Venezuela rechaza el recuento de votos que exige la oposición

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela decidió el viernes —aunque lo anunció la noche del sábado— realizar una auditoría de los votos de las elecciones presidenciales del 14 de abril, que dieron el triunfo a Nicolás Maduro, pero en unos términos que desatienden, en su mayoría, las solicitudes técnicas de la oposición. “En ningún caso se trata de un escrutinio”, subrayó la presidenta del organismo, Tibisay Lucena, al tiempo que precisó que se trata de una ampliación de la “verificación ciudadana” prevista en la normativa, en la que básicamente se comparan los comprobantes de votación depositados en las urnas con las actas emitidas en cada mesa electoral.

El anuncio convierte esta actividad —que empezará el 6 de mayo, cumplidos ya los preparativos previos— en una auditoría ceremonial, que excluye a los representantes opositores que, originalmente, la habían solicitado. La oposición, a través de su líder, Henrique Capriles Radonski, había hecho saber durante la semana que no participaría en una revisión “chucuta” —incompleta o corta, en el léxico coloquial venezolano—.

Lucena se dirigió al país en cadena nacional de radio y TV en horas de la noche del sábado, apenas segundos después de que terminara la transmisión desde La Habana del acto en el que Nicolás Maduro y Raúl Castro, presidentes de Venezuela y Cuba, rubricaron nuevos acuerdos de cooperación entre ambas naciones.

La rectora del organismo electoral —seguidora del oficialismo— no dejó espacio para la sorpresa en su intervención pregrabada, en la que se dedicó a refutar los argumentos sobre los que la oposición basó su solicitud de una auditoría exhaustiva que, a juicio de Lucena, “es imposible” de acuerdo a la ley electoral. Mostró ejemplos de la débil fundamentación de los reclamos de “el ciudadano Capriles”, como se empeñó en mencionar en su intervención al ex candidato y gobernador del Estado Miranda, al que remitió, en todo caso, a presentarlos ante la instancia jurisdiccional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dominado por el chavismo.

El CNE rechazó de manera explícita la solicitud opositora de revisar el contenido de los cuadernos de votación, un cotejo indispensable —según los técnicos de la oposición— para determinar si todos los que votaron en cada mesa electoral fueron quienes debieron hacerlo.

Por otra parte, el organismo electoral mantuvo silencio sobre otras exigencias de la parte demandante, como el acceso del registro de máquinas de votación que fallaron o no transmitieron datos. Una actividad que el propio Consejo acordó realizar, y que la oposición pidió, la auditoría de duplicidad de huellas de los votantes, quedó sin definir.

El presidente Maduro, minutos antes, durante la clausura de la XIII sesión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Venezuela, había declarado que acudía a la capital cubana “a ratificar que seguimos por el camino de Chávez”. Le aplaudían el Canciller venezolano, Elías Jaua, el presidente de la petrolera Pdvsa, Rafael Ramírez, buena parte del gabinete ministerial de Venezuela, así como la cúpula del Partido Comunista de la isla. Los gobernantes de ambas naciones caribeñas dedicaron todo el sábado a firmar 51 nuevos convenios, en el marco de una relación que Maduro calificó, “más que estratégica” como una “hermandad”.

Para seguir el camino de Chávez, sin embargo, Maduro deberá sortear la crisis política que se originó el mismo 14 de abril en la noche, cuando obtuvo un triunfo por apenas el 1,7% que la oposición, denunciando diversas irregularidades, se negó a reconocer hasta tanto no se produjera un recuento “voto a voto”. El CNE parece ser un aliado fiel en el propósito de “normalización” que Maduro abriga. Por ahora, contribuye en bloquear las vías administrativas para tratar los reclamos de la oposición venezolana que, según los resultados oficiales, conquistó el 49% de los votos.

Con la resolución anunciada el sábado, a Capriles sólo le resta presentar una impugnación ante el TSJ. La Sala electoral debería recibirla antes del 6 de mayo, día en que vence el plazo legal para ello, y decidir su admisión en no más de una semana.

El ex candidato opositor, que pretende forzar una repetición de las elecciones, bien en general o en determinadas mesas con irregularidades, reaccionó con sorna a las palabras de la rectora Lucena. En su cuenta de Twitter escribió que el problema de la presidenta del CNE sería que “recibe órdenes del PSUV”, en referencia al gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela, y que ese partido “no quiere auditoría”. Llamó, no obstante, a perseverar en la denuncia: “¡Seguimos luchando por la verdad! ¡Haremos todo lo que hemos dicho, agotaremos las instancias internas y llevaremos al mundo el caso!”.

Mientras tanto, el Gobierno seguía con una campaña de propaganda contra Capriles, al que acusa de haber instigado los desórdenes que sucedieron a la negativa opositora de aceptar los resultados de las elecciones. Según informes oficiales, en los disturbios se produjeron nueve muertes y 78 lesionados. Diversas autoridades de los poderes del Estado, incluido el presidente Maduro, han prevenido de que “no habrá impunidad” en este caso, mientras grupos de base del chavismo recogen firmas para pedir el sometimiento de Capriles a la justicia.