Contratos especulativos en entes públicos abren otro agujero en Portugal

Una serie de contratos especulativos, considerados de alto riesgo, han creado un nuevo agujero en las ya de por sí maltrechas cuentas públicas portuguesas y se han llevado por delante a dos secretarios de Estado. Los contratos son antiguos, firmados la mayor parte entre 2003 y 2009, y afectan al menos a 15 empresas públicas, entre las que se cuentan la empresa pública que gestiona el metro de Oporto, el metro de Lisboa, los autobuses de Lisboa y hasta la TAP. El agujero oscila entre los 2.600 y los 3.000 millones de euros. Considerable, si se tiene en cuenta que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, vetando algunas medidas del presupuesto en vigor, ascendía a 1.300 millones de euros y generó una convulsión económica y política en el país.

Los contratos especulativos, que ahora investiga a fondo el Ministerio de Finanzas, son de los denominados swaps, palabra que significa “cambio o troca” en inglés. Se firmaron, según aseguran quienes los firmaron, para proteger a las empresas de una hipotética subida de intereses. En general: se pactaba un interés fijo y se añadía una cláusula especial por la que, si los intereses subían mucho, las empresas públicas recibían cierta compensación; si bajaban, eran los bancos los que se beneficiaban. Precisamente, lo que ha pasado: los intereses (el euribor, sin ir más lejos) se ha desplomado en los últimos años, arrastrándose en su tasa más baja de siempre. Y esto, de rebote, ha generado buena parte de este agujero portugués en empresas que, como el metro de Lisboa, con 1.100 millones de euros de pérdidas en contratos de riesgo, o de Oporto, con más de 800 millones, son ya de por sí deficitarias y se encuentran embarcadas en una oleada de recortes, cortando líneas o despidiendo a personal.

El ministerio de Finanzas negocia ya con los bancos, Goldman Sachs, JP Morgan, Deutcsche Bank o BNP Paribas, de cara a rescindir, de la manera más ventajosa posible para el Gobierno portugués, muchos de estos contratos. Paralelamente, se está inspeccionando a fondo todos estos contratos para tratar de llegar al fondo del agujero y “tratar de depurar responsabilidades”. Porque es cierto que algunos de estos contratos se firmaron para proteger a la empresa pública en cuestión de una galopante subida de intereses. Pero otros son más oscuros o más extraños. Una fuente de esta inspección asegura hoy a la edición digital del semanario Expresso: “Hay contratos que son cualquier cosa menos contratos normales”. Otros comentadores políticos han denunciado esta práctica “de jugar con las empresas públicas como el que va al casino”. Y el diario Público asegura hoy que en algunas de las cláusulas de este tipo de contratos, los factores que alteraban la cuantía de los intereses que debían de pagar las empresas públicas portuguesas a los bancos están ligados a factores tales como el del precio del barril de petróleo o la paridad dólar-euro. Los dos secretarios de Estado que han sido destituidos, Paulo Braga y Juvenal Peneda, gestionaron durante muchos años el metro de Oporto.