México debate el abuso de poder tras un escándalo de tráfico de influencias

Un expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mete a la madre de sus hijos en la cárcel

El poder no conoce límites, o al menos eso se desprende del último caso en el que se presume tráfico de influencias en México. Todo comenzó hace más de un año, cuando el exministro (magistrado) Genaro Góngora Pimentel decidió meter en la cárcel a la madre de sus hijos después de que ella lo denunciara por incumplimiento de pensión alimenticia. Una de las historias más dantescas de la actualidad del país tiene por protagonistas al que fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a su expareja, Ana María Orozco, encerrada en una prisión para mujeres del Distrito Federal desde junio de 2012. Ella denuncia ahora que Góngora Pimentel utilizó su influencia con los jueces para encarcelarla, acusándola de maltrato a los pequeños y de haber puesto a su nombre la casa que él compró para los niños cuando se separaron.

Su caso se hizo público la semana pasada en un programa de radio conducido por la periodista Carmen Aristegui, quien tras entrevistar a Orozco vía telefónica, consiguió que el propio ministro, ya retirado, enviara una carta pública de disculpa, en la que reconoce que se dejó llevar por sus “emociones de desconcierto” e indica que apoyará a la autoridad ministerial “para que en el momento procesal oportuno, Ana María se reincorpore al hogar con los niños y les brinde toda la atención, el amor, el cariño y comprensión que ellos se merecen”. Los dos pequeños, Ulises y David, son personas con autismo.

La historia de esta familia, y el modo en que la justicia resuelve el asunto, recuerda al de Maude Versini, la expareja de Arturo Montiel, gobernador del Estado de México entre 1999 y 2005 y tío del actual presidente de la República. En 2011, los niños viajaron desde Francia, donde residían con su madre, a México para pasar las vacaciones de Navidad con el padre. Concluido el período de descanso, él se negó a devolverlos y logró revertir la custodia a su favor. “Montiel ha realizado maniobras ilegales con la complicidad de las autoridades, cuando menos en el orden judicial, para privarme de mis derechos y obligaciones como madre”, denunció ella entonces. La pasada semana, a través de su cuenta en Twitter, Versini declaraba: “El caso Gongora Pimentel es similar al mío; No he visto mis hijos retenidos por Montiel en 526 dias! help!” La madre de Sofía, Adrián y Alexi utiliza la red social para denunciar que cada jornada que pasa es una más privada de estar con los pequeños. Su caso tampoco fue recogido en los medios de forma masiva, solo alguna revista le dio cobertura a la denuncia, que quedó olvidada sin que nada cambiase.

La historia hecha pública la pasada semana corre el riesgo de acabar igual una vez se apaguen los focos de alerta que han prendido algunos, aunque pocos, sectores de la sociedad. Específicamente, el Instituto Nacional de las Mujeres, dependiente del Gobierno de Peña Nieto, emitió un comunicado hace unos días reprobando “enfáticamente los hechos en los que personas y actores públicos han ejercido distintos tipos de violencia contra las mujeres, patentizando un nulo respeto a sus derechos humanos y en los cuales se presume tráfico de influencias y abuso de poder”. El INMUJERES añade que “los derechos de las mujeres no están sujetos a negociación, por lo que deben ser respetados y defendidos conforme a la ley”. El organismo declara que “el Estado mexicano tiene la obligación de velar por el bienestar de mujeres y hombres y no está al servicio de actores que ostentan u ostentaron posiciones de poder, quienes por sus responsabilidades deben ser ejemplo en todo lo relacionado con el respeto a la ley y a la aplicación de justicia, sobre todo en lo que respecta a los derechos de las mujeres”. El documento suscribe que “un México incluyente y en paz exige modificar los patrones culturales de los cuales dan cuenta los actos de violencia contra las mujeres de los que hemos tomado conocimiento en días recientes”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Mexicana de Padres de Familia Separados, Alejandro Heredia, considera “inconcebible” el caso y condena la actitud del exministro. “Este asunto es un ejemplo de cómo se maneja la justicia en México, un país con leyes de vanguardia, pero donde todo puede pasar: se rompen las normas, se saltan los convenios, hacemos arreglos con tráfico de influencias y generalmente se atrasan los procesos en perjuicio de los niños”. En el tema de las pensiones por alimento – tres de cada cuatro hijos de padres separados no la reciben- los juicios se alargan en el tiempo y las estadísticas señalan que las mujeres suelen ser las más afectadas.

“Un hombre que tuvo en sus manos asuntos de la más alta importancia para el país como Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro respetado, maestro de muchos y con una larga carrera judicial, quedó en evidencia ante los mexicanos por el uso de tráfico de influencias para encarcelar a la madre de sus dos hijos por un “supuesto” fraude”, señalaba también estos días Marcela Torres, senadora por el PAN.

La Comisión de Derechos Humanos capitalina ha anunciado que revisará la actuación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y del Tribunal Superior de Justicia del DF en la acusación contra Ana María Orozco. El defensor capitalino, Luis González Placencia, ha señalado que decidieron reabrir el caso debido a la existencia de nuevos elementos y recibirá a los abogados de la madre de los dos pequeños para analizarlos.

Desde que está en prisión, la abuela materna cuida a los niños y vive con ellos. Según Orozco, nadie del entorno social de sus hijos “conoce al padre”: ni en la escuela, ni en las actividades de ocio. Además, Góngora Pimentel logró un amparo para invalidar la sentencia que lo obligaba a ceder el 35% de su salario para la pensión de los niños, con lo que escatimó en recursos para ellos. Aunque parezca que en este caso todo está al revés la experiencia indica que es más sencillo “dejarlo estar” que hacer justicia. La realidad es que hubo una disculpa, la madre sigue en la cárcel y las luces podrían apagarse pronto.

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