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Las reticencias de EE UU limitan el alcance del debate sobre las drogas

La ambición de Guatemala choca con una correosa negociación en la OEA

Pablo Ximénez de Sandoval
El secretario de Estado de EE UU, John Kerry, junto al mandatario guatemalteco, Otto Pérez Molina.
El secretario de Estado de EE UU, John Kerry, junto al mandatario guatemalteco, Otto Pérez Molina. Saul Martínez (EFE)

La ambición del Gobierno de Guatemala de aprovechar la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Antigua para plantear abiertamente el debate sobre la despenalización de las drogas estuvo clara desde que, en el primer borrador de declaración conjunta que intentó proponer, aparecía expresamente la idea de acabar con la persecución de algunas sustancias. Poco a poco, a lo largo de semanas de tira y afloja, el texto se ha ido rebajando en la negociación multilateral. Fuentes diplomáticas aseguran que seguirá siendo importante como avance, pero Guatemala aspira ahora a que ese avance sea simplemente abrir un debate que estaba cerrado.

El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, lanzó a principios de 2012 el debate público de cambiar la estrategia de enfrentamiento contra las drogas por un enfoque centrado en la prevención. No llegó a concretar la despenalización, pero ha aparecido implícita en su discurso desde entonces. Esta Asamblea es la oportunidad de buscar un consenso que, al menos, recoja el guante de ese debate. Solo la sugerencia de que debe cambiarse el enfoque penal sobre las drogas será considerada un éxito.

El martes por la noche, el presidente de Guatemala dijo en su discurso inaugural que Guatemala, como otros países de Centroamérica, se ve obligada a detraer dinero de necesarias políticas sociales para dedicarlo a la lucha contra el narcotráfico. Esa disyuntiva está en el origen de su propuesta. “Creo firmemente en la necesidad de analizar los resultados de las actuales políticas en materia de drogas y explorar nuevos enfoques que nos permitan ser más efectivos”, dijo Pérez.

“Esta asamblea está siendo seguida por el mundo entero por atreverse a buscar un cambio de paradigma, que la protección de los derechos humanos sea el centro del debate en la lucha contra las drogas”, añadió Pérez. “Hoy sois testigos de la primera página de un nuevo capítulo en la agenda hemisférica de la estrategia sobre drogas”. El verdadero objetivo del debate, dijo Pérez, presidente de uno de los países más violentos del mundo, es la reducción de la violencia.

Por su parte, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo que “el carácter histórico de esta asamblea es que inicia un debate que antes no se podía realizar. Acaba con un tabú de décadas. Hoy legitimamos ese debate, de forma transparente”, dijo Insulza, que reconoció al presidente Pérez Molina el impulso dado. Insulza esperó que el debate dé lugar a “un enfoque de salud pública” y ayude a “la reducción de la violencia del narcotráfico”. Pero también pidió prudencia y “un debate ordenado”.

A la jornada principal de la Asamblea, este miércoles, se llegará con un texto prácticamente cerrado en el que faltan por pulir dos cuestiones que incomodan a Estados Unidos, explican fuentes de dos delegaciones. El primero es que la mayoría de países, con Guatemala a la cabeza, pretendían que tras la declaración de esta reunión se siguiera debatiendo en un grupo de alto nivel, de cancilleres o incluso presidentes. Estados Unidos rechaza esta idea y quiere que cualquier cambio se enmarque en el CICAD, órgano dependiente de la OEA para el control de drogas.

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En otro punto, Guatemala, con el consenso de 14 países, pretendía que la OEA se comprometiera a incorporar el componente de los derechos humanos a la estrategia antidrogas de todo el continente, algo que no parece con posibilidades de prosperar. Por último, tampoco hay consenso sobre un punto en el que se pedía que se prestara atención a las políticas de despenalización del consumo que ya están en marcha, como en Uruguay.

La solución a estos puntos está en manos de los ministros de Exteriores, que establecerán en esta asamblea dos diálogos a puerta cerrada. Para el secretario de Estado de EE UU, John Kerry, que llegó este martes pasadas las cinco de la tarde a Antigua, esta es su primera cumbre latinoamericana. La presencia de Kerry ha sido interpretada por Guatemala como reveladora de la importancia que le da a su propuesta. France Presse aseguró este martes, citando una fuente diplomática estadounidense, que Kerry tendrá un breve encuentro con su homólogo de Venezuela, Elías Jaua.

La Asamblea de la OEA en Antigua arrancó sin embargo entre peticiones de todo tipo de organizaciones para avanzar de forma más o menos radical en la despenalización de las drogas. La propuesta más relevante vino de Human Rights Watch, que abogó en una rueda de prensa por la mañana en Antigua por el fin de la persecución criminal del consumo privado de todo tipo de drogas. “El costo en derechos humanos de la guerra contra las drogas es enorme”, dijo el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco. “Es insensato seguir persistiendo en el error”.

Guatemala quiso aprovechar ese ambiente favorable. Durante la mañana, el ministro de Exteriores, Fernando Carrera, compareció en rueda de prensa arropado por media docena de organizaciones, todas a favor de la despenalización. “Son las organizaciones de la sociedad civil las que han llevado el liderazgo [en el debate], antes que cualquier Gobierno”, dijo Carrera. Junto a él, Pablo Cymerman, de la ONG argentina Intercambios, se quejó de que la propuesta de Guatemala estaba siendo “licuada” en la negociación, y pidió que volviera al texto la parte en la que se pedía expresamente “la regulación de ciertos mercados”.

Todas estas organizaciones suscribieron una carta abierta a los Gobiernos de la OEA representados en la Asamblea de contenido muy parecido al argumentario de Guatemala. El modelo “prohibicionista ha servido para ampliar las brechas sociales, las inequidades económicas, las diferencias políticas y las asimetrías internacionales”, dice la carta.

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Sobre la firma

Pablo Ximénez de Sandoval
Es editorialista de la sección de Opinión. Trabaja en EL PAÍS desde el año 2000 y ha desarrollado su carrera en Nacional e Internacional. En 2014, inauguró la corresponsalía en Los Ángeles, California, que ocupó hasta diciembre de 2020. Es de Madrid y es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense.

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