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LA CRISIS GRIEGA

Samarás asegura que no habrá elecciones anticipadas en Grecia

El abandono de un partido deja al Ejecutivo de socialistas y conservadores con una precaria mayoría en el Parlamento

Los manifestantes se concentran frente a la sede de ERT el 19 de junio.
Los manifestantes se concentran frente a la sede de ERT el 19 de junio. AFP

En un discurso televisado a la nación, al filo de la medianoche del jueves, el primer ministro griego, el conservador Andonis Samarás, mostró su determinación a evitar la convocatoria de elecciones anticipadas tras la espantada del socio menor del tripartito, Izquierda Democrática (Dimar, en sus siglas griegas), que este viernes ha anunciado la retirada de sus cuatro ministros y secretarios de Estado del Ejecutivo. El anuncio de Samarás es sobre el papel la única certeza en un mar de conjeturas y dudas, muchas de las cuales se gestaban desde que el 11 de junio, unilateralmente, ordenara el cierre por sorpresa la radiotelevisión pública (ERT). Los trabajadores del ente han recibido este viernes la orden de desalojar la sede.

El desacuerdo entre los tres partidos sobre esta clausura ha precipitado una crisis de Gobierno cantada –la coalición ya estaba erosionada por otras cuestiones, como la controvertida ley antirracismo- que ahora remendarán, precariamente, los dos partidos supervivientes, los conservadores de Nueva Democracia (ND, 125 escaños) y los socialistas del Pasok (28). Entre ambos suman en el Parlamento una mayoría mínima de 153 diputados (de 300).

Dimar deshojó la margarita en una reunión conjunta de su comité ejecutivo y el grupo parlamentario (14 diputados). Tras varias horas de espera, su líder, Fotis Kuvelis, anunció finalmente la retirada de sus miembros del Gabinete, entre ellos los dos ministros claves: el titular de Justicia, Andonis Rupakiotis, que diseñó la ley antirracismo, y, muy especialmente, el de la Reforma Administrativa, Andonis Manitakis, una cartera sobre la que pivota la reforma del sector público exigida por la troika. Dimar, sin embargo, ha dejado en el aire si mantiene su apoyo parlamentario al Gobierno, incluso ante una hipotética moción de confianza a Samarás.

El rifirrafe político estalló en la noche del jueves, al abandonar con cajas destempladas el líder de Dimar la tercera reunión gubernamental sobre la ERT. “El fiasco del restablecimiento de la señal de la ERT [ordenado el lunes por el Consejo de Estado y desoído por Samarás] es inaceptable. No estamos hablando sólo de una televisión, estamos hablando básicamente de democracia”, dijo Kuvelis tras la reunión. Samarás responsabilizó indirectamente a Kuvelis del fracaso de las negociaciones: “Ayer [por el miércoles] había un acuerdo para restablecer la señal televisiva. Habríamos contratado al personal necesario para operar las tres frecuencias [de la ERT]. Sobre esto trataba la reunión de esta noche [del jueves], pero Kuvelis se volvió atrás y volvió a pedir que se reabra la ERT como estaba, es decir, con demasiados trabajadores”.

Según fuentes próximas al Ejecutivo, Samarás había propuesto a sus socios la contratación de entre 30 y 800 empleados con contratos de dos meses para operar el organismo público de forma temporal, hasta que se cree el nuevo (NERIT, Nueva Radio, Internet y Televisión de Grecia). El adelgazamiento del sector público está también en el meollo de la actual crisis: Atenas debe presentar una lista con 2.000 despidos o bajas de funcionarios antes de que termine julio. La plantilla de ERT era de 2.656 empleados.

El tercero en discordia, el líder socialista Evánguelos Venizelos, que a su vez ha solicitado la recontratación de 2.000 trabajadores de la cadena –músicos de la orquesta y coro de la ERT incluidos-, recitó tras la reunión el memorial de agravios que viene enfrentando desde hace meses a los miembros del Gobierno (con mención especial al proyecto de ley antirracista que sacó adelante el ministro de Justicia dimisionario, y que Samarás acabó torpedeando), pero subrayó la necesidad de estabilidad política para cumplir con los compromisos adquiridos con la troika.

Inmerso en una jornada crítica, marcada también por las cifras negativas de la Bolsa, el Gobierno apenas sí pudo saborear una aceptablemente buena noticia para su plan de privatizaciones: el principio de acuerdo para vender el 66% del capital de DESFA, la empresa pública distribuidora de gas natural, al fondo azerí Socar, que pretende así incrementar su volumen de mercado en el país heleno desde el 17% actual. Según algunas fuentes, el precio de venta, poco más de 400 millones de euros, supone únicamente un tercio del demandado inicialmente.