia en distintos tipos de crímenes. A partir de este homicidio y de otros episodios de violencia protagonizados por integrantes de la Policía Federal, la presidenta de Argentina, la peronista Cristina Fernández de Kirchner, decidió nombrar a finales de 2010 a una nueva ministra de Seguridad, Nilda Garré, que comenzó una silenciosa operación de limpieza de la fuerza.
Los familiares de los condenados interrumpieron la lectura de la sentencia con gritos e insultos contra los magistrados. El exjefe sindical Pedraza había pedido a los jueces que evitaran las interferencias “mediáticas y políticas”. Pese a que había apoyado siempre a los Kirchner, Pedraza perdió su respaldo después del crimen. Poco antes de morir el 27 de octubre de 2010, el entonces expresidente Néstor Kirchner acercó un testigo clave del caso al juzgado interviniente, según ha contado su viuda. Parte del kirchnerismo se comprometió con la lucha de la familia Ferreyra.
El trotkista PO, sin embargo, acusa al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, de contactos telefónicos con Pedraza aquel día del asesinato. También quedó disconforme con el fallo porque esperaba penas mayores.
La historia de parte del sindicalismo argentino ha tenido episodios ligados a la violencia. La Confederación General del Trabajo (CGT) fue y es uno de los pilares de poder del peronismo en un país que es el segundo en afiliación sindical de Latinoamérica, con un 37% de los trabajadores, una cifra solo superada por Cuba. Durante la proscripción del peronismo que rigió durante dictaduras militares y gobiernos democráticos entre 1955 y 1973, la resistencia sindical muchas veces tomó las armas para dirimir sus disputas internas y externas. En la actualidad las motivaciones de la violencia sindical son otras: desde manejos de dinero hasta cuestiones de poder.
Desde 2006, nueve dirigentes sindicales fueron asesinados en Argentina en peleas dentro de sindicatos de la CGT, ya sea en fusilamientos a quemarropa o en enfrentamientos entre bandas. A diferencia de otros países latinoamericanos, donde los crímenes de sindicalistas de los últimos años han sido perpetrados por sicarios dependientes de sectores patronales o paramilitares, en Argentina se repiten los casos de heridos en refriegas entre grupos internos del mismo sindicato. En algunos de los casos de los homicidios, ocurridos entre camioneros, albañiles, pescadores, operarios eléctricos y obreros fabriles, las víctimas han sido los tesoreros de los gremios. El caso de Ferreyra puso en evidencia el recelo de ciertos caciques sindicales peronistas al avance de la izquierda más combativa en la representación de los obreros en años recientes. Tal vez la condena de Pedraza pueda poner un freno a la impunidad.
