El hombre que nunca pidió perdón

Videla ordenó perseguir sin piedad a cualquier sospechoso de izquierdista

Bajo el régimen que lideró de 1976 a 1981 desaparecieron 30.000 personas

Jorge Rafael Videla. / Agustin Sciammarella

Muchos argentinos reaccionaron ayer ante la muerte del encarcelado Jorge Rafael Videla, a los 87 años, calificándolo como “hijo de puta”. El dictador más cruel que jamás haya conocido Argentina —que se decía católico, nunca se arrepintió de nada, siempre reivindicó todo y solo reconoció algún “error”— gobernó su país entre 1976 y 1981 y en ese tiempo su régimen forzó la “desaparición” de hasta 30.000 personas, muchas arrojadas al mar en los vuelos de la muerte, y otros fusilados, o torturó, saqueó bienes de sus perseguidos, empobreció a la clase trabajadora, fomentó la especulación financiera en detrimento de la producción local y endeudó a su país.

Su madre se llamaba María Olga Redondo y su padre, Rafael. Jorge Videla nació el 2 de agosto de 1925 en Mercedes (100 kilómetros al oeste de Buenos Aires). En 1942 inició su carrera militar. Por entonces los conservadores gobernaban Argentina sobre la base del fraude electoral. Seis años después se casó con Alicia Hartridge, hija de un embajador, con quien tuvo siete hijos, dos que también fueron militares y otro que sufría problemas mentales y que fue cuidado por una monja francesa que más tarde sería secuestrada por el régimen.

En 1971, el dictador militar Alejandro Lanusse lo ascendió a general. Eran tiempos en que el peronismo y la izquierda habían tomado las armas para enfrentarse al régimen, en plena guerra fría. En 1975, la presidenta Isabel Perón, respaldada por la derecha y enfrentada a la guerrilla peronista Montoneros, designó a Videla jefe del Ejército y decretó que las fuerzas armadas aniquilasen la “subversión”. En 1976, Videla y los cabecillas de la Marina, Emilio Massera, y la Fuerza Aérea, Orlando Agosti, dieron un golpe para hacerse cargo de forma directa del terrorismo de Estado que ya había asomado contra opositores.

Además cerraron el Congreso, los partidos políticos y los sindicatos. Le llamaron “Proceso de Reorganización Nacional”. Videla, que encabezó la Junta Militar, también justificó el golpe en la necesidad de cambiar la desastrosa situación económica, afectada por la hiperinflación. Muchos empresarios y la mayoría de la jerarquía eclesiástica lo apoyaron, según él mismo reconoció. Parte de la sociedad civil también respaldó el fin del desgobierno de Isabel Perón, pero con los años se arrepentiría a tal punto que en la actualidad son una ínfima minoría los argentinos que defienden la dictadura.

Videla persiguió a cualquier sospechoso de izquierdista o comprometido con causas sociales, a guerrilleros y opositores de diversa ideología, obreros y sindicalistas, estudiantes y profesores, profesionales y empleados, artistas y periodistas, empresarios y religiosos, como el obispo Enrique Angelelli, por cuyo asesinato estaba procesado el exdictador, entre otras causas pendientes. 

Hubo secuestros, torturas —incluso de bebés de detenidos—, sustracción de las pertenencias de los desaparecidos, asesinatos y robos de 400 hijos de embarazadas cautivas. Videla fue condenado a prisión perpetua en 2012 por organizar el plan sistemático de desaparición de estos niños, de los cuales 109 han recuperado su identidad.

La dictadura no reconocía los secuestros ni los asesinatos, y las madres de los detenidos iban preguntando por sus hijos por aquí y por allá. Daban vueltas silenciosas a la Plaza de Mayo en señal de protesta.

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron 30.000 desapariciones. “Ni muertos ni vivos, están desaparecidos”, explicó en 1979 Videla, que décadas más tarde reconoció 7.000 u 8.000 homicidios, aunque los justificó por la “guerra contra la subversión”. “Para no provocar protestas dentro y fuera del país, sobre la marcha se llegó a la decisión de que esa gente desapareciera”, relató quien para muchos argentinos representa el símbolo del horror.

Fiel asistente a misa, Videla decía en 1978 que “un terrorista no es solo alguien con un revólver o una bomba, sino también aquel que propaga ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana”.

Así fue como su régimen quemó libros, prohibió canciones, controló la prensa y forzó al exilio a artistas, intelectuales, científicos, periodistas y otros argentinos de diversa condición social. El dictador nombró como ministro de Economía a un empresario y ganadero, José Alfredo Martínez de Hoz, que también falleció este año. Congelaron los salarios, fomentaron la especulación financiera, liberalizaron de forma unilateral el comercio en detrimento de la industria local y multiplicaron la deuda pública hasta niveles nunca vistos en Argentina. Por un lado, financiaron el Mundial de Fútbol de 1978, durante el cual el régimen intentó lavar su imagen ante el resto de los países. El 6-0 de la Argentina campeona contra Perú quedará siempre bajo sospecha, pues esa goleada la clasificó para la final. Por otra parte, reforzaron el gasto militar para la represión interna y para prepararse ante una eventual guerra ese año con el Chile de Augusto Pinochet por disputas limítrofes. Sus planes contra la inflación no lograron bajarla nunca del 100% anual y el malestar socioeconómico terminó forzando el final del Gobierno de Videla en 1981. Enfrentado con Massera, los militares reemplazaron al dictador por otro general, Roberto Viola.

También la presión internacional se hacía cada vez fuerte contra el régimen, sobre todo a partir de 1979, cuando una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recabó información sobre los crímenes que estaban cometiéndose. En 1980, uno de los denunciantes y exdetenido, Adolfo Pérez Esquivel, recibió el Nobel de la Paz.

En 1983 regresó la democracia a Argentina y el presidente Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical (UCR), impulsó el juicio a las juntas militares. Dos años después, Videla y el resto de sus secuaces fueron condenados a prisión perpetua por 504 secuestros, torturas, robos, usurpaciones, esclavización de detenidos y robo de bebés. Pero en 1990, ante la presión militar y el rechazo de la sociedad civil, el entonces presidente Carlos Menem, un peronista que estuvo preso años durante el régimen, indultó a los jefes militares y guerrilleros presos por los delitos de los setenta. Videla guardó entonces un perfil bajo.

Ante la impunidad en Argentina y bajo el criterio de justicia universal contra delitos de terrorismo de Estado, que no prescriben, el entonces juez Baltasar Garzón comenzó a investigar a Videla y otros represores, pero el país sudamericano se negaba a extraditarlos. En 1998, un juez argentino detuvo al exdictador por robos de niños que no habían sido juzgados en su momento. Videla estuvo un mes en prisión, pero después consiguió el arresto domiciliario por ser mayor de 70 años.
En 2003, el peronista Néstor Kirchner llegó al poder e impulsó la declaración de inconstitucionalidad de los indultos. En 2007, la Corte Suprema los dio de baja y al año siguiente otro juez ordenó que Videla regresara a prisión por la condena de 1985. En 2010, recibió otra pena de reclusión perpetua por crímenes cometidos en la provincia de Córdoba. En 2012, fue condenado a 50 años de cárcel por el robo de bebés y todavía tenía varios juicios pendientes más. Uno de ellos, por el Plan Cóndor, de coordinación con las dictaduras de Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay para perseguir opositores.

Tres días antes de morir, declaró en esta causa que se sentía un “preso político”. Murió en una cárcel común, la de Marcos Paz (50 kilómetros al suroeste de Buenos Aires), sin privilegios militares, con el casi generalizado repudio de sus compatriotas. Durante cinco años sembró el terror, durante diez estuvo bajo arresto domiciliario y durante otros diez tras las rejas. Ahora, bajo tierra.

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