Los 49 niños muertos que evidencian el peor ejemplo de impunidad en México

Cuando Adriana Villegas llegó al hospital se encontró a un niño envuelto en vendas. Reconoció a Héctor, de tres años, por el perfil de la cara y por la punta de los dedos. Alrededor de la camilla había otras tres familias que desesperadas se aferraban a la esperanza de que ese pequeño fuera el suyo. Habían pasado ya cuatro horas desde que el fuego había convertido en un infierno la guardería ABC de Hermosillo, en el norteño Estado de Sonora. El peregrinaje de hospital en hospital buscando supervivientes y el caos confundían a los padres, que en un acto de fe trataban de convencerse a sí mismos, y a los demás, de que el niño envuelto en gasas no podía ser otro más que el suyo. “Lo siento, pero es mi hijo”, se impuso Villegas.

Este miércoles se cumplen cuatro años de la mayor tragedia infantil que se recuerda en México. El 5 de junio de 2009 a las dos y media de la tarde un incendio en un almacén contiguo alquilado por el Gobierno de Sonora se extendió a la guardería cuando unos 150 niños dormían la siesta. El centro formaba parte de la red de guarderías públicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desde 2001, pero no tenía ni el mínimo sistema de seguridad. No sonó la alarma de incendios, de las paredes no colgaban extintores y las dos puertas de emergencia estaban selladas. El saldo es hoy una de las mayores bofetadas a los mexicanos y su sistema de justicia: 49 niños muertos, 75 heridos, algunos con secuelas graves, y cero culpables.

El aspecto exterior de almacén pintado de colores contrastaba con el interior de la guardería. “Se veía tan bonita... La carpa que cubría el techo encantaba a los niños. Era roja, azul, verde y amarilla. Parecía un circo”, recuerda Villegas. Estético, pero fatal. El plástico de polietileno resultó altamente inflamable devorando con rapidez la estancia donde estaban los pequeños al cuidado de 50 adultos. “Antes de morir Andrés yo trabajaba como químico biólogo y hacía mi trabajo de la mejor forma, por eso confié en que las personas que cuidaban a mi hijo hacían lo propio. En una pared había un simulacro para evacuar la guardería en menos de tres minutos, pero desgraciadamente solo era un papel”, cuenta José Francisco García, que desde que perdió a su hijo exige justicia desde la organización Movimiento 5 de junio.

El caso está empantanado en manos de un juez federal aún lejos de dictar sentencia. El abogado de parte de los padres Lorenzo Ramos Félix asegura que la Procuraduría General de la República (PGR) – fiscalía- “jamás ha investigado el caso, lo que hizo fue colgarse de las averiguaciones de la fiscalía de Sonora, que en su día ni siquiera aseguró la escena del crimen”. El procurador Jesús Murillo Karam ordenó este lunes “revisar” las investigaciones que hizo la fiscalía en su momento, pero los padres ya no se lo creen. “Ellos pueden decir muchas cosas para desviar la atención, pero la realidad es que no existe búsqueda de justicia. Están esperando que pase el tiempo”, dice el abogado.

Los jueces que llevaron el caso eludieron inculpar a funcionarios de alto rango ni federal ni estatal. Ni a los directores del IMSS, que otorgaron y fueron renovando la licencia de funcionamiento, ni a quienes desde el gobierno local o estatal permitían que la guardería operase sin cumplir los requisitos de seguridad mínimos, ni a los dueños de la guardería. De hecho, una de las socias, Marcia Matilde Altagracia Gómez, fue exonerada por un juez de toda responsabilidad en 2011. Se trata de la prima de la entonces primera dama Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón.

“Hubo un total control de daños por parte de la PGR, que se dedicó a agarrar como chivos expiatorios a funcionarios de muy bajo nivel. El mensaje que queda es que para librarse hay que ser un funcionario de alto rango o tener parentesco con alguno”, dice la abogada Araceli Olivos, de la organización Centro Prodh. Actualmente hay 27 personas procesadas, todas en libertad provisional. Solo seis llegaron a entrar en prisión durante unos meses hasta que reunieron el dinero suficiente para pagar la fianza.

La justicia camina aún más lenta que la recuperación de los supervivientes que sufrieron graves quemaduras. El pequeño Héctor llevaba unas zapatillas de Spiderman con una luz roja el día del incendio. Eso llamó la atención de Julio César, un chico de 16 años que fue uno de los primeros en entrar a la guardería para rescatar niños. Héctor tenía el 60% del cuerpo quemado y al día siguiente del incendio fue trasladado al hospital Shriners, en Sacramento (EE UU). El centro estadounidense ha sufragado las 16 intervenciones que lleva, que le hicieron pasar los dos primeros años tras el incendio lejos de su casa. El niño, que está en terapia psicológica, a veces no quiere hablar de las cicatrices que atraviesan todo su cuerpo, pero su madre quiere estar preparada. “Yo lo que quiero es que el día de mañana cuando pregunte, pueda decirle que alguien pagó por lo que le hicieron”.

Estos cuatro años no han sido fáciles para las víctimas, pero a la espera de que llegue la justicia la vida parece volver a acomodarse. Héctor, con mucho cuidado de que no le dé el sol, ha vuelto el colegio. En casa del pequeño Andrés, que quería ser ingeniero piloto y tener un hermanito, todos los planes se paralizaron aquel 5 de junio. Ahora sus padres esperan un hijo para el próximo mes de julio. La vida sigue, pero nadie renuncia a que se haga justicia. Si no es en México será en la Comisión Interamericana de Derechos, hacia donde podría dirigirse el caso si el circo judicial resulta tan letal como la carpa de colores que tanto gustaba a los niños.