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Los maestros inconformes de México demandan un diálogo nacional

Las protestas de los docentes del Estado de Guerrero contra la reforma educativa amenazan el informe de resultados del gobernador

Raquel Seco
Un participante en las protestas en Guerrero.
Un participante en las protestas en Guerrero.YURI CORTEZ (AFP)

Los maestros disidentes del Estado mexicano de Guerrero (suroeste del país) no detienen sus protestas y quieren hacerse oír más. Roto el diálogo con el gobernador del Estado, Ángel Aguirre, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) mira ahora hacia el presidente Enrique Peña Nieto para intentar llegar a un acuerdo acerca de la reforma educativa, que consideran que vulnera sus derechos laborales y abre la vía de la privatización de la enseñanza.

“Acordamos una etapa de reorganización del movimiento. Consiste en una nueva estrategia de lucha que nos lleve al escenario nacional”, explica Román López, portavoz de la CETEG, que la semana pasada protagonizó violentas protestas en la capital del Estado, Chilpancingo. El Gobierno de Guerrero, que incluso llevó al Congreso estatal la propuesta –rechazada en parte- del sindicato, ya no es un interlocutor válido. “[Aguirre] ha declarado que el diálogo está agotado”, subraya el docente en conversación con EL PAíS.

La intensificación de las protestas pone en duda que Aguirre pueda presentar este lunes el segundo informe de resultados de su gestión. Por ahora, la página de Facebook del Ejecutivo sigue encabezada por la foto de un niño en uniforme escolar. “2° informe de resultados Ángel Aguirre. 530.000 alumnos con uniformes y útiles gratuitos”, reza la propaganda. El niño lleva una mochila con la leyenda “Guerrero cumple”. Parte de los alumnos del Estado llevan desde el pasado 25 de febrero sin clases continuadas, según ha reconocido la CETEG.

El conflicto entre Gobierno y un sector de los maestros alcanzó su punto más caliente la semana pasada, cuando grupos de encapuchados protagonizaron una espectacular batalla campal en Chilpancingo. Cercaron el Congreso estatal, incendiaron sedes de partidos políticos y bloquearon carreteras. El Ejecutivo reaccionó con “prudencia”, según el gobernador, o con pasividad, según parte de la opinión pública en México. No se detuvo a ninguno de los autores de los destrozos. Ni siquiera se intentó hacerlo. Solo el jueves, después de las movilizaciones más duras, el Gobierno de Peña Nieto anunció el envío de agentes federales. El Ejecutivo guerrerense, por su parte, ordenó la aprehensión de miembros de la CETEG. Según fuentes del sindicato, se trata de una veintena de personas pero por el momento no se han producido detenciones.

Román López asegura que, a pesar del eco mediático que tuvieron las protestas, “el movimiento tiene cada vez más simpatía". No justifica los actos de vandalismo, pero puntualiza: “Por más que nuestras asambleas no hayan contemplado este tipo de reacción, la dirigencia en este caso no tiene la culpa de lo sucedido. Fue una reacción de compañeros al ser oprimidos y engañados hasta por dos ocasiones”. Con “engaño” López se refiere al hecho de que el gobernador de Guerrero iniciase un acercamiento, prometiendo que apoyaría sus propuestas para ‘suavizar’ la reforma del Congreso federal. La promesa de Aguirre se quedó en una aprobación parcial de la propuesta de la Coordinadora, algo que entre los sindicalistas se ha interpretado como una traición por parte del gobernador. Aguirre es exmilitante del PRI, el Gobierno en el poder, pero fue elegido como candidato del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Percibimos que el Gobierno federal trata de alargar la discusión [de legislación secundaria para acompañar a la reforma educativa]. Podría llegar a julio o agosto, donde hay receso escolar, lo que a lo mejor entramparía al magisterio para quitarle capacidad de movilización”, agrega López, que denuncia el “linchamiento mediático” que según él han vivido los profesores desde el inicio de las movilizaciones, más pronunciadas a partir del mes de marzo.

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La norma –la primera reforma constitucional del sexenio del nuevo PRI- condiciona la estabilidad y los ascensos de los educadores a méritos profesionales y a los resultados de un sistema de evaluación independiente, y promete un censo de escuelas y de maestros, algo que todavía no existe en México. El gobierno y los principales partidos de oposición consideran a la reforma una de sus iniciativas legislativas estrella y confían en que elevará la calidad de la enseñanza en el país, clasificado en el último lugar en el Informe Pisa de 2009 entre los 34 integrantes de la OCDE. Estados como Guerrero y Oaxaca, precisamente los que viven más protestas, están entre los que sufren mayores problemas de baja escolaridad. El portavoz de la CETEG asegura que la mayoría de las familias de alumnos se solidarizan con sus reivindicaciones.

Las protestas se han extendido, con menos virulencia, a Estados como Oaxaca y Michoacán, que han anunciado huelgas indefinidas y llevado a cabo diferentes actos de resistencia, sobre todo en la segunda entidad.

Los líderes de las protestas están vinculados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), disidente a la organización principal de maestros, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). El SNTE, antes liderado por la defenestrada Elba Esther Gordillo, ha mantenido un perfil bajo e incluso ha denostado las protestas de los maestros insurgentes. En Chiapas, donde es mayoritario frente a la CNTE, ha aplazado el paro indefinido tras acordar un diálogo con el Gobierno local, según Reforma.

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Sobre la firma

Raquel Seco
Periodista en EL PAÍS desde 2011, trabaja en la sección sobre derechos humanos y desarrollo sostenible Planeta Futuro. Antes editó en el suplemento IDEAS, coordinó el equipo de redes sociales del diario y la redacción 'online' de Brasil y trabajó en la redacción de México.

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