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El Gobierno griego ordena el cierre fulminante de la televisión pública

La radiotelevisión pública (ERT) del país ha dejado de emitir poco antes de la medianoche

El Ejecutivo promete crear un nuevo organismo "con mucho menos personal"

Una manifestante, en una marcha contra la austeridad en Atenas del pasado día 8. AFP

Los aficionados al baloncesto, que en Grecia son legión, se van a quedar sin ver la tercera final entre el Olympiakós y el Panazinaikós, los dos gigantes del basket patrio, que se disputa este miércoles. El cierre de la Radiotelevisión Griega (ERT) ha convertido momentáneamente al país en el único de la Unión Europea sin televisión pública. Los planes del Gobierno, que tras una jornada de insistentes rumores comunicó oficialmente esta tarde el cierre inmediato del organismo —dejó de emitir poco antes de la medianoche—, consisten en mantener cerrada teóricamente tres meses la empresa, que ahora tiene cerca de 2.700 empleados, mientras se acomete un plan de reestructuración que jibarice considerablemente la plantilla (fuentes próximas al Gobierno estiman que el nuevo staff puede quedar finalmente reducido a unas 700 personas).

Los futuros despedidos de la ERT son parte de la cuota exigida por la troika a Atenas: el pacto con los acreedores internacionales implica despedir a 2.000 funcionarios o empleados públicos hasta finales de julio; un total de 15.000 hasta finales del año próximo.

Entre evidentes referencias a la corrupción y el desgobierno del organismo, el portavoz del Gobierno, Simos Kedikoglu, calificó la ERT como “un caso único de opacidad y despilfarro inconcebible”. “Y eso se acaba hoy. El Gobierno ha decidido cerrar ERT. En su lugar se creará una radiotelevisión moderna que estará operativa tan pronto como sea posible”, añadió Kedikoglu. Y con una plantilla más reducida, subrayó. Mientras se cree el nuevo ente público, los ciudadanos quedarán exentos del canon que vienen pagando mensualmente, contribución que, según el portavoz del Gobierno, se reducirá sensiblemente en el futuro.

Según fuentes del Ejecutivo citadas por el diario Eleftherotypia, ERT supone a los griegos un coste de unos 300 millones de euros al año que los ciudadanos pagan a través del recibo de electricidad, mientras que el tamaño de la plantilla cuadruplica los estándares correspondientes al número de espectadores y oyentes de que disfruta. La hegemonía de las cadenas privadas ha arrinconado en las preferencias de la población a la televisión pública, que opera tres canales (el segundo, como en el caso de la española o la portuguesa, de corte cultural), más los de radio y el internacional. Los últimos datos de audiencia, correspondientes a la semana pasada, arrojan un resultado conjunto del 13,4% de share, muy por debajo de las grandes cadenas privadas.

Los últimos datos de audiencia, de la semana pasada, arrojan un resultado conjunto del 13,4% de share, muy por debajo de las grandes cadenas privadas

Los planes de liquidación de la televisión pública se aceleraron vertiginosamente ayer. Un decreto legislativo sancionado por el presidente del país permite a cualquier titular del Gobierno cerrar entidades públicas obviando al Parlamento; la ley fue aprobada por todos los ministros del Gabinete menos cuatro, dos de ellos designados por el socialista Pasok y los otros dos por Izquierda Democrática (Dimar), los socios de la coalición de gobierno que preside el conservador Andonis Samarás. Tanto Pasok como Dimar, al igual que Syriza, principal fuerza de oposición, han solicitado a Samarás el mantenimiento de la ERT como servicio público, y, en el caso de Syriza, una gestión similar a la de la británica BBC. Solo los ministros de Nueva Democracia, el partido que lidera el jefe del Gobierno, votaron a favor del texto. El partido neonazi Aurora Dorada ha apoyado la decisión de Samarás, mientras que el líder de Syriza, Alexis Tsipras, la ha calificado de "golpe de Estado".

Este nuevo desencuentro político se suma al rosario de disensiones entre los miembros del tripartito; la última de ellas, y puede que más enconada, sus irreconciliables diferencias sobre el proyecto de ley contra el racismo. El decreto de cierre de entidades públicas debe ser interpretado en el contexto de la campaña privatizadora que la troika exige a Atenas y que, con el recentísimo fiasco de la venta frustrada de la empresa pública de gas natural (DEPA, en sus siglas griegas) al gigante ruso Gazprom, ha sufrido un serio contratiempo. Los planes privatizadores acumulan más de un año de retraso, pese a la venta del organismo de loterías del Estado hace unos meses.

Los empleados de la ERT se han encerrado en las instalaciones del organismo público, en el edificio denominado Radiomégaro, y amenazan con seguir emitiendo las 24 horas. Los trabajadores de otras cadenas de radio y televisión aprobaron de inmediato una huelga de seis horas, en la que no emitirán ni siquiera noticias, en solidaridad con sus colegas. Con 75 años de historia a sus espaldas, el organismo público echó a andar en 1938 con una emisión de radio.

 

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