Una protesta de estudiantes en Brasilia el 20 de junio. / Evaristo SA (AFP)

El Día Nacional de Luchas, como lo han denominado los organizadores, consiste en la cuarta huelga general en la historia de Brasil desde su independencia, hace 190 años. La última ocurrió hace 22 años y fue en contra del presidente Fernando Collor de Mello, que acabó renunciando al cargo. A los sindicatos se unirán los Trabajadores Sin Tierra (MST, en portugués), el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) y la Unión Nacional de Estudiantes (UNE).

Si en las últimas semanas las avenidas y las plazas del país fueron tomadas por un millón de personas que se declaraban “sin partidos, sin líderes y sin banderas”, esta vez son los sindicatos y los movimientos sociales organizados, algunos de ellos identificados con el Gobierno, los que han decidido ocupar la calle.

En los últimos 10 años tanto los sindicatos como el movimiento estudiantil han estado cercanos al Gobierno, sobre todo desde que llegó al poder el exsindicalista Luiz Inácio Lula da Silva en 2003. Hoy, sin embargo, los que han organizado la manifestación nacional llegan divididos excepto por algunas reivindicaciones laborales, como la jornada de 40 horas, más dinero para sanidad y educación, mayor calidad en el transporte público y la siempre aplazada reforma agraria.

¿La gran manifestación nacional será contra el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff o a su favor? No hay consenso. El Partido de los Trabajadores pretende aprovechar la movilización, que abarca a 20 de los 27 estados del país, para apoyar las reformas propuestas por Rousseff para ir al encuentro de las exigencias de la protesta callejera de hace unas semanas. Por otro lado, el sindicato opositor Fuerza Sindical ha amenazado —por boca de su líder, Paulo Pereira da Silva— con sacar las pancartas de “¡Fuera Dilma!”.

El martes la presidenta fue abucheada en la reunión de alcaldes de todo el país que se reunieron en Brasilia para pedir mayores recursos financieros para los municipios. Fuerza Sindical pedirá durante las manifestaciones la salida del ministro de Economía, Guido Mántega y la reducción de la inflación, “que se come el salario de los trabajadores”, afirma Pereira. Unos 600.000 funcionarios públicos del Ejecutivo y del mundo judicial ya se han adherido al paro propuesto por los sindicatos.

El posible enfrentamiento entre los sindicatos afines al gobierno y la oposición, y entre las centrales sindicales y el Partido de los Trabajadores o los Sin Tierra, preocupa al Gobierno. La presidenta se reunió en secreto en Brasilia con el expresidente y mítico exsindicalista Lula da Silva, según ha informado Folha de São Paulo.

Lula había permanecido ausente todo este tiempo, dando conferencias en algunos países de África, y ha preferido mantenerse en silencio para no crear problemas a Rousseff, acosada por las manifestaciones.

Sin embargo, según las informaciones de la prensa, Lula pidió a la presidenta cambios, sobre todo en su política económica, además de un mayor diálogo entre el Gobierno y el Congreso, algo que se ha deteriorado visiblemente a raíz del debate en torno a la respuesta a las voces de la calle. El Congreso, por ejemplo, rechazó la propuesta de Rousseff de un plebiscito popular sobre la reforma política que ella había propuesto para sosegar las protestas.

Otra de las incógnitas es cómo los sin partido, que durante el último mes fueron los protagonistas sociales y políticos del país, recibirán esta paralización, ya que la huelga general fue planteada, en parte, por grupos oficialistas que buscan una manifestación de fuerza y que, de algún modo, también quieren recoger la bandera de las reivindicaciones de las protestas de hace unas semanas, que exigían mejoras de vida y que se manifiestaban abiertamente contra las instituciones políticas. Un último sondeo revela que el 81% de los brasileños considera corruptos a “todos los partidos”.

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