Santos reconoce la responsabilidad del Estado en el conflicto armado

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha reconocido este jueves ante magistrados de la Corte Constitucional de este país que el Estado ha sido responsable de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario relacionadas con el conflicto armado.

“En algunos casos por omisión, en otros casos por acción directa de algunos agentes del Estado”, ha dicho el mandatario en medio de una audiencia pública convocada por la Corte para discutir el polémico Marco Jurídico para la Paz, aprobado por el Congreso en junio de 2012, una reforma constitucional que establece una serie de instrumentos jurídicos de justicia transicional. Sus defensores, entre los que están el Gobierno, el Fiscal General y la Corte Suprema, lo consideran fundamental para el futuro del proceso de paz con las FARC y para que termine el conflicto. Para sus opositores, sin embargo, abre la puerta a la impunidad.

Santos aprovechó que en la sala de audiencias estaban reunidos académicos, altos funcionarios de los diferentes poderes, defensores de derechos humanos y representantes de víctimas para reconocer que la responsabilidad de Estado en el conflicto es aún mayor si se compara con los otros actores. “Nuestra función como agentes del Estado es garantizar y proteger los derechos de todos los ciudadanos. Por esa razón, tanto mayor es nuestra responsabilidad”, dijo.

Este reconocimiento lo hizo, además, acogiendo una recomendación del Centro Nacional de Memoria Histórica, que el pasado miércoles le entregó un revelador informe donde se explican los orígenes de la guerra colombiana y la degradación que ha sufrido durante 50 años.

El informe reveló que las dimensiones del conflicto armado son de tal magnitud que la cifra de muertos se calcula en 220.000 entre 1958 y 2012, con el agravante de que casi 180.000 son civiles. Para Memoria Histórica –que en el informe hace 30 recomendaciones para hacer el tránsito hacia la paz– uno de los grandes desafíos es empezar a asumir las responsabilidades y por eso propusieron que fuera el presidente quien tomara la delantera.

Santos reconoció que empezar a conocer la verdad de lo que ha pasado es un paso valioso que prueba que Colombia puede reconstruir y asumir su pasado. “Debemos reconocer que tocamos fondo y que la guerra se deshumanizó y nos deshumanizó”. Durante la audiencia también hizo un llamado a que los miembros de las FARC y del ELN –las dos guerrillas colombianas–, así como los paramilitares desmovilizados, se hagan cargo también de su parte de responsabilidad.

Para Santos, al contrario de lo que dicen quienes están en contra de la reforma, no se abren espacios a la impunidad, “sino que se satisfacen de la manera más amplia posible los derechos de las víctimas de un conflicto tan prolongado”. También defendió que la reforma se concentre en investigar y juzgar a los máximos responsables de delitos cometidos durante el conflicto, ya que resulta imposible hacerlo con todos.

Se sumaron a la defensa el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, quien aclaró que en La Habana “no se están negociando los derechos de las víctimas”, así como el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, quien insistió en que de lo que se trata es de defender a las víctimas. El Fiscal General, Eduardo Montealegre, que también está en el grupo de los defensores, aseguró que el Marco Jurídico para la Paz cumple “con los principios constitucionales del derecho fundamental a la paz y el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación”.

En la otra orilla está el Procurador General, Alejandro Ordóñez, quien se ha convertido en el principal opositor de esta iniciativa y que ha insistido en que los tratados internacionales establecen que todos los crímenes de lesa humanidad y de guerra deben ser investigados. Por eso para Ordóñez, el Marco Jurídico para la Paz va en contra de los convenios internacionales y del derecho a la justicia que tienen las víctimas.

La Corte Constitucional se pronunciará en agosto sobre una demanda que busca que se declare inconstitucional el Marco Jurídico para la Paz.