“Snowden puede tener más suerte que otros perseguidos”

Si Edward Snowden recibe el estatus de refugiado en Rusia será “mucho más afortunado que otros extranjeros necesitados de protección, que son rechazados por las autoridades rusas y en los que nadie se fija”, en opinión de Svetlana Gánnushkina, presidenta de Ayuda Ciudadana, una ONG dedicada a asistir a los emigrantes y perseguidos que llegan a Rusia.

 “El asilo político propiamente dicho es una prerrogativa del jefe del Estado y, que yo recuerde, solo se ha concedido una sola vez, y fue a Ayaz Mutalíbov”, dice Gánnushkina, por teléfono desde Moscú, refiriéndose al primer presidente de Azerbayán, a quien los órganos de seguridad de su país intentaron secuestrar mientras vivía en la capital rusa. Tras un largo periodo de ausencia, Mutalíbov renunció a toda actividad política y regresó finalmente a Azerbayán en 2012. El “asilo político” está reglamentado por un decreto del presidente Borís Yeltsin que data de 1997 y según el cual el solicitante de asilo político tiene siete días de plazo desde su llegada a Rusia para dirigir su solicitud al Ministerio del Interior.

Snowden podría intentar acogerse a la categoría de “refugiado”, estatus que el norteamericano podría conseguir en un plazo de seis meses a partir de la fecha de solicitud, señala Gánnushkina. En este caso, la petición debe ser efectuada al Servicio Federal de Emigración, que tendría tres meses para decidir. Si la respuesta fuera negativa, Snowden podría apelar y su situación debería ser resuelta en otros tres meses. Pero si lo que solicita Snowden es “asilo temporal”, entonces estaría pidiendo que le aplicaran una categoría que se concede por “razones humanitarias” a personas que huyen de conflictos que ponen en peligro su vida, como la guerra civil de Siria, por ejemplo. Este asilo, que se otorga por un año, no implica que el solicitante esté “personalmente” perseguido y puede concederse a aquellos que podrían aspirar al estatus de refugiado, pero no quieren hacerlo, explica Gánnushkina.

En todo caso, “darle o no darle el estatus de refugiado a Snowden dependerá de si le resulta beneficioso o no a Rusia,”. Las autoridades rusas no se prodigan precisamente a la hora de aceptar “refugiados”. La activista calcula que quienes son aceptados como tales suponen entre un 3% y un 10% del total de solicitantes. A mediados de 2013 en Rusia hay 740 personas con ese estatus, señala la activista, según la cual, esta es “una cifra insignificante si se compara con 2.000 refugiados de Suiza, los 12.000 de la India y un millón en EE UU”. La mayoría de “refugiados” en Rusia son de origen afgano, y hay también un contingente menor de personas procedentes de Georgia.

Las puertas de Rusia estuvieron mucho más abiertas en el pasado, según muestran las estadísticas del SFE. En 1997 residían en el país más de 239.300 refugiados, pero en 1998, esta cifra se había reducido a 128.000. En 1999, eran ya 79.000, y en el año 2000, el primero de la presidencia de Vladímir Putin, el número de refugiados se contrajo hasta 26.000, de los cuales la mayoría venía de conflictos en el Cáucaso. En 2004 el total de refugiados era de 614, y desde entonces, la cifra más alta ha sido de 826 refugiados en 2012. En ese año, los acogidos al asilo temporal sumaban casi 3.000 personas.

Por su trabajo, Gánnushkina ha tratado muchos casos de personas que las autoridades de Rusia han rechazado como “refugiados”. En función de su propia experiencia, la activista dice haber conocido las siguientes categorías en las “que nadie se fija”: Mujeres de países musulmanes que huyen de la violencia de género y de maridos que las han comprado como esposas; Afganos pertenecientes a las estructuras de poder apoyadas por la Unión Soviética, entre ellos los que lucharon en la guerra civil;  Niños huérfanos que han venido de países como Pakistán o Irak y que no tienen adonde volver;  Víctimas de conflictos en África, perseguidos políticos en países como Uzbekistán y Corea del Norte y  coptos de Egipto.

Cree Gánnushkina que el caso Snowden es importante para reflexionar sobre el control social sobre los órganos de seguridad y sobre la necesidad de que las prácticas de los servicios se ajusten a las ley. “Es posible que en una época de lucha contra el terrorismo sea necesario someter a la población a una vigilancia total. Pero entonces, esta situación debe ser legalizada y los ciudadanos deben saber que los servicios tienen ese derecho”, afirma.