Las maras de Honduras ofrecen una tregua a cambio de reinserción

Las pandillas dan el primer paso en un proceso similar al de El Salvador, donde se ha reducido la violencia

Miembros de la pandilla 18 hablan con la prensa. EFE

Nadie esperaba que fueran tan lejos. Cero homicidios, cero violencia y no más reclutamientos en todo el país a partir de este martes. Incluso están dispuestos a poner fin a las extorsiones, el llamado impuesto de guerra que arruina a la sociedad hondureña. Así se comprometieron las dos principales pandillas hondureñas, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 a cambio de que el Gobierno les facilite condiciones para la reinserción.

“Queremos enseñarle a la sociedad que no somos monstruos, y lo vamos a demostrar con hechos, pero queremos que nos apoyen para trabajar, para que podamos mantener a nuestros hijos, no más violencia, queremos un cambio”, dijo Marco, portavoz de la Mara Salvatrucha que apareció ante las cámaras vestido con camisa de cuadros para ocultar los tatuajes, perilla recortada y mocasines. La Salvatrucha o M13 es la pandilla más poderosa del país, con cerca de 7.000 miembros activos, según el recuento del Observatorio de la Violencia y un historial sanguinario a lo largo de la región. Sin embargo, ayer recibió a la prensa en el taller de carpintería que mantienen en la prisión y que ya ha alistado 50 camas y mesitas de noche que van a donar a un asilo de ancianos de la ciudad.

Después de 20 años de existencia, los pandilleros, que aparecieron en Centroamérica después de la guerra fría, herederos de los conflictos armados en la región y de las deportaciones desde los Estados Unidos, ya están mayores, tienen familia y están cansados de vivir con la persecución y el estigma. Tampoco lo quieren para sus hijos. En Honduras, la simple pertenencia a la pandilla es un delito penal y el estar tatuado la prueba. Así que ahora piden paz, trabajo y oportunidades.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de pacificación de Centroamérica que se ha propuesto la Organización de Estados Americanos (OEA) y que empezó a implementarse en El Salvador hace ya más de un año con el anuncio de tregua entre estas mismas pandillas. Pese a las críticas y la desconfianza de la sociedad, 14 meses después, el Salvador ha reducido las tasas de criminalidad a más de la mitad. De 14 homicidios diarios de media se pasó a 5 y el delito de extorsión ha disminuido alrededor de un 20%.

Ahora podría ser el turno de Honduras. “Es un proceso muy similar al Salvador, primero una tregua con la sociedad y poco a poco llegaron a la tregua entre ellos, no hay una receta mágica, pero la estrategia de mano dura no ha funcionado y aunque este es un proceso frágil, hemos demostrado en El Salvador que es posible”, explicó el subsecretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos (OEA), Adam Blackwell. El funcionario ha participado en ambos procesos de negociación y es la pieza clave junto a Monseñor Rómulo Emiliani del anuncio de ayer. “Es algo histórico para Honduras, es el comienzo de algo nuevo, pero no es fácil”, confesó el prelado que lleva más de diez años trabajando con las pandillas hondureñas en los penales.

Emiliani recuerda que ya se intentó en 2006 y después de dos meses y medio la violencia estalló con más brutalidad. Los homicidios se duplicaron en Honduras en los últimos nueve años y ahora ostenta el triste título de ser el país más violento del mundo con 85,5 muertes violentas por cada cien mil habitantes. España, por ejemplo, no llega al 1%.

Sin embargo, según las cifras de la policía nacional de 2010 citados por el informe de la ONU, solo tres de cada 10 homicidios en el país son cometidas por las pandillas. “En Honduras operan 200 bandas de crimen organizado entre las cuáles se incluyen los principales carteles mexicanos y colombianos y otras agrupaciones que se dedican a delitos tan dispares como extorsión, secuestro o robo de recursos forestales, las maras son solo una partecita”, confiesa Arabesca Sánchez, coordinadora de Seguridad del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Sánchez señala que para acabar con la violencia además de dar oportunidades socioeconómicas y reinserción a los pandilleros es necesario “un rescate institucional del Estado, las instituciones de seguridad y justicia están supercontaminadas por la delincuencia”. La policía hondureña ha sido imputada por vínculos con el crimen organizado y asesinatos extrajudiciales. Solo desde 2011 hasta noviembre de 2012 el Observatorio ha documentado 149 asesinatos a manos de las fuerzas de seguridad. De hecho, el Barrio 18 insistió en que la policía deje de matarlos.

“Tenemos que dejar de ver a estos jóvenes como el problema y verlos como el producto del problema del país. Corrieron esa suerte porque no había más oportunidades en sus comunidades, en sus familias. Pero el estado los trata nada más como un problema a eliminar y no se trata de eso”, concluye Sánchez. La pelota entonces está en manos del Gobierno. El presidente Porfirio Lobo ha celebrado la iniciativa de las pandillas y ha declarado públicamente que “estamos abiertos a cualquier proceso que disminuya la violencia”.

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